Un país que vota más, pero confía menos

Las últimas elecciones dejaron una imagen paradójica: Chile vota como nunca, pero confía poco en quienes lo representan. Con participación histórica, cercana al voto universal efectivo, el país mostró un compromiso masivo con las urnas. Sin embargo, casi uno de cada cinco sufragios en la elección de diputados fue nulo o blanco. Es un dato decisivo: no es apatía, es un “estoy aquí, pero nada de lo que veo me convence”.

El nuevo Congreso refleja esa tensión. No hay mayorías claras ni para la derecha ni para el oficialismo. En la Cámara, la derecha suma una primera fuerza importante pero insuficiente; el oficialismo sigue siendo el bloque más cohesionado, aunque sin números para imponer agenda. En el medio, el Partido de la Gente se convierte en bisagra, capaz de inclinar la balanza hacia un lado u otro en cada votación relevante.

En el Senado el cuadro no es muy distinto: correlación apretada, sin cheques en blanco. Gobierne quien gobierne, la próxima administración tendrá que asumir un dato básico de realidad: se acabaron los tiempos de las mayorías cómodas. El país optó por un equilibrio inestable que obliga a negociar, ceder y construir acuerdos sobre contenidos, no solo sobre cargos.

A la vez, se consolidan tres grandes polos. Una derecha amplia, que suma más de la mitad de los votos presidenciales, pero fragmentada entre tradiciones distintas. Un oficialismo grande, diverso, que aún disputa su propio relato. Y un espacio anti-sistema blando, encarnado en Parisi y el PDG, que canaliza el malestar de jóvenes y sectores precarizados que no se sienten parte de ninguna de las dos orillas.

Ese malestar tiene razones concretas: sueldos insuficientes, arriendos impagables, transporte caro y precario, servicios públicos que no siempre responden, una sensación persistente de abuso y privilegios. Si la política responde a eso solo con discursos identitarios o con peleas internas, cede el terreno a quienes ofrecen soluciones fáciles o a quienes invitan derechamente a “castigar” el sistema marcando nulo o votando por outsiders permanentes.

Para las fuerzas progresistas, el desafío es doble. Por un lado, defender derechos y democracia en un contexto de giro conservador. Por otro, hacerse cargo de la seguridad económica de las mayorías: empleo, vivienda, transporte, cuidados, barrios donde valga la pena vivir. Eso exige combinar ambición de cambio con seriedad fiscal, audacia con capacidad de gestión.

El mensaje de las urnas es claro: la ciudadanía no pidió menos política, pidió mejor política. Si los partidos están a la altura, este Congreso fragmentado puede ser el punto de partida de un nuevo pacto social; si no, será el escenario donde se profundice la desconfianza que hoy ya se expresó, con fuerza, en los votos que no encontraron opción a la cual pertenecer.