El Mineduc tramita las notificaciones a los planteles acusados por irregularidades
El jueves pasado, el Ministerio de Educación notificó a la Universidad Arcis de la investigación que inició en su contra por los supuestos desórdenes financieros acusados por ex directivos del plantel. Además, el ministro prepara la reapertura de las indagatorias contra las universidades Santo Tomás, SEK, Uniacc y Pedro de Valdivia, las que habían sido sobreseídas en la administración anterior. Así, el Mineduc asumirá la investigación contra once planteles en medio de la ascendente presión estudiantil por acabar con el lucro y de la tramitación en el Congreso del proyecto que crea el interventor estatal.
El 20 de noviembre del 2013, el entonces subsecretario de Educación, Fernando Rojas, comunicaba que, luego de un año de investigación, se decidía sobreseer la investigación contra las universidades Uniacc y Pedro de Valdivia, por considerar que “no hay ningún incumplimiento grave –dentro de las atribuciones del Ministerio de Educación– que permita llevar al cierre de estas instituciones». Además, el Mineduc de Piñera sobreseyó a otras dos instituciones, la Universidad SEK y la Santo Tomás.
A fines de enero de este año, la administración de Carolina Schmidt enviaba un oficio a la SEK, plantel propiedad de Jorge Segovia, informando que la universidad había sido sobreseída. “No existe mérito para instruir un procedimiento administrativo”, se dijo en la ocasión.
Un año antes, en enero del 2013, el entonces ministro Harald Beyer respaldaba la suspensión de la investigación contra la Universidad Santo Tomás. Beyer esa vez argumentó que los movimientos sospechosos que habían sido detectados en la UST habían resultado beneficiosos para el plantel.
[cita]El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el DC Mario Venegas, respalda la reapertura de las indagatorias y señala que no hay por qué esperar los resultados del proceso que lleva adelante la Fiscalía para tomar decisiones. “Si es así, a mí me parece muy bien. Nos había parecido muy raro que se hubiera sobreseído a los planteles sin información y sin decirnos el por qué. Yo creo que está bien. No he tenido ningún contacto con la Fiscalía, porque entiendo que hay que dejarla hacer su trabajo con plena autonomía. Cada circunstancia se evalúa según las competencias de cada autoridad, y si la actual autoridad cree que es necesario investigar, que lo haga”, plantea.[/cita]
Las cuatro universidades fueron investigadas por supuestas irregularidades cometidas en sus operaciones, ya sea por desviar fondos a sus controladores –lucro–, o por desórdenes administrativos o bien por ser sospechosas de sobornar autoridades para lograr su acreditación.
Ante este escenario, el actual ministro de Educación, el PPD Nicolás Eyzguirre, definió reabrir las indagatorias, para eso ya se están tramitando las notificaciones a los planteles. “Vamos a revisar todo”, asegura una fuente del Mineduc.
Según comentan quienes están involucrados en el tema, la decisión de reabrir las indagatorias es autónoma del Mineduc, y sólo depende del “criterio de los abogados del Ministerio”.
La decisión se tomó luego que la autoridad enviara al Congreso el proyecto de ley que crea el interventor estatal para tener las facultades para intentar corregir las irregularidades y desórdenes que pudieran existir –intervención temporal–, o bien hacer un cierre ordenado de las instituciones –interventor para el cierre–. Según los cálculos del Mineduc, el proyecto debiese ser aprobado con celeridad, ya que cuentan con el respaldo del oficialismo y apuestan también a lograr el apoyo de algunos parlamentarios de la oposición.
Con el envío de la iniciativa al Congreso, el gobierno se “blinda” ante cualquier decisión que tome respecto de los siete planteles que actualmente investiga, o de los cuatro que volverá a fiscalizar en los próximos días. De hecho, el interventor tendrá carácter retroactivo, previendo que pueda actuar sobre cualquier institución cuyo cierre haya sido decretado.
No todos los casos son iguales. La diferencia la deja clara quien fuera Jefe de Educación Superior durante la administración de la ministra Schmidt en el Mineduc, Alberto Vásquez, que señala que “son situaciones de carácter distinto. Las presunciones respecto de las universidades Laureate tienen que ver con que se haya violado la prohibición de lucro, y no con que esté en duda su capacidad de funcionamiento. En la Universidad Arcis no es lucro, sino que su situación económica está muy deteriorada, y se sospecha que en cualquier minuto podría no ser capaz de continuar con sus actividades”.
Hasta ahora, las instituciones investigadas por el Ministerio son las universidades Andrés Bello, Las Américas, San Sebastián, Iberoamericana, La República, Gabriela Mistral y Arcis. Esta última recibió el jueves pasado la notificación formal del inicio de la indagatoria, después que ex directivos que renunciaron a sus puestos denunciaran un desorden financiero que tendría en aprietos a la casa de estudios, al punto de poner en riesgo su continuidad. Incluso, los trabajadores cumplen ya más de una semana de paro pidiendo explicaciones por la situación.
