Los desafíos democráticos que dejan estas elecciones

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 nos sitúan ante decisiones significativas para Chile, no sólo por quién encabezará el próximo gobierno, sino también por las orientaciones que asumirán las políticas públicas en materia de seguridad, bienestar y derechos. Este proceso eleccionario puede leerse desde distintas perspectivas; una de ellas es observar la forma en que el Estado responderá a las demandas de protección, desarrollo y equidad. En otras palabras, se trata de comprender qué rumbo tomará la acción estatal frente a un país que exige protección efectiva, estabilidad democrática y condiciones de vida más justas. En este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿dónde quedamos las mujeres, que seguimos enfrentando brechas estructurales y persistentes en autonomía, libertad, participación y acceso a una vida libre de violencias?

Junto al resultado presidencial, la composición del Congreso es un elemento central para comprender el escenario político que enfrentará el país. En la Cámara de Diputadas y Diputados, solo un 38% de los escaños será ocupado por mujeres; en el Senado, las mujeres alcanzan apenas el 30%. Persisten distritos sin ninguna mujer electa y otros donde más del 80% de los escaños quedó en manos de hombres. Estos datos muestran un estancamiento significativo respecto al principio de paridad, que no solo es un mecanismo de equilibrio electoral, sino una expresión concreta de la calidad democrática: la capacidad de representar a un país diverso y de tomar decisiones desde experiencias y trayectorias distintas. Cuando esa representación disminuye, también se reduce el horizonte común que podemos construir como sociedad. 

Sin embargo, ni el debate público ni la propia elección han estado centrados en este eje —los derechos humanos de las mujeres y su representación democrática—, sino en dos temas que han definido la discusión política reciente: la seguridad y la economía. Es indispensable examinar estos dos ejes con atención, porque de ellos depende en buena medida la posibilidad de que las mujeres vivan sin violencia, ejerzan autonomía económica y participen plenamente en la vida del país.

En materia de seguridad, las propuestas siguen centrándose en una mirada punitiva que equipara control del delito con protección. Pero esa aproximación deja fuera las violencias que ocurren en el ámbito privado, donde se registran los mayores riesgos para mujeres y niñas. Frente a esa lógica, urge reivindicar una concepción de seguridad, centrada en la prevención, la protección efectiva, la acción territorial y la reducción de las desigualdades que amplifican la vulnerabilidad.

En el plano económico, persisten brechas estructurales: menores salarios, mayor precariedad laboral y una carga desproporcionada de cuidados que limita la autonomía e inhibe la participación política y social. Ambos factores —la inseguridad cotidiana y la desigualdad económica— condicionan profundamente el ejercicio de derechos y afectan directamente la calidad de la democracia.

Por eso, la decisión del 16 de diciembre no se reduce a elegir una autoridad, sino a definir qué prioridades colectivas queremos impulsar en los próximos años. Si avanzamos hacia políticas que fortalezcan instituciones, garanticen derechos y aborden las desigualdades estructurales, estaremos contribuyendo a un futuro democrático más inclusivo, más justo y más seguro. En definitiva, lo que está en juego no es solo la administración del Estado, sino el tipo de democracia que queremos sostener: una que retroceda en derechos o una que avance hacia la igualdad y la dignidad para todas las personas.