Dueños de bienes raíces denuncian supuesta red de clonación de propiedades

Al menos dos millonarias demandas de indemnización de perjuicios han sido presentadas recientemente contra el Conservador de Bienes Raíces de Santiago por personas que dicen haber sido víctimas de una red ilegal de estafadores, que se dedicaría a "clonar" registros de propiedades; ilícitos que se desarrollarían, necesariamente, con el apoyo y la complicidad de funcionarios que se desempeñan al interior de dicha repartición.



Estos hechos están siendo investigados por el 3° Juzgado del Crimen de Santiago, tribunal ante el cual se interpuso una querella criminal contra quienes resulten responsables por los delitos de estafa y falsificación de instrumento público.



Según los antecedentes recopilados por este medio, las indagaciones realizadas por dicha magistratura han permitido identificar a lo menos a siete redes de estafadores que se dedicarían a falsear las inscripciones de bienes inmuebles en el citado servicio, con el fin de obtener créditos bancarios, mostrando solvencia a través de la posesión de patrimonio inmobiliario. Sin embargo, en la causa aún no existen procesados.



La primera demanda



Durante el último trimestre de 2005, el abogado Jesús Vincent Vásquez interpuso una demanda civil por indemnización de perjuicios contra el Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Santiago, exigiendo un monto de $ 500 millones, con el objeto de resarcir los daños morales, daños emergentes y lucro cesante, a raíz de las faltas que habría cometido el organismo respecto de las funciones legales para las que fue creado.



La acción judicial también se dirige contra el representante del Conservador de Bienes Raíces, Luis Maldonado Croquevielle, quien tiene a su cargo el Registro de Propiedad y Comercio; Edmundo Rojas García, del Registro de Hipotecas; y Kamel Saquel Zaror, del Registro de Interdicción y Prohibición. Todos están acusados de actuar con negligencia y descuido en la guardia y custodia de los documentos que les han sido confiados por ley.



El profesional, relata en la presentación, es dueño desde el 15 de febrero de 1973 de dos sitios ubicados en el parque residencial Manquehue, Lo Curro, los que le fueron vendidos por Eugenio Guellona Rivera por 120 mil escudos. Este propietario, a su vez, era dueño de dichos loteos mediante un título traslaticio de dominio (por tradición), mediante la escritura de compraventa fechada el 15 de julio de 1932, suscrita con Absalón Valencia.



Según asevera, la última de las inscripciones de los terrenos figura a su nombre, a fojas n° 15.752 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1975. Esa condición quedaría demostrada en cuanto a que él fue quien hizo las gestiones para que dichos loteos contaran con agua potable y electricidad, además de haber cancelado por más de 30 años las contribuciones.



Sin embargo, durante 2005, Jesús Vincent constató que alguien inscribió paralelamente esos sitios a su nombre. Se trata de Juan Luis Coz Cruzat, quien según la inscripción que corre a fojas 13.038, n° 14.188, y la que figura a fojas 4.685, n° 5.269, correspondiente al mismo año, es propietario de los mismos lotes de terreno.



Según esos antecedentes, las propiedades primero fueron transferidas a Coz Cruzat por una persona identificada como Jaime Lazcano Sánchez, según una inscripción que corre a fojas 86.552, n° 79.105. En este último registro se cita como título anterior uno que rola a fojas 16.529, n° 18.028, correspondiente al año 1964, que no cita ningún registro anterior.



"Esta inscripción en el Registro de Propiedad del CBRS correspondiente al año 1964, y que es de la que se derivan las demás espurias inscripciones, presenta evidentes signos de encontrarse adulterada y de ser completamente falsa. Con el cotejo, se aprecia claramente que ella fue escrita con otro lápiz a la cual le precede (punta más gruesa), mucho tiempo después (calidad de la tinta), escrita por mano distinta y que la hoja en que se encuentra estampado forma parte de un cuadernillo único, ni constituye un todo único con la hoja anterior, pues se encuentra adherida con pegamento e incluso con cintas adhesivas", consigna la demanda.



A todo ello se suma que el número de repertorio que se cita en esa inscripción "21.173", de fecha 18 de junio de 1964, no existe. El CBRS certificó que por error se omitieron los números 21.100 a 21.199, "lo cual se salvó oportunamente en la nota de cierre diario", según el documento.



