Poder Judicial hizo sentir su malestar. Para el máximo tribunal del país las afirmaciones de la ministra Benítez “van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental”.
La Corte Suprema hizo una contundente muestra de malestar y defensa pública de la independencia que se debe garantizar en todo Estado de Derecho de los tribunales de justicia, a través de una durísima declaración pública rechazando los cuestionamientos que hizo la ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, al fallo que emitió el máximo tribunal del país contra la Central Termoeléctrica Castilla, ánimo de crítica que desde el extranjero, fue secundado por el propio Presidente Sebastián Piñera, quien le solicitó al Poder Judicial “plena conciencia” ante los proyectos energéticos y la política que en este ámbito impulsa su administración.
El máximo tribunal golpeó la mesa y fuerte. A las 8 de la mañana se reunió el pleno de la Corte Suprema y tras varias horas de redacción de su pronunciamiento, los magistrados hicieron público y evidente su malestar. De hecho, el vocero del máximo tribunal, ministro Hugo Dolmestch, fue categórico al asegurar que las expresiones de la ministra Benítez no son una simple crítica, sino que “constituyen derechamente una intromisión indebida e inaceptable en las atribuciones que la Constitución Política entrega de forma exclusiva a los Tribunales de Justicia”.
Benítez declaró en una entrevista que el fallo de Castilla “se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental».
El “párale” que hizo la Suprema hoy se sustenta en que las opiniones de las autoridades de gobierno “afectan la independencia de los tribunales”, garantizada en el artículo 76 de la Constitución Política. Dicho artículo precisa que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
Para los supremos, las afirmaciones de la ministra “van inequívocamente dirigidas en el sentido de desconocer a la jurisdicción competencia para revisar la legalidad de los actos de la Administración, en este caso específico, de la autoridad ambiental”.
La declaración pública de los supremos no dejó espacio a dudas. Hablaron de “total, absoluto y decidido rechazo a las opiniones de la ministra de Medio Ambiente, porque “han sobrepasado la sola crítica y constituyen afectación de la independencia y autonomía de los tribunales en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”.
No solamente la ministra Benítez ha hecho ver sus críticas al Poder Judicial y sus sentencias en materia energética. Desde Camberra —donde finaliza una visita oficial a Australia— el Presidente Piñera dijo que su “gobierno, junto con respetar los fallos de la justicia, tiene también la obligación de seguir haciendo todo lo que sea necesario para que la falta de energía no se transforme en un freno para la economía chilena” y subrayó que aquellos que tomen decisiones vinculadas al sector energético deberían tener «plena conciencia» de que, si no se adoptan medidas en el presente, los gobiernos futuros afrontarán «una grave crisis de energía».
La resolución del pleno fue respaldada por casi todos los miembros del máximo tribunal, salvo los jueces Gabriela Pérez y Alfredo Pfeiffer (en calidad de suplente y que integra la quina para ascender permanentemente a dicha Corte), quienes consideraron que las opiniones de la autoridad de Medio Ambiente son una crítica, pero no vulnera la autonomía del Poder Judicial.
