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Investigación terminó sin sanciones contra fiscales

Irregularidades en sumario por “caso Bombas” complican a Chahúan

por 15 febrero, 2013

Irregularidades en sumario por “caso Bombas” complican a Chahúan
El fiscal nacional habría hecho caso a una petición planteada por uno de los sumariados, quien explicó que en su calidad de nuevo fiscal regional de Los Lagos, un funcionario de menor rango no podía indagarlo a pesar que la toma de razón del cargo se hizo recién en noviembre. Esta situación fue presentada al titular del Ministerio Público, pero fue rechazada y se nombró a otro investigador, quien habría sido conminado a archivar los tres tomos e iniciar todo el proceso desde cero.
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El fiscal nacional, Sabas Chahúan, se encuentra en medio del ojo del huracán, debido a que se reveló que habría cometido irregularidades en el marco de la investigación interna desarrollada en contra de los fiscales que estuvieron a cargo del denominado “caso Bombas”.

Según publica radio Bío Bío, existiría una presunta ilegalidad en la decisión de Chahúan de cambiar al encargado de realizar el sumario interno.

Los datos recopilados por el medio señalan que el titular del Ministerio Público ordenó, el 20 de octubre de 2011, suspender la investigación contra cinco fiscales que estaban llevando el Caso Bombas, ignorando de paso el artículo 71 inciso 2 de la ley 19.640, el cual hace referencia sobre la toma de razón de la Contraloría General de la República en los nombramientos de cargos.

De acuerdo a la información, ese mismo día Chahúan hizo caso a una petición hecha por uno de los sumariados, Marcos Emilfork, quien explicó que en su calidad de nuevo fiscal regional de Los Lagos, un fiscal de menor rango como Marcelo Apablaza, de la fiscalía sur, no podía investigarlo.

Pero lo curioso es que la toma de razón de su cargo se hizo recién en noviembre, gracias a una impugnación hecha por el senador Camilo Escalona, quien no estaba de acuerdo que un fiscal cuestionado en el Caso Bombas se le designada como fiscal regional en Los Lagos.

La información precisa que la irregularidad fue presentada por escrito ante el fiscal nacional por el fiscal sur, Raúl Guzmán, pero fue rechazada y se nombró a cargo del sumario al fiscal regional centro-norte, Andrés Montes.

De acuerdo a los antecedentes entregados por el medio, Chahúan ordenó archivar los tres tomos que fueron elaborados por la Fiscalía Sur sobre el sumario, encomendándole a Montes iniciar todo el proceso desde cero.

Ya es sabido que la investigación hecha por Montes concluyó sin sanciones para Emilfork, Pablo Sabaj, Francisco Rojas y Víctor Núñez, mientras que sólo el ex fiscal regional Alejandro Peña fue cuestionado por su “objetividad” luego de que renunciara el 6 de abril a su cargo para asumir la jefatura de la División de Estudios del Ministerio del Interior.

Sin embargo, el pasado 31 de enero la séptima sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Fiscalía Nacional entregar, en un plazo de 10 días, los detalles del sumario al diputado comunista Hugo Gutiérrez.

El legislador dijo que durante la jornada de este viernes exigirá que se le entregue inmediatamente los datos y los antecedentes del sumario de la Fiscalía Sur suspendido por Chahúan.

A su vez, el abogado Rodrigo Román, quien fue uno de los representó a los ex imputados del Caso Bombas, dijo que resultaba extraño que los fiscales fueran absueltos en el sumario, a pesr de las denuncias hechas por interceptación telefónicas ilegales a sospechosos y sus familias y a la apertura de procesos paralelos en los tribunales de garantía.

Los fiscales cuestionados había pedido a la Corte de Apelaciones de Santiago mantener en secreto el sumario, debido al temor a “ataques violentos” a manos de grupos anarquistas.

Los propios fiscales Rojas y Núñez fueron víctimas de un supuesto ataques luego de ser inscritos en internet como presuntos empleadores y generar deudas previsionales por servicios inexistentes, por lo que fueron ingresados a Dicom, hecho que aún es investigado.

Manipulación de metas en Fiscalía Centro Norte

Otro tema en el que se han visto implicados funcionarios judiciales es el del sumario hecho por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, respecto a la manipulación de 21.858 registros en la Fiscalía Centro Norte, formulando cargos a nueve personas, entre las que se encuentra el fiscal regional Andrés Montes.



Según El Mercurio, el sumario tiene más de 500 páginas y declaraciones del director ejecutivo nacional del Ministerio Público, Pedro Bueno, y de los propios imputados, como también documentos reservados entregados por la contraloría interna de la Fiscalía Nacional y distinto material sobre las metas.

Los cargos son contra Andrés Montes, fiscal regional Centro Norte; Halminton Vega, ex director ejecutivo regional y Jaime Orrego, jefe de la Unidad de Gestión e Informática de esa fiscalía.

También están los ejecutivos de la división de Informática de la Fiscalía Nacional, Mauricio Godoy, gerente; Carlos Martínez, jefe del área de Sistemas y Operaciones, y Alessandra Lulion, técnico.

Además, fueron imputados administrativamente Sergio Lillo, ex gerente; Lugarda Andrade, coordinadora de metas, y Patricio Carvajal, analista.

La investigación determina que “se permitió que se alterara la integridad de la información de un registro de carácter público, como lo es la contenida en la plataforma informática del Ministerio Público conocida como SAF”.

El caso data del segundo semestre de 2011, cuando en la Fiscalía Centro Norte existían al menos 21.875 registros del Sistema de Apoyo a Fiscales que no tenían información acerca de los números de teléfonos de víctimas y testigos, lo cual significaba que las causas que investigaba la fiscalía no conocía los números telefónicos para poder ubicarlos ante posibles citaciones, juicios o toma de declaraciones.

Esto, señala el diario, hacía que la fiscalía regional no alcanzara la meta correspondiente a este ítem, lo cual hacía caer los objetivos de la fiscalía regional entera e impactaban en las metas nacionales.

El sumario señala que Halminton Vega ordenó a Jaime Orrego a realizar una modificación masiva de los registros en los que no se tenía información requerida, y que según la investigación son 21.858.

Para esto, Vega simuló estar autorizado por el gerente de la división de Estudios de la época, Sergio Lillo, lo que no era efectivo, y así conseguir que el jefe de la División de Informática, Mauricio Godoy, realizara este cambio, a través de dos profesionales de su área: Carlos Martínez y Alessandra Luilon.

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