Texto original fue presentado en 2006 por senadores de la Concertación
La Moneda le pone urgencia a moción que anula Ley de Amnistía y le pasa la pelota a la derecha
El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, aseguró que con esto «serán los parlamentarios en la discusión parlamentaria los que van a avanzar en la discusión de estos proyectos». En tanto, su par en la Segpres, Ximena Rincón, descartó que la medida vaya a tener algún efectos sobre causas pendientes en desarrollo.
Pasadas las 18:00 horas, el gobierno dio a conocer un anuncio clave en la conmemoración de los 41 años del golpe militar. Se trata de una serie de acciones en materia de derechos humanos, entre las que destaca la decisión de ponerle urgencia a una moción parlamentaria que contempla la anulación de los cinco artículos de la Ley de Amnistía.
«Serán los parlamentarios en la discusión parlamentaria los que van a avanzar en la discusión de estos proyectos. Lo relevante para el gobierno y para la Presidenta Bachelet es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos, que es lo que se ha hecho en el día de hoy y en el día de ayer también para los efectos de propiciar los debates en el Parlamento», señaló el ministro Gómez.
El proyecto original fue presentado en abril de 2006 por los senadores Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (MAS), Juan Pablo Letelier (PS) y Mariano Ruiz-Esquide (DC). El artículo 1 de esa moción reza «declárese insanablemente nulo por inconstitucional el decreto ley 2191 de 19 de abril de 1978 (…)».
En tanto, en su artículo 2 puntualiza que «el decreto ley 2191 carece de todo efecto jurídico para el juzgamiento de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y militares emergentes de los hechos que ella pretende cubrir, siendo en particular inaplicable a ella el principio de la ley penal más benigna, establecida en el art. 18 del Código Penal».
Por último, el artículo 3 señala que «se declara que son inamnistiables e imprescriptible
Cabe recordar que la Ley de Amnistía permite que los militares responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad entre los años 1973 y 1978 eviten las penas de cárcel.
La principal interrogante es si una eventual aprobación de la moción tendrá algún efecto sobre alguna de las causas en desarrollo. Esto, sin embargo, fue descartado por la ministra Rincón. «Efectos prácticos distintos a los que hoy día ocurren en tribunales no va haber. La sala penal no ha aplicado la Ley de Amnistía y probablemente esta discusión legislativa cierra el espacio a la posibilidad de que pudiese alguna vez aplicar», señaló la autoridad.
Con esto, el gobierno accede por fin a las reiteradas peticiones provenientes de organizaciones de DD.HH. sobre la eliminación de esta ley. En julio pasado, el Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas elevó esta solicitud, argumentando que con ello se buscaba que ningún crimen de lesa humanidad pudiera quedar impune por culpa de una libre interpretación de los hechos.
«Creemos que tiene que adecuar la normativa en esta materia a lo que rigen los estándares internacionales, porque tal y como está ahora, está sujeta a interpretación. Lo que debería hacer es derogar la Ley de Amnistía”, señaló entonces Fabián Omar Savioli, miembro argentino del Comité.
Con el anuncio del gobierno, el tema quedará dando bote en la cancha de la derecha, ya que el futuro de la cuestionada norma deberá debatirse en adelante a nivel parlamentario.
Los temas de derechos humanos han sido motivo de permanente conflicto para la Alianza. Cabe recordar el fuego cruzado que se levantó en septiembre de 2013, cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera encabezó la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado y habló de los «cómplices pasivos» de la dictadura. «Hubo muchos que fueron cómplices pasivos: que sabían y no hicieron nada o no quisieron saber y tampoco hicieron nada», afirmó el ex Mandatario.
Sus dichos desataron la molestia en la Alianza, sobre todo entre personeros de la UDI, que se mostraron públicamente dolidos.
En tanto, el anuncio que por la misma fecha hizo el ex Presidente sobre el cierre del Penal Cordillera, en donde cumplían condenas militares condenados por violaciones a derechos humanos durante la dictadura, también desató críticas y molestia en la Alianza. En su momento, el propio ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, intervino con duros dichos, asegurando que «la centro derecha no ha hecho la pérdida o el costo definitivo de que algunos de sus integrantes hayan sido partidarios del régimen militar, y eso se ha terminado convirtiendo en una debilidad crónica para nuestro sector».
