Profesionales del área calificaron como »un escándalo» que sólo dos empresas de letrados hayan ganado el 80 por ciento de las causas que en promedio se tramitarán en el marco de la nueva reforma procesal penal. Defensoría Penal Metropolitana niega tajantemente cualquier tipo de irregularidades.
Como un "escándalo" calificaron algunos abogados el proceso de licitación de la Defensoría Penal Pública , cuyo resultado fue adjudicar a dos empresas de juristas el 80 por ciento de las causas que en promedio se tramitarán en la Región Metropolitana, en el marco del nuevo proceso penal que comenzará a regir el próximo 16 de junio.
El pasado viernes, este organismo dio a conocer los resultados del concurso público -que se llevó a cabo en Santiago- para escoger a las entidades que recibirán recursos fiscales para patrocinar a los posibles imputados de delitos en el marco de este nuevo sistema.
Sin embargo, las críticas de aquellos que quedaron fuera de las selecciones, realizadas por las Defensorías Sur y Norte de la capital, no se hicieron esperar, ya que consideran que en la elección pesaron más las consideraciones económicas y políticas para escoger a las empresas que trabajarán para el Estado.
Al respecto, el defensor metropolitano de la zona sur, Eduardo Sepúlveda Crerar, en conversación con El Mostrador.cl, negó que ese tipo de acusaciones tengan un asidero real, asegurando que en este proceso no hubo consideraciones ni políticas, ni de amistad, para elegir a los oferentes.
Una gran convocatoria
A esta licitación se presentaron 123 sociedades anónimas, con un total de 450 abogados, las que fueron sometidas a evaluaciones tanto de la calidad de sus integrantes -como la aprobación de cursos y postgrados de habilitación para la Reforma Procesal Penal-, como por los valores propuestos para tramitar cada causa.
De esa primera cifra, 90 equipos jurídicos pasaron la evaluación técnica y luego fueron seleccionados económicamente por los precios ofrecidos, los que oscilaron entre los $64 mil 650 (Zona 1 Sur Santiago) y los $88 mil 443 (Zona 6 Sur de Talagante). En tanto, Las defensas licitadas corresponden a 12 zonas norte y sur de la Región Metropolitana.
De esta forma, sólo 9 fueron las entidades ganadoras, de las cuales sólo dos agrupan el 80 por ciento de todos los casos criminales que, según se proyecta, pueden abrirse en un año en la capital del país. Esta cifra alcanza a 103 mil 760 procesos, de un total 127 mil 873.
Los ganadores
Las dos empresas más beneficiadas son Defensa Jurídico Penal S.A. (con un 48 por ciento) y Defensores Penales Metropolitanos S.A. (con un 32 por ciento).
La primera empresa está ligada a la Universidad Miguel de Cervantes, cuyo presidente es el ex diputado DC Gutemberg Martínez, mientras que su representante legal es el ex ministro de Aylwin, Francisco Cumplido. En tanto, la segunda está conformada por otras cuatro, entre las cuales figura una a nombre del ingeniero Ángel Vargas Parga, condenado por la internación de 500 kilos de cocaína y quien luego fue indultado en 1995 por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en una cuestionada medida..
En tanto, las siete sociedades restantes litigarán un promedio de 24.113 investigaciones judiciales. Estas empresas son ‘Abogados González, Núñez y Pino Ltda.’, ‘Defensa Penal y Servicios Jurídicos Ltda.’, ‘Piddo, Ossandón, Montiglio y Cía S.A.’, ‘Giadalah y Rojas Wallis S.A.’, ‘Asesorías e Inversiones Jurídicas y Comerciales Gómez Ltda.’, ‘Guzmán, Retamal y Suárez Abogados Ltda. y ‘Sociedad de Asesoría Jurídica Decap y Vallejos Ltda.’
Los valores ofrecidos por estos equipos jurídicos oscilaron entre los 61.732 pesos y los 88.443 pesos, por cada causa en trámite.
Las suspicacias
Consultado al respecto, el abogado que se hizo conocido por defender al llamado psicópata de La Dehesa -a petición de la Capellanía de Gendarmería-, Carlos Quezada, consideró que "los vínculos de la Universidad Miguel de Cervantes con personajes ligados a la Concertación van a generar suspicacias respecto a este proceso, ya que no se privilegió el tema de la calidad, sino sólo el tema económico y político".
