Se trata de Carlos Roberto Araya Silva, quien en noviembre de 1975 habría sido pieza clave para que la prensa de entonces difundiera el supuesto enfrentamiento donde fueron abatidos los “extremistas” Mónica Pacheco, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno y Luis Andrés Ganga Torres, quienes en realidad -se determinó- perecieron en Villa Grimaldi a manos de torturadores.
El 19 de noviembre del 1975 Televisión Nacional y Canal 13 transmitieron “en directo desde el lugar de los hechos” la nota sobre un enfrentamiento entre supuestos «extremistas», quienes resultaron abatidos por fuerzas de seguridad en los cerros de la Rinconada de Maipú.
Agentes de la DINA fueron a buscar a los periodistas para que cubrieran el caso que fue difusamente abordado en publicaciones de ese tiempo. Carlos Roberto Araya Silva, cercano a Manuel Contreras y que trabajaba en TVN gracias a su vínculo con los militares fue clave en la difusión de los hechos.También acudieron Julio López Blanco y Claudio Sánchez.
El comunicado de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DINACOS) y que fue el centro de la información difundida por los profesionales, señalaba que al medio día “en los cerros de Rinconada de Maipú, se registró un violento enfrentamiento a tiros de más de 30 minutos de duración, entre las fuerzas de DINA e Investigaciones, y un grupo de extremistas que se parapetó fuertemente armado en esos cerros. Resultaron muertos seis extremistas, huyendo uno de ellos”.
Entre los subversivos que fallecieron en medio del supuesto tiroteo figuraba una profesora de educación básica de nombre Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, militante del MIR de entonces 25 años y embarazada de tres meses.
Más de 36 años después, el ministro en visita Alejandro Solís Muñoz, sometió a proceso a Carlos Roberto Araya Silva como encubridor de lo que en verdad fue el homicidio de Mónica Pacheco, Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno y Luis Andrés Ganga Torres.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación el grupo falleció en Villa Grimaldi y lo divulgado por la prensa correspondió a un “montaje para impedir su descubrimiento (favorecimiento real, artículo 17 N°2 del Código Penal), destinado a ocultar los hechos efectivamente ocurridos, torturas y muertes de víctimas desvalidas y los efectos utilizados para la comisión de los mismos, existiendo, además, favorecimiento personal (N°3 del precepto penal citado) por existir conocimiento de las circunstancias de los ilícitos, para lograr la impunidad de los autores de los mismos, miembros de la DINA”.
El 2007 Araya había sido sancionado por el Tribunal Regional de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas.
Al periodista se le concedió el beneficio de libertad bajo fianza de 200 mil pesos.