El demandante sostiene que la inscripción fraudulenta "no pudo haber existido si no se hubiera contado con la colaboración, el soporte y/o la complicidad del CBR de Santiago. No sólo porque permitió que ese registro se hiciera, sino que, además, al practicarla no canceló el correspondiente título anterior, cuestión que era -ciertamente- responsabilidad suya, como lo establece la Ley".



"El CBRS no podía permitir que coexistieran dos inscripciones, por ser ello atentatorio contra las bases del sistema registral que opera en Chile", consigna la presentación.



La segunda demanda



Tras enterarse de esta situación, el segundo propietario de los lotes de terreno, Juan Luis Coz Cruzat, también emprendió una demanda de indemnización de perjuicios contra el CBRS, "por el daño material y moral que le causaron a raíz de su negligencia y descuido en la guarda y custodia de los registros y documentos que le han sido confiados por Ley, lo que posibilitó que al menos uno de esos registros fuera desbaratado para incorporar una inscripción falsa, y crear una historia falsa de la propiedad raíz que me fue vendida».



Esta acción judicial exige que el organismo cuestionado asuma el pago de 686 millones de pesos, para resarcir las consecuencias negativas que le ha causado esta situación al nuevo demandante.



Según esta versión, a través de un sujeto identificado como Cosme Gómez, Juan Luis Coz se enteró de la venta de dichos terrenos por parte de su propietario, Jaime Lazcano Sánchez, quien se decía dueño de los sitios n° 9 y 10, de la manzana "T" del parque residencial Manquehue, de Lo Curro. Ambas partes llegaron a un acuerdo de transacción, el que se concretaría una vez que el interesado accediera a un crédito.



El empresario Coz solicitó todos los documentos legales que acreditaran que Lazcano era propietario de los loteos, para que Bank Boston realizara el estudio de títulos, antes de otorgarle el préstamo. Ante ello, el vendedor le remitió el Registro de Propiedades del CBRS con un certificado de vigencia de la inscripción para cada sitio, además de documentos que daban cuenta de hipotecas y gravámenes a su nombre.



El primero de los sitios fue adquirido en 49 millones de pesos, mientras que el segundo fue transado en 55 millones de pesos. La entidad bancaria otorgó a Coz un préstamo hipotecario ascendiente a 80 millones de pesos.



Sin embargo, al iniciar los trámites para postular al cargo de Martillero Público, el empresario se enteró que esas propiedades estaban afectadas por medidas precautorias decretadas por el 7° Juzgado Civil de Santiago, debido a la demanda iniciada por el abogado Vincent Vásquez.



"Al estudiar los títulos por parte de mi abogado, Héctor Musso, para iniciar la defensa de los sitios que había comprado, nos encontramos con la triste realidad que a todas luces la inscripción corriente a fojas 16.529, n° 18.028 del Registro de Propiedad correspondiente al año 1964 se encontraba falsificada. Resultaba evidente que las hojas correspondientes a dicha inscripción habían sido sacadas del libro, cortando al efecto los hilos del empaste; una vez hecho lo anterior ‘se lavó’ la inscripción anterior, dejando gran parte de las hojas arrancadas del registro en blanco, para después practicar en su lugar una inscripción espuria, inscribiendo al efecto aquella falsa que se cita como título anterior, en lo títulos con que mi vendedor acreditó su dominio", señala la demanda.



Un mismo banco



Una desafortunada coincidencia une a estos dos propietarios afectados por la "clonación" de estos loteos y es que ambos los hipotecaron por su cuenta a la misma entidad bancaria.



Como ya se dijo, para poder comprar estos mismos sitios el empresario Juan Luis Coz solicitó un préstamo hipotecario a la misma entidad financiera, Bank Boston.



En tanto, Jesús Vincent la utilizó como garantía para adquirir un crédito en 1996, que se registró como una prohibición para celebrar actos y contratos sobre esos dos terrenos, cuyos efectos aún están vigentes, según se encuentra escrita a fojas 63.295 en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del CBRS, correspondiente a ese año.