Asimismo, cuestionó la viabilidad de que "una sola empresa se haga cargo de todas las causas que tendrá que tramitar, ni tampoco si tendrán la infraestructura adecuada para responder la demanda de servicios", añadiendo que fue un error haber elegido por los más barato, ya que el factor de la experiencia de los abogados es también importante para lograr una buena defensa.
"Desgraciadamente, para la configuración del sistema lo ideal sería un monopolio, por la facilidad de controlar la calidad de las prestaciones. Pero, al menos, en esta primera etapa, se debió optar por una diversidad de oferentes para poder evaluar el desempeño de distintos estudios", manifestó al comentar la eventualidad que una sola empresa termine asumiendo todos estos procesos.
"Lo mejor que podría hacer la Defensoría sería transparentar quienes eran todas las personas jurídicas que participaron. Si influyó o no las vinculaciones políticas no lo podría asegurar, pero sí el prestigio de los personajes involucrados. Hay que recordar que los dueños de la Miguel de Cervantes son Alex Caroca, Luis Ortiz Quiroga y Gutemberg Martínez", agregó.
El escándalo
En tanto, el abogado Samuel Donoso -que también se presentó a la licitación- expresó su profundo malestar con todo el proceso. "Me parece escandaloso, no comparto que los servicios de la Defensoría Penal se entreguen a una especie de monopolio", enfatizó.
En su opinión, las personas que necesitan contratar a un abogado lo hace primeramente por la calidad del profesional y luego por las consideraciones de precio. Por esto, opinó que no fue lo más idóneo haber privilegiado el tema económico por sobre el nivel que tendrá este servicio.
"Cuando postulamos tuvimos la intención, fundamentalmente, de entrenarnos en las nuevas herramientas de la Reforma Procesal Penal, por eso ofrecimos un precio muy bajo, del orden de los 80.000 pesos, lo cual nos dejaba un margen casi nulo de utilidades. Por eso, no sé cómo con 60.000 pesos se va a financiar ese servicio", añadió.
Por otra parte, el jurista indicó que abogados de gran prestigio postularon a este concurso, como el conocido criminalísta Jorge Bofill, que llevó la defensa de la diputada Pía Guzmán en el caso Spiniak. "Entonces, hay que imaginar que se perdió la posibilidad de que penalistas de ese nivel hayan litigado para la defensoría, a un precio tan mínimo como los planteados", explicó.
Por último, Donoso sostuvo que, a su juicio, la Defensoría debió haber adjudicado mucho menos casos a distintos estudios, aunque eso implicara un mayor trabajo administrativo, pero hubiera dado la posibilidad de tener muchos abogados prestigiosos, tomando menos causas. "La ciudadanía es la que pagará las consecuencias", concluyó.
‘No hay tal concentración’
Consultado al respecto, el defensor metropolitano de la zona sur, Eduardo Sepúlveda, aseguró que en la adjudicación de estos servicios no se produjo una concentración, ya que en el caso del territorio a su cargo -que se dividió en siete zonas-, cinco empresas fueron escogidas para llevar defensas.
"Sí nosotros hacemos un recuento completo de todo el conjunto de causas, implica una mayor diversificación, sólo alcanza al 50 por ciento de todas las causas -del área sur- la que licitamos a este tipo de empresa (Defensa Jurídico Penal S.A.). Nosotros tuvimos competencia en cada una de las zonas y ellos, por precio, tuvieron un mejor resultado", argumentó al indicar que -a su juicio- lo preocupante hubiese sido que sólo una entidad hubiera ganado toda la licitación.
"Estamos tranquilos, conscientes y conformes y estamos agradecidos que hayan participado tantos abogados y tantos grupos en este proceso de licitación", dijo.
Respecto a las eventuales suspicacias en torno a que los vínculos políticos de los dueños de la U. Miguel de Cervantes pesaron para tomar la decisión, enfatizó que "descarto total y absolutamente una situación de esta naturaleza. Los factores que se tomaron en consideración están en los informes que se han emitido y, luego de haber pasado la etapa de evaluación técnica, las decisiones fueron adoptadas en torno al precio".
En ese sentido, Sepúlveda precisó que fueron varias las casas de estudios superiores que postularon a la licitación e incluso el Fundación de Ayuda Social a las Iglesias Cristianas (Fasic). "Estas sospechas que puedan existir no son más que críticas que se hacen sin fundamento alguno. Además, soy un abogado que provengo del mundo del libre ejercicio y nadie se hubiera prestado para una situación de esta naturaleza", concluyó.
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