Corrupción, crimen organizado y compliance

No es una sorpresa para la ciudadanía que la corrupción y el crimen organizado han penetrado nuestras instituciones públicas, contexto en el cual las Fuerzas Armadas no han sido la excepción.

Así, en junio de 2025 el OS-7 de Carabineros desbarató una banda dedicada a internar droga al país para trasladarla hasta la región Metropolitana desde la Región de Tarapacá. Los involucrados eran seis exfuncionarios del Ejército y un civil chileno. En el procedimiento se incautaron 192 kilos de cocaína y pasta base, todo avaluado en $40 millones.

En el mismo mes de junio de este año se supo que exfuncionarios de la FACH fueron formalizados ante el Tribunal de Garantía de Iquique por transportar drogas –específicamente ketamina– después de un tira y afloja con la Fiscalía de Aviación, que se negaba a entregar antecedentes al Ministerio Público, debido a que alegaba que la causa era de competencia de la justicia militar.

Mucho antes, se descubrió que una organización criminal operó por más de una década al interior de Carabineros de Chile, desviando más de 28 mil millones de pesos desde cuentas institucionales relacionados a un presunto mal uso de gastos reservados por altos mandos de la institución.

Otro caso, esta vez de mal uso de gastos reservados, ocurrió con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), donde el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable al exdirector de la institución, Héctor Espinosa, por malversación de fondos, falsificación de documentos y lavado de activos, solicitando el Ministerio Público 20 años de prisión para el exalto cargo de la PDI. Entre 2015 y 2017 Espinosa habría sustraído 146 millones de fondos reservados para su uso personal. Y, así podemos citar muchos casos preocupantes.

¿Cómo hemos llegado a esto?

Sin duda que los casos aquí expuestos son de gravedad, pero para el abogado penalista Francisco Cox, con amplia trayectoria en crimen organizado, quien ha investigado cómo este se introduce en las instituciones del Estado, lo sucedido con la banda del Ejército y los exfuncionarios de la FAC era esperable, ya que ambos casos ocurren en la frontera, que es donde se produce el mayor contacto criminógeno, según dijo al Diario Financiero.

Para Cox es necesario que las instituciones armadas, incluyendo a Carabineros, realicen un levantamiento de riesgos para controlar y evitar que sus funcionarios se pasen al otro bando. Indica que fue un error llevar a las FFAA a la frontera sin fiscalización y controles mínimos, puesto que el riesgo de cooptación por el crimen organizado es alto en las fronteras. La preparación y el pensamiento estratégico de las Fuerzas Armadas hacen riesgoso ponerlos en las fronteras, debido a que las expone al crimen organizado. Es lo que ha sucedido en otros países y, para Cox, estamos cometiendo los mismos errores de México.

Por su parte, entre 2022 y 2024 el incremento del crimen organizado fue más del 30%, presentando las zonas del norte –Tarapacá y Arica– las mayores tasas de incidencia, a diferencia de las regiones del sur que tiene niveles más bajos, según el señala el informe de septiembre de 2025 del Indicador Nacional de Crimen Organizado en Chile.

¿Por qué nos debe preocupar?

Porque la crisis de seguridad que vivimos, la corrupción y el crimen organizado no se resuelven en un día,  tampoco en cuatro años de gobierno -del color político que sea– y menos con frases de matinales como “mano dura”, “se acabó la fiesta”, “militarizar o dinamitar la frontera”, etc., y otras declaraciones vacías, pero enormemente seductoras para la ciudadanía que teme por su seguridad.

Se trata de un trabajo de años que requiere consenso entre los distintos actores relevantes. Así, si se pide el apoyo de los militares antes se deberán diagnosticar los riesgos y proponer resguardos y controles, elaborar protocolos con responsables y roles definidos, tales como quién, cómo y cuándo fiscalizarán la implementación de dichos protocolos, de manera que los funcionarios tengan las reglas claras, se evite la militarización excesiva y permanente de las fronteras y la ciudadanía tenga la garantía que no se validará la violencia como respuesta a aquella que proviene de las bandas criminales. Además, se tendrá que evaluar permanentemente el grado de cooptación del crimen organizado en las instituciones armadas.

¿Y dónde entre el compliance aquí?

Muchos de los elementos mencionados anteriormente son, en esencia, la aplicación de un sistema de gestión de riesgos o sistema de compliance a nivel macro, es decir, a nivel de país y su gobernanza. Este sistema implica:

• Diagnosticar y levantar riesgos. Se debe comenzar por diagnosticar los riesgos a los que se enfrentan las instituciones y realizar un levantamiento de riesgos para hacer frente a estos fenómenos con seriedad.
• Proponer controles y protocolos. Es necesario proponer resguardos y controles, y elaborar protocolos con responsables y roles definidos.
• Fiscalización y evaluación continua. Se debe definir quién, cómo y cuándo fiscalizará la implementación de dichos protocolos, además de evaluar permanentemente el grado de cooptación del crimen organizado en las instituciones armadas.

¿Qué sucede en otras jurisdicciones?

Las FFAA de Estados Unidos –y otras fuerzas occidentales– aplican metodologías de Gestión Integral de Riesgos (ORM), que se basan en estándares internacionales como COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway).

Aunque inicialmente se enfoca en el riesgo de la misión –estratégico, táctico y operacional– utiliza un proceso sistemático que es fundamental para el compliance:

a) Identificación de riesgos, incluyendo factores económicos, sociales y estructurales, además de los operacionales

b) Evaluación detallada de la probabilidad y el nivel de peligro y sus consecuencias y

c) Tratamiento/mitigación de amenazas mediante medidas preventivas y planes de acción.

Por su parte, organizaciones internacionales como la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) promueven la Reforma y Cooperación en el Sector de la Seguridad y la Buena Gobernanza como  parte esencial de la estabilidad basada en el principio de legalidad. En países como España todas las actuaciones de las Fuerzas Armadas están sometidas a la ley y al derecho y se establece una línea base de cumplimiento obligatorio y sujeción a la juridicidad.

Estos ejemplos demuestran que, si bien la naturaleza reservada y operativa de las FFAA puede dificultar la transparencia, existen herramientas estandarizadas y aplicables que permiten identificar, evaluar y mitigar los riesgos de cooptación y corrupción, transformando el concepto de compliance en una herramienta útil y estratégica de seguridad nacional.

Por esta razón, a diferencia del compliance exigido a las empresas públicas y privadas, el sistema a nivel país requiere una deliberación amplia de las autoridades, de la sociedad civil, y especialmente de los integrantes de las instituciones armadas. El objetivo es establecer una estrategia, identificar los nudos críticos y fortalecer las labores de inteligencia para evitar que la corrupción y el crimen organizado sigan penetrando lentamente los tejidos de la sociedad.