En el caso de los planteles Laureate, se investiga el traspaso de fondos al grupo controlador, lo que violaría la prohibición de lucrar existente en Chile. Hace unas semanas, El Mostrador reveló el documento –el que fue entregado al Mineduc–, donde el grupo transnacional explica cómo logra extraer recursos desde las universidades que funcionan en países donde está prohibido el lucro.
En total, las instituciones controladas por Laureate han enviado más de US$80 millones a su dueño sólo en los últimos tres años, según un informe de la PDI que está en manos de la Fiscalía, institución que también mantiene abierta una investigación contra esas casas de estudio, al igual que el Servicio de Impuestos Internos.
Otra que es sospechosa de lucrar es la Universidad San Sebastián, la que ha realizado una serie de movimientos de recursos y compra de sociedades entre sus mismos dueños. Con una matrícula que ronda los 25 mil alumnos, la San Sebastián tiene un directorio compuesto fundamentalmente por empresarios. Juan José Cueto, de LAN, y Andrés Navarro, ex dueño de Sonda, se sientan a la mesa que toma las decisiones en el plantel, la que es presidida por el ex hombre fuerte del grupo Angelini, Alejandro Pérez. Las luces de alarma se encendieron cuando se detectó que sus controladores se habían autocomprado una serie de sociedades dueñas de los inmuebles donde funciona la institución, por más de 25 mil millones de pesos, a pesar de que estaban avaluadas en cerca de cuatro mil millones.
La Universidad Iberoamericana, de la empresaria Filomena Narváez, es indagada por el traspaso de recursos entre entidades relacionadas. En concreto, la Comisión Nacional de Acreditación detectó que los familiares de Narváez son los dueños de las sociedades propietarias del plantel y también de los inmuebles donde este funciona, llamando la atención los movimientos de dinero entre estas figuras legales.
La República, ligada a la masonería, es investigada para conocer su real situación, ya que después de la crisis que la afectó el 2008 se sospecha que no sea capaz de sustentarse. En el caso de la Gabriela Mistral, se revisa el traspaso de su anterior dueña, Alicia Romo, al Sodalicio de Vida Cristiana, congregación católica que actualmente posee el plantel.
Las investigaciones que se reabrirán también son por situaciones distintas.
La Universidad SEK está involucrada en el caso de las acreditaciones fraudulentas otorgadas por la CNA cuando esta era dirigida por Luis Eugenio Díaz. La Fiscalía formalizó al ex rector del plantel, José Enrique Schröeder, debido a un intercambio de correos electrónicos con Díaz, donde este ofrecía facilitar el otorgamiento de la acreditación a cambio de que se contratara a una sobrina que estaba sin trabajo.
En la misma situación está la Universidad Pedro de Valdivia, ligada al militante DC Ángel Maulen. Según la investigación de la Fiscalía, Maulen pagó $50 millones a Díaz por asesorías durante el mismo tiempo en que este era el encargado de revisar la acreditación del plantel. Además, sobre la UPV pesan acusaciones por lucro, por lo que también es investigada en la otra causa que lleva el fiscal Carlos Gajardo, la del lucro en la educación superior.
Las universidades UPV y SEK habrían ocasionado millonarios daños al fisco debido a su supuesta acreditación fraudulenta, lo que les permitió acceder a los dineros provenientes del Crédito con Aval del Estado. Por esta razón, el Consejo de Defensa del Estado solicitó a fines del 2013 que se congelaran parte de sus bienes, para así evitar que sus dueños comenzaran a vender inmuebles, tal y como ocurrió cuando se decretó el cierre de la Universidad del Mar.
La Uniacc fue investigada por el Mineduc luego que el ex secretario ejecutivo de la CNA, Patricio Basso, denunciara traspaso de fondos del plantel al Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación, IACC, también propiedad del grupo Apollo Global Chile. En teoría, el lucro se habría concretado debido a que los institutos profesionales no tienen prohibición de lucrar, a diferencia de las universidades, además que el préstamo de dineros se hizo sin plazos ni intereses, lo que habría significado una pérdida patrimonial para la Uniacc.
Por estos casos, los ministros Harald Beyer y Carolina Schmidt dijeron –cada cual en su minuto–, que no habían encontrado irregularidades para decretar el cierre o sanciones en contra de estas instituciones.
Uno de los casos que generó mayor ruido en la administración anterior fue el de la Universidad Santo Tomás, la que fue indagada por la misma razón que la Uniacc: el préstamo de recursos a sociedades relacionadas sin plazos ni reajustes. Esta situación también fue denunciada por Basso mientras era director ejecutivo de la CNA. En total, la UST habría traspasado $13.096 millones a sociedades relacionadas. La Santo Tomás es controlada por el grupo Hurtado Vicuña.
