«Se trata de un tema que nos preocupa, porque un porcentaje de esos casos no se debió a la normal evolución legal del proceso, donde muchas veces las pruebas en la etapa de condena tienen estándares más altos y específicos que en la formalización. Hay ocasiones en que simplemente se debió a errores técnicos de procedimiento», recalca el defensor nacional, Georgy Schubert.
Un informe de la Defensoría Penal Pública arrojó que el número de detenciones declaradas por los jueces de garantía como ‘ilegales’ aumentó un 140 por ciento en los últimos dos años. De 1.207 en 2010 se pasó a 2.892 en 2012. Así lo reveló este lunes un reportaje publicado por el diario español El Mundo.
El documento además deja en evidencia que los extranjeros, los adolescentes y los indígenas son los ciudadanos más afectados por este tipo de detenciones.
El defensor nacional Georgy Schubert comenta al respecto: «Lo más preocupante no es la cantidad, sino que esta situación se produce especialmente en grupos que se consideran vulnerables, como extranjeros, adolescentes y de pueblos originarios, quienes requieren de más ayuda y atención de nuestra parte».
«Estas detenciones ilegales no se asocian a ningún delito específico, sino más bien a la discusión legal que se genera en las audiencias sobre si el infractor fue aprehendido con una orden judicial o bajo flagrancia», agrega.
Según el informe, también se elevó el número de personas que estuvieron en prisión preventiva más de 15 días y que fueron halladas inocentes por los tribunales: En 2011 hubo 518 casos registrados (3,4 % del total), en 2012 se elevó hasta los 746 imputados.
«Se trata de un tema que nos preocupa, porque un porcentaje de esos casos no se debió a la normal evolución legal del proceso, donde muchas veces las pruebas en la etapa de condena tienen estándares más altos y específicos que en la formalización. Hay ocasiones en que simplemente se debió a errores técnicos de procedimiento», recalca Georgy Schubert.
El Mundo narra la situación vivida por Jorma Williams, periodista finlandés, tras la cena que el Gobierno de Chile ha preparado para los corresponsales extranjeros durante la celebración de la Cumbre de Estados Latinoamericanos, Caribeños y Europeos.
«Jorma ha bebido unas cuantas copas de vino chileno y algún pisco sour. Son las dos de la mañana y el autobús que traslada a la prensa deja a Jorma en las inmediaciones del Palacio de La Moneda. Una pareja de Carabineros, la policía chilena, ve a Jorma borracho, así que se lo llevan hasta la tercera Comisaría, situada en el Pasaje Fernández Albano, número 165. El periodista finlandés infringe la Ley 19.925, transita ebrio por la vía pública. En las dependencias policiales le ponen un casco en la cabeza y lo esposan».
«Tras varias horas burlándose de él, la policía lo deja libre. No hay un papel que acredite su paso por el calabozo, tampoco la llamada de rigor. Fruto de la detención, el periodista finlandés padece un síndrome del túnel carpiano. Los carabineros apretaron demasiado las esposas y ahora Jorma tiene la mitad de la mano izquierda dormida».
«Como es una afección neurológica es posible que la mano del periodista se quede así para siempre, lo que le perjudicará de por vida para su trabajo. Jorma ha denunciado a los carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago por malos tratos. La justicia chilena tomará medidas al respecto».
El medio español además da cuenta de las numerosas denuncias que ha efectuado Amnistía Internacional en torno a la fuerte represión policial durante las manifestaciones estudiantiles y contra los grupos indígenas, de las innumerables detenciones ilegales, y de abusos sexuales durante el control de detención.
Da cuenta de lo ocurrido con Manuel Gutiérrez, adolescente de 16 años que falleció mientras caminaba por la calle, como consecuencia de una bala de gran calibre que un agente de Carabineros disparó durante una manifestación estudiantil.
La cifra total de detenidos durante las revueltas estudiantiles se empinó a las 1.700, acota El Mundo, agregando otro hecho: la Sala Penal de la Corte Suprema determinó que el fisco chileno deberá pagar un millón de dólares a los acusados por el ‘Caso Bombas’, cifra en que fueron fijados los costos del proceso que terminó con la absolución de todos los imputados.
A renglón seguido, menciona que el Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género de Santiago de Chile denunció la suspensión de la comunicación telefónica de Carla Verdugo, que se encuentra en prisión preventiva. La mujer lleva sin comunicarse con sus hijos pequeños por más de nueve meses.
«Esta suspensión no se fundamenta en las leyes que rigen en el país andino ni en los tratados internacionales que Chile ha firmado», hace hincapié Patricia Rada, abogada de la organización.
Por su parte, Ana Piquer, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, concluye: «Hay un tema interno, nuestra propia Constitución dice que el ejercicio de la soberanía está limitado por los derechos humanos establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile, lo que significa que hay una vulneración constitucional en la medida que no haya una acción concreta para proteger los derechos de las personas, y que se investiguen cada una de estas acciones y que se investiguen en el futuro».
La nota publicada por el diario español El Mundo finaliza acotando que «a pesar de la gran cantidad de irregularidades jurídicas que denuncian las organizaciones de los derechos humanos, el gobierno presidido por Sebastián Piñera ha firmado un Proyecto de Ley que creará nuevas «medidas para mejorar la persecución penal que hace el Ministerio Público contra los delincuentes».