Acuerdo entre la DC y la Alianza tendría asegurado quórum de dos tercios
No es la primera vez que la discusión de la Ley de Pesca hace que se caiga de la tabla del Senado la votación de un nuevo supremo. Le ocurrió a Lamberto Cisterna y la semana pasada se repitió la situación con el nuevo candidato del gobierno, el juez Juan Muñoz Pardo, quien quedó con los crespos hechos esperando la aprobación del Congreso. Así la sala de la Cámara Alta se pronunciará recién el miércoles 2 de enero, en una sesión que augura la nominación del ministro de la Corte de Apelaciones al máximo tribunal del país, gracias a las gestiones de La Moneda y al consenso entre parlamentarios de la Alianza y la DC.
Tras la polémica salida de Teodoro Ribera del gobierno, una de las primeras actividades de la nueva ministra de Justicia, Patricia Pérez, fue acompañar al juez Juan Manuel Muñoz Pardo a la comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado el martes 18 de diciembre. En la cita el magistrado salió con la venia unánime del grupo parlamentario, integrado por los senadores Hernán Larraín (UDI), Soledad Alvear (DC), Patricio Walker, Alberto Espina (RN) y Carlos Larraín (RN), reflejo del consenso que en dichos sectores políticos genera el nombre del juez para reemplazar la vacante que dejó Sonia Araneda al jubilar en junio de la Corte Suprema.
Es más, antes que el 11 de diciembre llegara la quina del tribunal al escritorio del Presidente Sebastián Piñera y él enviara, el mismo día, el oficio al Senado proponiendo el nombre de Muñoz Pardo, entre los parlamentarios ya se reconocía que efectivamente existía una suerte de acuerdo que implicó amarrar el ascenso de Cisternas al máximo tribunal con el compromiso de apoyar, en la siguiente nominación, al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Un acuerdo que en privado era reconocido por parlamentarios de la DC, pero que no ha logrado alinear a toda la oposición. Trascendió que en el PS hay senadores como Camilo Escalona, Pedro Muñoz y Juan Pablo Letelier que no están dispuestos a apoyar a Muñoz Pardo, debido a que en buena parte de su trayectoria el juez se inclinó por aplicar la prescripción en casos de violaciones a los derechos humanos y detenidos desaparecidos.
En la DC el ex presidente Eduardo Frei se sumaría al rechazo, postura que el senador se preocupó —comentaron en el mundo judicial— de dejar absolutamente en claro a Ribera semanas antes de que saliera del gobierno y cuando aún encabezada las gestiones políticas para sellar este acuerdo. En la misma línea, se afirma que el senador DC, Mariano Ruiz-Esquide sería otro de los parlamentarios que se marginará del consenso en torno a Muñoz Pardo.
Más de una vez se ha sacado a la palestra afirmaciones pasadas del juez Muñoz Pardo sobre el hecho que —a su juicio— en Chile no son aplicables la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y que los Convenios de Ginebra.
[cita]La evolución a la que se refiere el juez dice relación con resoluciones que protagonizó en décadas pasadas. Fue el voto de minoría —estuvo por absolver— de la condena a un grupo de ex oficiales del Ejército por la muerte de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, asesinados en 1973 en Coquimbo y la ratificación del fallo de prescripción en la causa de los hermanos Saúl y David Urrutia Galaz, de quienes aparecieron algunos restos en el recinto del Ejército en Colina.[/cita]
Por lo mismo, su pasado fue parte de las preguntas que el 18 diciembre respondió a la comisión de Constitución. Fue la senadora Alvear —acusando intenciones tendenciosas en las críticas que se han publicado según consta en el acta de la sesión— la que le pidió al juez que se explayara sobre algunas de sus resoluciones en materia de DD.HH.
Así, en relación a la prescripción como causal de extinción de la responsabilidad penal, el magistrado señaló —reza el acta— que “en el año 2001 emitió un voto de minoría en una causa del año 1973, en el que se pronunció por acoger su aplicación”. Sin embargo, hizo hincapié que “con el tiempo su criterio en este aspecto ha evolucionado, lo que se debe al estudio de estas materias y también al contenido de los tratados que la abordan, a la doctrina y a la propia evolución de nuestro país”.
En ese sentido, el juez afirmó que “en sentencias del año 2008 en adelante se ha pronunciado por no aplicar la prescripción y por sancionar las respectivas conductas punibles, aplicando las atenuantes del caso y siguiendo, en esta materia, la doctrina aceptada por la Corte Suprema y por los ministros de la Corte de Apelaciones de que forma parte”.
Muñoz Pardo agregó que, si bien no influye en forma decisiva “la opinión de sus pares y de sus superiores”, en este tipo de temas “existe la constatación de hechos que están delimitados y se cuenta con una doctrina internacional muy fuerte, lo que da lugar a un proceso dinámico al que se ha ido incorporando”.
La evolución a la que se refiere el juez dice relación con resoluciones que protagonizó en décadas pasadas. Fue el voto de minoría —estuvo por absolver— de la condena a un grupo de ex oficiales del Ejército por la muerte de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, asesinados en 1973 en Coquimbo y la ratificación del fallo de prescripción en la causa de los hermanos Saúl y David Urrutia Galaz, de quienes aparecieron algunos restos en el recinto del Ejército en Colina.
El juez también hizo una precisión sobre su actuar en el caso “El Melocotón”, en que 24 abogados en plena dictadura se querellaron contra Augusto Pinochet por fraude al fisco en la compra de terrenos, causa que cayó en manos de Muñoz Pardo —que en esa época era juez del crimen de Santiago— y que la rechazó y archivó sin investigar. Al respecto, justificó su actuar ante los senadores que el caso “corresponde al año 1984, cuando era juez interino y debió asumir aquella causa, respecto de la cual el juez titular se había declarado incompetente. Hizo presente que la resolución respectiva fue confirmada y que la queja que se presentó, fue rechazada por la Corte Suprema”.
Difícilmente la votación en la sala de la nominación de Muñoz Pardo se volverá a atrasar, porque el oficio presidencial del 11 de diciembre iba con carácter de urgencia, lo que implica un plazo no mayor a 30 días para zanjar el asunto en el Congreso.
