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«Si las concesiones acuícolas son la privatización del mar, ya está hecho»

No le ha tocado fácil al economista y secretario ejecutivo de la Mesa del Salmón. Luego de su renuncia a Océanos Azules a raíz de la investigación de la Contraloría por irregularidades durante su gestión como subsecretario de pesca, la petición de su cabeza como coordinador de la Mesa del Salmón, no se hizo esperar. Y aunque no llegó a puerto, el profesional las vio negras hace unas semanas cuando se puso en tela de juicio la propuesta legal, que entre otros puntos permitirá a las empresas entregar las concesiones acuícolas como garantía para créditos bancarios.


El stand by en que se ha mantenido la aprobación a las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), propuestas por la Mesa de Trabajo del Salmón, podría destrabarse este miércoles.

Al menos esa es la percepción de parlamentarios, ambientalistas y también del secretario ejecutivo de la Mesa del Salmón, Felipe Sandoval, que luego de varias semanas de tira y afloja con parlamentarios y sindicatos respira más tranquilo y considera que el horno sí está para bollos con respecto a la  propuesta.

Las últimas semanas no habían sido fáciles: el miércoles 29 de abril la Comisión de Pesca citó a representantes de los trabajadores, que criticaron duramente el proyecto, ya que consideraban que no abordaba los complejos problemas laborales que enfrenta el sector y que, según  los sindicatos, ya alcanza a unos 17 mil despidos.

En vista de esto, los diputados de la Concertación se alinearon y aclararon que no discutirían el tema hasta que se resolviera la arista laboral. Más tarde los parlamentarios se reunieron con el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, y le plantearon la necesidad de sellar un acuerdo con los trabajadores para discutir las modificaciones, lo que redundó en que se le quitara la urgencia a la iniciativa y se ampliara el plazo en una semana.

Así se hizo y mientras se llegaba a acuerdos con los trabajadores y los pescadores artesanales, la semana pasada se le asignó suma urgencia nuevamente. Entre los mayores logros está la ampliación de un programa laboral (de 5.150 a 7 mil) en la Región de Los Lagos, que luego podrá ampliarse a otras comunas afectadas por la cesantía de la industria.

Si hoy se le da luz verde, aún debe pasar por la comisión de Hacienda antes de llegar a la Sala y de ahí ser discutido en el Senado.

¿Mar privatizado?

Las críticas a la propuesta, que entre otros puntos busca implementar restricciones sanitarias, establecer barrios y generar una fórmula para que las concesiones acuícolas puedan transformarse en garantías para los bancos, no se remiten sólo al ámbito laboral.

Uno de los puntos candentes está relacionado con esta última modificación, que permite a las empresas salmoneras entregar las concesiones acuícolas como garantía para créditos bancarios.

Actualmente, el Estado recibe anualmente 2 UTM por hectárea acuícola concesionada, que es indefinida. En total las empresas salmoneras poseen 10.529 concesiones otorgadas entre las regiones de Los Lagos (6.172), Aysén (4.176) y Magallanes (181).

En este escenario y según explica la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, las concesiones alcanzarían un precio muy superior al que se paga al Estado, entonces «si el banco puede quedarse con una concesión y  venderla, el valor real no es el que se le paga al Estado», por lo que existiría un valor económico que se ha traspasado a los privados y que debería ser reconocido por las empresas.

Lo que implicaría abrir la puerta a la especulación financiera -tal como sucede con los derechos de agua-, ya que se daría legitimidad al funcionamiento de un mercado secundario que transaría estas concesiones.

El secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), Cosme Caracciolo, señala que rechazan la propuesta porque convierte las concesiones acuícolas en parte de los activos de la industria, lo que además se hace sobre territorios que según la Ley de Pesca de 1991 están consagrados a la pesca artesanal. «Así, estos bienes de uso público pasan a manos privadas. Y nadie puede ser dueño del mar», asegura.

Por otra parte, ambientalistas y pescadores critican también que la legislación vigente ya entregó concesiones acuícolas para el desarrollo de diversas actividades en forma indefinida a privados, sin establecer obligaciones respecto del mantenimiento de la calidad de las aguas y de los ecosistemas. Recursos que según ellos ya han sido sobre utilizados y contaminados, provocando la crisis que hoy atraviesa al sector. Por eso, no comparten que se «premie» a la industria con esta fórmula, ya que se sumaría a la garantía estatal de los créditos que se otorguen al sector, la que alcanza un tope de US$ 150 millones.

A diferencia del tema laboral, esta arista no será una piedra de tope para sacar adelante el proyecto, ya que tal como explica Liberona «la discusión se funda en necesidades laborales y en la amenaza de la industria de que si esta ley no opera en julio no se podrán conseguir créditos ni cultivar salmones, por lo que habrá más cesantes».

Al respecto, Felipe Sandoval sostiene que con las modificaciones se está mejorando el sistema, y que se establecen sanciones que permiten que las concesiones caduquen si hay faltas graves, lo que hoy no pasa. «La gente que se opone al proyecto posibilita que siga todo tal como está». Además, explica que las patentes aumentarán sus precios gradualmente, hasta alcanzar las 10 UTM.

El ex integrante de Océanos Azules detalla que entre otros puntos la apuesta permitirá parar la entrega de más concesiones en la Región de Los Lagos, entregará nuevas atribuciones al Servicio Nacional de Pesca y facultará que las sanciones no se tramiten a través de tribunales «donde no se terminan nunca», sino que serán administrativas.

En cuando a la «privatización del mar», señala que «estas concesiones acuícolas ya se han entregado en forma indefinida.  Y que «si eso es privatización del mar ya está hecho: no estamos entregando nada más de lo que está resuelto».

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