Recriminaciones entre ambientalistas marcan la reapertura de Celulosa Arauco

Como un balde de agua fría cayeron las declaraciones del director del Instituto de Ecología Política (IEP), Manuel Baquedano, en el movimiento ciudadano Acción por los Cisnes, luego que éste se manifestara proclive a la reapertura de la planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución (Celco), provocando de inmediato una fisura entre ambas instituciones.



El instituto propone establecer un «Punto de Equilibrio Operacional Ecológico» como condición central "para que se respete la capacidad de carga del humedal y la posibilidad de recuperación del ecosistema ante la incertidumbre que genera la sustitución del sulfato de aluminio por otras alternativas aún no ensayadas a gran escala en esta planta, como pretende hacer la empresa Arauco".



Para José Araya, uno de los voceros de Acción por los Cisnes, "lo que ellos hicieron fue legitimar a lo menos dos cosas que nos parecen horribles que están pasando. La primera es que todas las propuestas técnicas que se han tirado sobre la mesa, no tienen ninguna base científica".



"Los estudios de la U. Austral y de la Convención Ramsar, demostraron que no existe una línea de base del santuarios, es decir no existe una base para decir esto es mejor que otra cosa. Y lo segundo, es que su postura termina avalando las soluciones al margen de la legislación ambiental", sostuvo.



El dirigente enfatizó que los ciudadanos organizados de Valdivia están porque la planta se someta nuevamente a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por lo que no existen dos posiciones al respecto. Pese a que el miércoles, el gobierno dio su visto bueno a la reapertura programada de su planta.



"Está claro que después de un año de funcionamiento de la planta, se ha logrado demostrar que es distinta a la que se proyectó inicialmente. Además no ha respetado las normas ambientales y sobrepasó los requerimientos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) inicial", añadió Araya.



Terram: "No hay que cortarse las venas"



Sobre la polémica, el director ejecutivo de Fundación Terram, Rodrigo Pizarro, dijo que las divisiones eran parte del proceso normal de maduración de las organizaciones en los distintos países del mundo, las cuales se reflejan claramente en posturas más y menos dialogantes.



"Hay una postura más critica, menos dialogante, que tiende a movilizar a la ciudadanía para ejercer presión sobre los actores, y otro grupo de organizaciones que son más dialogantes, que pretenden generar puentes y vínculos entre el Estado, la empresa y las organizaciones civiles. Incluso entiendo que al interior de Acción por los Cisnes existen estas dos características", afirmó el directivo.



A Pizarro ambas posturas les parecen totalmente legitimas. Sin embargo, cuestiona el sobredimensionamiento y la descalificación de las estrategias mutuas que cada una de las organizaciones tiene para enfrentar el conflicto.



"Porque lo que ha ocurrido en el caso Celco, es que las organizaciones están cortándose las venas por aparecer en este tema, ya que es muy atractivo desde el punto de vista comunicacional…En consecuencia, cuando ocurre esta sobreexposición de parte de las organizaciones tiende a haber poca claridad respecto de visiones más estratégicas de largo plazo".



Terram, al igual que el IEP, está por la reapertura de la planta Valdivia de Celco, pero pide que sea sustentable en el tiempo. Es decir, que se recupere el santuario, que exista una actividad económica razonable "pero no nos estemos cortando las venas por una cosa que es prácticamente ineludible".



IEP: Valdivia vela por sus intereses



A su turno, Manuel Baquedano explicó que su "respaldo" a la reapertura, es siempre y cuando durante los primeros 180 días de puesta en marcha la industria respete los nuevos parámetros que le fijó la Corema, ya que actualmente puede producir durante esa cantidad de días sin respetarlos necesariamente.



Lo anterior se debe a que dicho organismo regional, sólo puso como condición que se respetara la nueva normativa, en caso que la empresa quiera producir el 100% de sus 550 mil toneladas de celulosa. En caso contrario, puede seguir produciendo sin problemas, pero con un tope de un 80%, mientras no presente una solución al problema.



"Es decir, que la meta que ellos se han fijado sea la meta de inicio de la planta, de manera que sea la producción la que se vaya ajustando a éstas. Este hecho la va a obligar a un cambio tecnológico si quiere seguir produciendo. Estamos a favor de ello a partir de una reanudación condicionada", sostuvo Baquedano.



De todas formas, para el IEP el actual escenario es el propicio para que el conflicto se dilate unos tres años más.



"Ante esa eventual situación, de que la empresa, con este plan siguiera vertiendo hacia el río Cruces o tirándolos al mar, la comunidad de Valdivia va a dejar sola a los mapuches y a los indígenas (de la costa), porque entre elegir que se contamine el santuario versus el mar…Bueno, por eso pensamos que la empresa pueda orientar su solución hacía un proceso, que nosotros llamamos de producción limpia, cerrado o ecológico", señaló.



Finalmente, Baquedano adelantó, que la próxima semana sostendrá una reunión con altos ejecutivos de Celco para presentar su propuesta de «equilibrio operacional ecológico».