Libertad a rienda sujeta: apuntes sobre un posible triunfo de la ultraderecha

El avance global de la ultraderecha no es un fenómeno aislado. Además de Estados Unidos, países de Europa y América Latina, como Italia, Francia, Alemania, El Salvador, Brasil y Argentina entre otros, han experimentado el surgimiento de coaliciones cada vez más duras en lo económico y lo social. Sus líderes coordinan estrategias, financiamiento y un discurso conservador, articulando redes regionales con claros puntos de contacto y alianzas. En ese contexto, un triunfo de la ultraderecha en Chile fortalecería un bloque regional conservador, facilitando la circulación de prácticas y modelos restrictivos en materia de derechos y democracia.

El dilema de la seguridad y el crecimiento ha servido de justificación para propuestas de “mano dura” que no dudan en desafiar garantías democráticas, como la autonomía del Poder Judicial, el uso de estados de sitio y la reivindicación de figuras dictatoriales. A pesar de la profunda crisis que actualmente atraviesa el sistema judicial chileno—con episodios de corrupción, tráfico de influencias y pérdida de confianza pública—esto no puede justificar la pérdida de autonomía ni la subordinación de este poder a la agenda de ningún gobierno. Aunque el sistema requiere reformas valientes y transparentes para recuperar legitimidad, su independencia sigue siendo una necesaria barrera de protección frente a posibles excesos autoritarios. Si la institución judicial pierde autonomía, desaparece un principal contrapeso democrático ante el abuso de poder, poniendo en mayor riesgo los derechos fundamentales y el Estado de Derecho.

José Antonio Kast sostiene públicamente desde hace años que el aborto, incluso en las tres causales, es “un asesinato” y no un derecho humano. En el Congreso ha votado sistemáticamente contra toda ampliación de derechos sexuales y reproductivos, desde la PAE hasta iniciativas LGBTI+. En su programa presidencial de 2021 propuso eliminar el Ministerio de la Mujer, derogar la Ley 21.030 y retroceder incluso en acceso a anticoncepción. Su discurso, que califica el aborto como “promoción de muerte”, se alinea con las acciones que él mismo ha impulsado, como liderar el recurso para retirar la PAE, pese a que la anticoncepción de emergencia es una recomendación internacional para proteger derechos básicos.

A esto se suma que el acceso a la ley vigente ya es limitado: la causal de riesgo vital enfrenta alta objeción de conciencia y la causal de violación registra bajos ingresos por los estrechos plazos y el temor de las víctimas a la revictimización. Estas restricciones, combinadas con el discurso y las propuestas de Kast y el Partido Republicano, configuran un escenario de retrocesos graves para los derechos humanos de mujeres y niñas.

Con la historia reciente y los datos sobre la mesa, surge una pregunta central para la próxima segunda vuelta: ¿cómo proteger los límites democráticos? Con la ultraderecha consolidando alianzas con la derecha tradicional, existe un riesgo real de que ésta termine subordinada a sus posturas más radicales, desplazando el centro democrático y abriendo espacio a tendencias autoritarias.

En Chile ya lo hemos visto: el voto femenino y joven fue decisivo para derrotar a Kast en la segunda vuelta presidencial anterior y en el rechazo al texto constitucional impulsado por la derecha radical. Ese mismo electorado puede volver a inclinar la balanza si reconoce el impacto que esta agenda tendría sobre derechos adquiridos y libertades fundamentales. Los derechos sexuales y reproductivos, hoy más amenazados que nunca, necesitan un liderazgo que los defienda sin cálculos ni retrocesos.

En este momento crítico, el voto de las mujeres vuelve a ser determinante. Ya demostramos que podemos frenar proyectos que ponen en riesgo nuestras libertades. Hoy, más que nunca, necesitamos mantenernos informadas, unidas y activas para resguardar el futuro democrático que merecemos.

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