Peña respalda tesis de Palma y afirma que tal como está la reforma del gobierno debilita la educación pública

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, respaldó la tesis planteada por el secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma, quien señaló que de aplicar el proyecto ingresado en el Congreso se terminará con la educación pública, acuñando el concepto de «opositor involuntario» al catalogarlo como un funcionario de gobierno que se transforma en crítico al gobierno para el que trabaja.

En su habitual columna en El Mercurio, Peña explica que Palma ha devenido en este funcionario gubernamental que «sin quererlo, se transforma en crítico del gobierno en el que está empleado. Es el caso de Andrés Palma Irarrázaval, asistente principal del ministro Eyzaguirre (¡Nunca dos nombres sumaron tantas erres!). El proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago -dijo esta semana- acabará con la educación pública».

El académico explica que el democratacristiano tiene razón en sus planteamientos, ya que «los proyectos que ha presentado el Gobierno constituyen un gigantesco esfuerzo, uno de los más grandes de la historia educacional de Chile, por fortalecer a los proveedores privados de educación obligatoria».

«Si alguien piensa que estos proyectos fortalecerán el papel del Estado, no entiende absolutamente nada. Al revés, fortalecen al sector privado. En síntesis, el proyecto prevé transferir subsidios a los proveedores privados para que adquieran o arrienden los inmuebles en los que funcionan y dispone sustituir los pagos que hoy efectúan los padres por incrementos del subsidio estatal», precisa.

Explica que el resultado que se obtendrá es que los proveedores privados tendrán más patrimonio inmobiliario y recursos garantizados por las rentas provenientes de los impuestos y «la Iglesia Católica, la principal sostenedora del sector privado, podrá esparcir la buena nueva con cargo a los impuestos incluso de quienes aún no creen sus espléndidas noticias. Y lo mismo ocurre con otros sostenedores como, por ejemplo, las escuelas Matte. ¿Habrá una forma más vigorosa de fortalecer al sector privado que la que está promoviendo el gobierno? Si estos proyectos llegan a término, los padres tendrán poderosas razones para migrar al sector privado».

Recurriendo a la ironía, Peña expone que «si algo así hubiera existido en 1962, Milton Friedmann lo habría citado en Capitalismo y Libertad como un ejemplo de libertad para elegir: establecimientos privados, financiados por subsidios estatales distribuidos en proporción a la matrícula, entre los que los padres podrán, sin barreras, escoger; un verdadero mercado sin desigualdad».

Suscribiendo la tesis planteada por Palma, el rector de la UDP señala que «si estos proyectos prosperan, disminuirá la educación estatal o municipal. Allí donde hoy existe un sector privado con débil legitimidad por el hecho que depende del ingreso de las familias, habrá mañana un conjunto de proveedores privados con más patrimonio, mayores subsidios y sin causas que lo deslegitimen».

Si embargo, señala que el problema que revelan las palabras del asesor del ministro Nicolás Eyzaguirre es el grave defecto gubernamental, ya que «resulta incomprensible que un gobierno que subraya una y otra vez las virtudes de lo estatal, se haya devanado los sesos en estos primeros cien días para hacer exactamente lo opuesto: debilitarlo».

Sostiene que «el asunto es increíble y que no haya un escándalo solo es una muestra del débil espíritu crítico de los chilenos. ¿Acaso no es escandaloso que los proyectos hasta ahora presentados por el gobierno para fortalecer la educación pública (gratuita y de calidad, como suele decir la Presidenta) solo lograrán, según acaba de confesar uno de sus altos funcionarios, despoblarla fortaleciendo a su rival, la educación privada? Un gobierno seduce al electorado proponiendo fortalecer la educación estatal y, a poco andar, un funcionario designado para poner orden confiesa que, en verdad, los proyectos presentados ¡lograrán lo opuesto! En Chile se sabía de errores de proporciones, tropiezos increíbles, tonterías varias, cantinfladas y cálculos desafortunados, pero algo de esa magnitud no se conocía».

Y añade que «o se está en presencia de una chambonada (se quiso beneficiar al sector estatal transfiriendo recursos al privado) o de un giro de última hora (el propósito inicial de asegurar la provisión privada se está abandonando). En el primer caso es imprescindible que haya un responsable. En el segundo es igualmente imprescindible que exista una explicación».

Peña concluye argumentando que «la tercera vía -desgraciadamente para Andrés Palma Irarrázaval, el opositor involuntario- no existe».