Desigualdad y crisis de la democracia en América Latina

La persistente desigualdad que caracteriza a América Latina es un desafío ético de por sí, pero en un contexto de crisis de la democracia como en el que nos encontramos hoy, adquiere un carácter aún más grave y apremiante, pues dificulta la estabilidad democrática en la región. En la situación actual, donde un 53% de los latinoamericanos está de acuerdo con que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas (de acuerdo con el Latinobarómetro 2024), la amenaza del auge de autoritarismos resulta acuciante, y nos convoca a abordar con urgencia los principales problemas de nuestras democracias, entre los cuales destaca el de la desigualdad, por su persistencia histórica y sus causas e impactos multidimensionales.

En sociedades altamente desiguales donde la mayoría de las personas posee menos recursos, cabría esperar que un sistema democrático -al representar los intereses de esta mayoría- se traduzca en más medidas redistributivas proclives a disminuir la desigualdad imperante, al ser esta la voluntad de aquella mayoría que vive con pocos recursos. Pero en la práctica, este no ha sido el caso en América Latina, donde desigualdad y democracia han convivido por un largo tiempo.

En Latinoamérica la desigualdad ha ido generando una brecha que va más allá de la dimensión económica, y afecta a los derechos ciudadanos (sociales, civiles y políticos), que en teoría poseen todos por igual, pero que en la práctica sólo algunos logran ejercer. Esta falta de concordancia entre lo prometido y lo realmente entregado impacta negativamente sobre la confianza y legitimidad de la democracia. Uno de los principios clave para la confianza en los gobiernos, y otras instituciones que se erigen como pilares de la democracia, es el mostrarse capaz de cumplir con lo ofrecido, y, en este sentido las instituciones básicas de la democracia están al debe. Así, no es de extrañar que estas posean los menores niveles de confianza a lo largo de la región de acuerdo con el Latinobarómetro más reciente: partidos (17%), congreso (24%), poder judicial (28%) y gobierno (31%). Esta crisis de confianza en las instituciones democráticas es muy seria pues hace que las personas dejen de cooperar con el Estado, lo que genera dificultades a la hora de diseñar e implementar políticas públicas, agravando la insatisfacción ciudadana.

En suma, a grandes rasgos la desigualdad impacta negativamente sobre el acceso a los derechos ciudadanos prometidos por la democracia, generando problemas de confianza y legitimidad en las instituciones básicas de esta. Sin embargo, si queremos ir un paso más allá, y evaluar posibles vías de acción ante este escenario, hay que prestar atención a elementos un poco más específicos, pero que juegan un rol vital en este asunto.

Por un lado, hay que observar la falta de capacidades de los Estados latinoamericanos, pues esta dificulta que los gobiernos implementen políticas públicas exitosas, lo que explica en parte el déficit de políticas redistributivas en la región, así como la insatisfacción ciudadana con el accionar estatal. Y, por otro lado, hay que prestar atención a la falta de voluntad redistributiva de las élites en la región, pues dado el trazado histórico de la desigualdad en América Latina, estas poseen vastos recursos de poder para mantener su posición de privilegios actual, haciendo más resiliente la desigualdad, y desvirtuando el principio de “la voluntad de la mayoría” de la democracia.

Así, contando tanto con una visión amplia del problema, como con una más específica, es posible evaluar algunas vías de acción. En primer lugar, para mejorar el accionar estatal se podría reforzar la implementación de indicadores de cumplimiento de políticas públicas, para, en base a los resultados de estos, llevar a cabo ajustes periódicos de las políticas y programas en ejecución. En segundo lugar, por su potencial para mejorar el proceso de diseño de las políticas públicas, y para aumentar la confianza como efecto de una mayor inclusión, es que se podrían aumentar y perfeccionar las instancias de participación ciudadana en políticas y programas para generar una efectiva inclusión de las observaciones de la ciudadanía. Por último, convendría implementar un programa de formación cívica de la mano de educación sobre los beneficios de la redistribución y una mayor igualdad. Este programa debiera ser transversal a todos los estratos sociales, de manera de propiciar una transformación positiva en el discurso de las nuevas élites latinoamericanas y de la sociedad en su conjunto. 

Estos son algunos caminos viables para abordar la problemática relación entre crisis democrática y desigualdad en la región, más están lejos de ser suficientes o de ser los únicos posibles. En ese sentido, la invitación es a reflexionar, dialogar, escuchar, y proponer; para avanzar hacia la reducción de la desigualdad, aumento de la confianza, y mejor calidad de nuestras democracias.