De todas formas, Alberto Vásquez, quien fuera el encargado de las investigaciones a universidades en el último periodo del gobierno de Sebastián Piñera, aclara que las indagatorias contra estas cuatro instituciones no se cerraron definitivamente.
“En el caso de la UPV y la SEK, está en tribunales una querella criminal respecto de un posible soborno que habrían cometido las autoridades superiores de esas universidades con el director de la CNA. Cuando supimos que se estaba siguiendo esa línea investigativa, decidimos suspender hasta que el Tribunal resolviera la materia y se supiera en definitiva si existió un delito de esa naturaleza. En palabras más sencillas, se sobreseyó hasta que el Tribunal falle respecto de la acusación de soborno a los dos rectores. En otros casos se envió la información al SII o al Tribunal respectivo, para que se pronunciaran sobre si había violación a la Ley de Tributos en el país o si las irregularidades presentadas al Mineduc eran efectivas. Los antecedentes de la UST y la Uniacc fueron enviados al SII y a la Fiscalía, y lo que se planteó es que, cuando estos organismos resolvieran, en ese momento debían reabrirse las investigaciones”, señala.
Vásquez asegura que “no hay contradicción con que la nueva autoridad pida elementos nuevos para investigar. No se contradice con lo que nosotros hicimos”.
El viernes, estudiantes secundarios de la ACES, junto a federaciones universitarias, presentaron un requerimiento en Contraloría para que se fiscalice si Eyzaguirre está ejerciendo su labor en el caso de las universidades sospechosas de lucrar. La medida fue tomada un día después de la marcha con que el movimiento estudiantil hizo su estreno este 2014, reuniendo en la Alameda a más de 100 mil manifestantes, según cifras entregadas por la Confech.
“Tenemos algunas papas calientes entre manos y queremos que el Estado sea responsable», señaló el ministro Eyzaguirre a poco de asumir el cargo en marzo pasado, haciendo referencia a las investigaciones que hasta ahora el Mineduc mantiene abiertas, donde se cuentan algunas de la universidades con mayor matrícula en Chile, como las pertenecientes al grupo Laureate que, sumadas, llegan a más de 100 mil estudiantes.
La postura del ministro da cuenta de cómo la problemática del lucro se ha transformado en uno de los principales dolores de cabeza del Mineduc, algo que espera ser subsanado con el proyecto de ley del interventor estatal.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el DC Mario Venegas, respalda la reapertura de las indagatorias y señala que no hay por qué esperar los resultados del proceso que lleva adelante la Fiscalía para tomar decisiones. “Si es así, a mí me parece muy bien. Nos había parecido muy raro que se hubiera sobreseído a los planteles sin información y sin decirnos el por qué. Yo creo que está bien. No he tenido ningún contacto con la Fiscalía, porque entiendo que hay que dejarla hacer su trabajo con plena autonomía. Cada circunstancia se evalúa según las competencias de cada autoridad, y si la actual autoridad cree que es necesario investigar, que lo haga”, plantea.
El también integrante de la Comisión de Educación, el UDI Jaime Bellolio, considera que es parte de las atribuciones del Mineduc reabrir investigaciones, pero pide que se robustezca la institucionalidad para resolver estas situaciones. “Es legítimo que el Ministerio haga las investigaciones pertinentes, está dentro de sus atribuciones, pero nosotros hemos insistido que tiene que haber una institucionalidad mucho más sólida y no discrecional, para que no tenga que cerrarse una universidad cuando se investiga una universidad. Y para eso se necesita una Superintendencia”.
Sobre la figura del interventor, Bellolio valora la iniciativa, pero asegura que tal y como está formulado el proyecto no da garantías, “el interventor es una parte, pero tal como está, es una mala parte, porque las causales para intervenir son discrecionales. Y porque no queda claro que con el método actual se vaya a solucionar el problema de fondo y no vaya a repetirse el caso de la Universidad del Mar. Tal y como está, el Estado podría hacerse de una universidad y no devolverla nunca más. Es una estatización encubierta”, argumenta el legislador gremialista.
Sobre el mismo proyecto, Alberto Vásquez opina que es necesario y que le otorga mayores facultades al Mineduc. “Para prevenir que al momento de colapsar la situación económica de una institución, que la lleve a interrumpir la actividad académica, pueda haber una figura para asegurar la continuidad de estudios. En el marco general de la necesidad, dada la carencia que tenía el Ministerio, me parece una decisión correcta y adecuada”. Vásquez propone que se cree un “registro de interventores” desde donde se puedan elegir a quienes vayan a intervenir las universidades en apuros.
Eso sí, Vásquez matiza su apoyo y lanza una interrogante, “hay que preguntar al Mineduc cuán urgente es la situación de colapso de esas universidades, porque esto crea alarma. Hay que saber si en las próximas semanas las instituciones van a colapsar y caer, o si la cosa no es tan grave”.
