En la Alianza prefieren ser cautos respecto de la forma como la autoridad logró retomar el diálogo en la Undécima Región. Temen que el diseño implementado por el gobierno se repita en otras regiones, en medio de las bajas cifras de aprobación y en el marco de un año eminentemente electoral.
Ahora que el gobierno y las organizaciones sociales de Aysén retomaron el diálogo, en la búsqueda de soluciones al petitorio de los manifestantes, en el oficialismo se analiza la actuación de la autoridad. Si bien existe satisfacción, porque finalmente se logró imponer el sentido de la importancia del orden público, hay quienes creen que en este proceso se cometió el error de la “oportunidad” en la aplicación del concepto. En esta línea, un parlamentario gremialista advierte que en este tema “hay que ser criterioso”, porque en el caso concreto de la Undécima Región, el Ejecutivo “consiguió el éxito, pero con algunos costos”, particularmente de imagen, debido a la extensión del conflicto.
Si bien durante el proceso, existió casi unanimidad en el respaldo público a las medidas asumidas por el gobierno y a la forma como se iba tratando de capear la dinámica impuesta por los dirigentes de la manifestación, con un poco más de calma, lo primero en salir a la luz es el temor de que futuros “focos” de conflicto recibieran un trato similar. Cuando ya no es un secreto para nadie que es posible que estallen nuevos conflictos regionales, en el oficialismo reafirman la legitimidad de imponer el orden público como una necesidad básica para el diálogo. Con el matiz de que si se va a hacer, hay que hacerlo “con sentido de la oportunidad”. En la Alianza hay quienes tienen la convicción de que en el conflicto de Aysén, como en el de Magallanes —por lo que dan por descontado que responde a un diseño—, el gobierno perdió la oportunidad de imponer su agenda, porque “se le escapó de las manos el orden público”. A tal punto que le fue imposible enviar señales de que estaba poniendo atención a lo que pedían los manifestantes.
“El gobierno no dice recibí su mensaje y aquí están las soluciones”.
[cita]Por una parte, se estima que uno de los costos es que el gobierno perdió en imagen positiva. Justamente, debido a que el tema de la represión en Aysén se tomó la agenda. Algo que también respalda la última encuesta Adimark, en la que si bien el Presidente Sebastián Piñera mantiene su nivel de aprobación, el gobierno en su conjunto disminuye notoriamente.[/cita]
Por el contrario, se enfocó en exigir durante tres semanas que se repusiera el orden público para sentarse a negociar con las organizaciones sociales, varios de cuyos representantes incluso militan en partidos de la Alianza. En este contexto, la agenda estuvo centrada durante todo el proceso en ese tema, que es particularmente sensible en sectores de oposición, que lo aprovecharon en beneficio propio. Así, a partir del diseño aplicado por el Gobierno en Aysén, el diputado gremialista Jorge Ulloa plantea que —si bien es un férreo defensor de la necesidad de asegurar el orden público—, “hay que ser criterioso. Debido a las condiciones de la sociedad chilena y sus particularidades tiene que existir cierta plasticidad” en la implementación de medidas destinadas a mantener el orden público.
De allí la cautela ante el hecho de que el gobierno, finalmente, haya logrado imponer sus exigencias para retomar el diálogo. La inquietud que recorre las filas oficialistas es que según la evaluación costo-beneficio, la autoridad “consiguió el éxito, pero con algunos costos” que no pasan desapercibidos en su sector. Sobre todo que no se olvida que éste es un año electoral y el nerviosismo, frente a los comicios municipales de octubre, provoca una hipersensibilidad ante los errores políticos. En este escenario dos elementos cobran especial relevancia. Por una parte, se estima que uno de los costos es que el gobierno perdió en imagen positiva. Justamente, debido a que el tema de la represión en Aysén se tomó la agenda. Algo que también respalda la última encuesta Adimark, en la que si bien el Presidente Sebastián Piñera mantiene su nivel de aprobación, el gobierno en su conjunto disminuye notoriamente.
Además se especula que otro aspecto negativo, es que lo ocurrido en la Undécima Región, bien puede constituir “una especie de adelanto de otros focos, justamente, por la forma cómo actúa el gobierno frente a ello”. De hecho, en este caso, al gobierno se le habría producido un dilema en cuanto a la imposición del orden público, debido “a lo tardío de su actuación”, plantea un alto representante de la UDI. En este sentido, apunta al hecho de que cuando se tiene la convicción que lo más adecuado es reponer el orden público, alterado por los manifestantes, “se debe hacer inmediatamente, en máximo dos días, no en tres semanas. Porque en un período tan largo, se pierde la oportunidad de dar señales de autoridad y de imponer una agenda que le sea propicia al gobierno”.
En el marco de un período electoral, esgrimen en la Alianza, el asunto es más serio. Esto, pues uno de los análisis que se hace es que ha quedado de manifiesto que “se ha producido una falta de empatía (del gobierno) con el electorado, lo que lo obliga a querer aumentar sus niveles de aprobación”, sabiendo que “el mínimo a que se debe aspirar es llegar a un 40 por ciento, que representa el voto duro de nuestro sector, no puede ser menos que eso”. En la derecha preocupa el escenario municipal, porque “con el respaldo que actualmente tienen el gobierno, que es una debilidad general, no hay soporte para las candidaturas municipales” oficialistas. Mientras se está en medio del proceso para encontrar soluciones al conflicto en Aysén, también están los que insisten en advertir que “en la medida que se fortalezcan las políticas públicas, el gobierno va a comenzar a recuperar aprobación. Pero también tenemos que adelantarnos a los hechos, para que no siempre parezca que las cosas se hacen por presión”. Postura que muestra cómo se ve la reacción del gobierno frente a los conflictos sociales, desde su propia coalición.
