El Pleno del máximo tribunal se interiorizó del plan de contingencia que se podría aplicar en caso que el Centro de Justicia de Santiago no esté terminado el próximo 16 de junio. Mientras que algunos ministros esperan que los plazos se cumplan según el cronograma, otros advierten que ‘es un hecho que eso no sucederá’.
Un soterrado enfrentamiento entre los miembros de la Corte Suprema se ha dejado traslucir en las dos últimas sesiones del Pleno del máximo tribunal, en las que se han recibido informes respecto al estado de avance en la construcción del Centro de Justicia de Santiago y el plan de contingencia que se adoptará ante la posibilidad de que los edificios -que albergarán a los Juzgados de Garantía- no estén listos el próximo 16 de junio.
El máximo tribunal destinó parte de sus reuniones del pasado viernes y de ayer, lunes, a interiorizarse del desarrollo de estas obras, a través de sendas exposiciones del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Miguel Sánchez Brito.
El funcionario también informó sobre las posibilidades de hacer funcionar la Reforma Procesal Penal, aún cuando los recintos necesarios para su puesta en marcha no estén terminados en la fecha en que por ley debe entrar a operar en la Región Metropolitana.
Según distintas versiones recopiladas por El Mostrador.cl, existe una clara división entre los supremos más independientes y los alineados con el oficialismo a la hora de opinar sobre la situación por la que atraviesa la puesta en marcha del nuevo sistema penal en Santiago.
Uno de los integrantes del alto tribunal afirmó que de las exposiciones se desprende que "no hay ninguna condición normal para el adecuado funcionamiento de los tribunales de Garantía, eso ya está constatado, por lo cual se debería reconocer el tema y postergar la reforma en a lo menos dos meses. Ese plazo permitiría que los locales estén equipados para enfrentar los requerimientos de la población".
Sin embargo, otro miembro de la Corte Suprema manifestó su confianza en que la infraestructura estará lista en los plazos requeridos, por lo cual "por ningún motivo se podría poner en duda el cumplimiento de los plazos legales que regulan la entrada en vigencia" del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal.
¿Intervención pública?
El primero de los magistrados consultados proyectó una situación bastante caótica sobre el edificio que se construye en los ex terrenos de Famae. «Las condiciones son muy desfavorables. Hasta ahora no tienen alcantarillado, ni agua, ni luz; entonces, ¿cómo creen que los tribunales pueden funcionar en ese estado?", se cuestionó.
El ministro se manifestó incómodo respecto a que el Poder Judicial no intervenga en este tema de una forma abierta y pública, lo que da pie a todas las versiones en "off" que han circulado en los últimos días. "Se dice que políticamente no es adecuado, que hay compromisos legales, etcétera, pero creo que debería haber autoridades dignas y responsables de sus cargos y aceptar que la reforma se debe aplazar", afirmó.
A su juicio, la postura del Poder Ejecutivo es que el nuevo sistema entre a operar sí o sí, para no asumir costos políticos en un año electoral, pese a que de los diez pisos que tiene el primero de los edificios -destinados a Garantía-, se entregarán sólo seis niveles, ya que se traspasarán a la CAPJ desde el segundo al séptimo.
Plan de contingencia
La propuesta emanada de la CAPJ se basa en instalar los tribunales de Garantía en los pisos que sean entregados por el Ministerio de Obras Públicas, trabajando en un tiempo récord para adecuarlos a las necesidades tecnológicas y alojamiento, en general, para que puedan operar.
Asimismo, se propuso la posibilidad que el Poder Judicial supla la falta de espacio mediante el arriendo de algún inmueble que pueda cumplir con las características necesarias para albergar a los mencionados juzgados.
Sin embargo, uno de los magistrados consultados advirtió que "la alternativa de arrendar es imposible, ya que no hay ningún edificio en Santiago que permita funcionar en una forma adecuada a los tribunales de Garantía. Además, ya no tenemos el tiempo suficiente para iniciar remodelaciones y amueblar otro espacio a tres meses de que se cumpla el plazo".
Carpita en el Parque O’Higgins
El alto magistrado incluso ironizó frente a la férrea decisión del Gobierno de no dilatar el plazo de inicio del nuevo sistema penal en Santiago, señalando que «está empeñado en que la reforma entre, ahora ¿dónde funcionará? (…) Podríamos proponer instalar una carpita en el Parque O´Higgins para instalar los tribunales".
Al respecto, recordó que al momento que la CAPJ recepciona una obra, debe revisar que las condiciones de infraestructura y seguridad sean las necesarias. Esta revisión incluso puede significar que parte de la obra gruesa deba reconstruirse, como ocurrió con el edificio de la Corte de Apelaciones de Talca, el cual debió ser completamente modificado.
A su juicio, la responsabilidad que las obras fueran entregadas en los plazos originales -que sería a fines de este mes, es directamente de los ministerios de Justicia y de Obras Públicas. "Hubo tiempo suficiente, se dijo que los recursos económicos ya estaban reservados, pero al final todo falló", recalcó.
Pese a todos estos argumentos, otro supremo manifestó su confianza en que las obras serán entregadas en los tiempos adecuados para que la CAPJ habilite adecuadamente los tribunales. «Lo que pasa es que los chilenos siempre somos catastróficos, pensamos que los compromisos no se van a cumplir, pero creo que es demasiado apresurado plantear que la reforma se debe aplazar por este motivo», sostuvo.
Informe del MOP
Pese a los intentos, este medio no pudo obtener un pronunciamiento oficial del Ministerio de Justicia. Sin embargo, una fuente de la repartición explicó que en la próxima reunión de la Comisión Coordinadora de la Reforma Procesal Penal el MOP debe dar una fecha definitiva para la entrega de estas obras.
«Está pendiente ese informe. Ahora, la decisión del Ejecutivo es no aplazar la entrada en vigencia del nuevo sistema", indicó, al precisar que la edificación ha sufrido retrasos por razones imprevistas, como la muerte de un obrero, el hallazgo de osamentas humanas en los terrenos y por la imposibilidad de trabajar por la noche, debido a razones de seguridad.
La mencionada instancia -integrada por representantes de la cartera de Justicia, de la Corte Suprema, del ministerio Público, de la Defensoría y del Colegio de Abogados- no pudo sesionar ayer, lunes, por problemas de incompatibilidad de agendas. En todo caso, esta semana se tiene previsto que se llevará a cabo el encuentro.
«Lo importante es que las actores están capacitados y que eso es lo primordial para implementar la reforma», comentó la fuente gubernamental, asegurando que en caso que la infraestructura no esté lista el próximo 16 de junio, los recursos para arrendar y habilitar otro local deberían ser asumidos por el Ejecutivo.
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