Preocupante infiltración del crimen organizado en Fuerzas Armadas y la urgencia de ponerle atajo

En Chile, la creciente amenaza del crimen organizado ha puesto en evidencia las debilidades estructurales de nuestras instituciones armadas y de seguridad. Un fenómeno que, si bien no es nuevo en el ámbito internacional, está cobrando una dimensión preocupante en nuestro país, afectando tanto a las Fuerzas Armadas como también a las policías, comprometiendo así sus capacidades y, con ello, las capacidades del Estado para defender la legalidad y proteger a la ciudadanía.

El crimen organizado no solo se nutre de la violencia y el tráfico de drogas (y otros delitos graves), sino que ha aprendido a infiltrar y corromper a las instituciones encargadas de velar por la seguridad. Las Fuerzas Armadas, que por su naturaleza deben proteger las fronteras y actuar en zonas estratégicas (de conformidad a la Constitución y las leyes, como en las denominadas macrozonas Sur y Norte), están siendo corrompidas y utilizadas por el narcotráfico y otros grupos criminales, ya sea para transportar ilícitos o simplemente para cerrar los ojos ante sus actividades (movimiento de drogas o contrabando de madera, cobre o pesca, por ejemplo). Casos alarmantes son los recientemente reportados por el Ejército y la FACH, en que personal de esas instituciones fueron sorprendidos transportando drogas y otros bienes ilícitos.

Las Fuerzas Armadas tienen armas y personal entrenado, dos aspectos que interesan particularmente al crimen organizado.

Esta situación de corrupción también se extiende a Carabineros, la PDI, jueces, fiscales y otros funcionarios públicos que pueden actuar como facilitadores de la impunidad de los integrantes de estas mafias violentas y corruptoras.

Lo que está sucediendo en Chile es un reflejo de lo que ha ocurrido en países como México, donde el crimen organizado ha logrado infiltrar las instituciones del Estado mediante una combinación de poder económico y corrupción. En este contexto, es esencial entender que sueldos más altos a los funcionarios no son la solución única y definitiva a este problema. Aunque una mejora salarial puede ayudar, no es suficiente cuando el crimen organizado tiene recursos ilimitados y la capacidad de ejercer presión sobre los individuos a través de métodos como la extorsión a policías, fiscales o jueces, o la amenaza a sus familias.

La solución a este problema pasa también por fortalecer a las unidades de inteligencia y contrainteligencia, y dotar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de capacidades operativas que le permitan detectar y neutralizar la infiltración criminal. También es esencial utilizar tecnología avanzada, como satélites y drones, para monitorear las actividades ilícitas en tiempo real y rastrear el movimiento de los criminales. Asimismo, es fundamental contar con unidades o departamentos especializadas en asuntos internos (contrainteligencia al interior de los propios cuerpos armados) que puedan vigilar, con rigurosidad, desde dentro, a los miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo a sus familiares y contactos personales. Agreguemos la necesidad de rotar al personal que está destinado a lugares complejos y por donde pasa la droga, evitando así que los funcionarios sean capturados por las organizaciones criminales.

Sin embargo, estas medidas no serán suficientes sin una verdadera voluntad política y una cooperación entre todas las instituciones involucradas. La situación que enfrentamos hoy no solo es un desafío para las Fuerzas Armadas, sino también para el sistema judicial en su conjunto, incluido el Ministerio Público y las policías, que deben actuar con firmeza, pulcritud y decisión para lograr que los responsables de la corrupción y el crimen organizado sean procesados y sancionados adecuadamente, protegiendo así la institucionalidad del país.

En definitiva, la lucha contra el crimen organizado en Chile debe ser integral y multidimensional. No se trata solo de mejorar los salarios o incrementar la dotación de personal en las fuerzas de seguridad, sino de implementar un sistema de inteligencia robusto, con tecnologías avanzadas y mecanismos de control interno estrictos, que permita desmantelar las redes de corrupción y tráfico que han echado raíces en el país. Sin ello, la amenaza a la institucionalidad chilena seguirá creciendo, y con ello, la inseguridad y el caos que cada vez afectan más a nuestra sociedad.