Para el abogado, “la empresa sin duda debe haber conocido esta situación y negoció con el directorio o con algún ejecutivo alto de la compañía para no revelar los estados financieros”. En ese sentido, dijo que “si una auditoría interna o externa no es capaz de detectar que uno de cada cinco clientes está siendo ‘bicicletiado’ es porque, simplemente, está bien ‘mojadito’ o le dicen mira para el norte en vez de hacer su pega”.
El director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano, Tomás Fabres, aseguró que la empresa Price Waterhouse, que realizó una auditoría externa a La Polar, es cómplice de la situación.
“El gran escándalo aquí tiene relación con la empresa Price Waterhouse que sin duda debe haber conocido esta situación y negoció con el directorio o con algún ejecutivo alto de la compañía para no revelar los estados financieros”, sostuvo en entrevista con Radio Bío Bío.
En ese sentido, el abogado señaló que ha sido testigo en reiteradas ocasiones de cómo las firmas de auditores negocian las notas de los estados financieros con los directorios.
“Si una auditoría interna o externa no es capaz de detectar que uno de cada cinco clientes está siendo ‘bicicletiado’ es porque, simplemente, está bien ‘mojadito’ o le dicen mira para el norte en vez de hacer su pega”, insistió Fabres.
Asimismo, explicó que “a partir del año 2007 La Polar inició una política muy agresiva de ampliación de su cartera de clientes, y por medio de sus filiales que están encargadas de evaluar a los clientes, otorgaron créditos por montos muy pequeños a personas que no tenían ninguna capacidad de pago”.
“Las principales afectadas son dueñas de casas que simplemente no tienen ingresos para cancelar las deudas ya que generalmente administran un presupuesto familiar. A ese nicho apostó La Polar en el año 2007”, acotó.
“Como era de esperarse muchas de esas señoras contrajo las deudas sin que supieran sus maridos y lloran hoy día porque no saben cómo explicarle hoy a sus maridos que tienen una deuda de dos millones. Ellas no fueron capaces de responder a sus compromisos y La Polar, en vez de aplicar la ley que obliga a castigar cuando no se paga la cuota, decidió interpretar por su cuenta el contrato detectando cláusulas que le permiten repactar las deudas con el cliente, situación que es ilegal”, afirmó el director ejecutivo de la Fundación Chile Ciudadano.
De igual modo, hizo hincapié en que la Fundación está estudiando interponer una querella criminal, por cuanto existe información falsa en los balances de La Polar, lo que a su juicio es un delito.
