«Consideramos que estos juicios personales no corresponden a quien debe ser imparcial en su labor de control y fiscalización de los órganos del Estado y no son expresión de la tradición institucional de la Contraloría”, dijo con tono enérgico el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde.
El gobierno rechazó este miércoles las declaraciones que formuló el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, durante un seminario realizado el martes último y donde, utilizando un lenguaje coloquial, hizo una crítica general tanto a las reformas que impulsa el gobierno como al funcionamiento de distintas instituciones.
“El contralor se extralimitó y no opinó con la prudencia propia del cargo que detenta. Consideramos que estos juicios personales no corresponden a quien debe ser imparcial en su labor de control y fiscalización de los órganos del Estado y no son expresión de la tradición institucional de la Contraloría”, dijo con tono enérgico el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, sobre las opiniones que, según informó La Segunda, deslizó Mendoza durante el II Congreso Interuniversitario de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
Y pese a que el contralor aclaró sus dichos y aseguró haber sido sacado de contexto por parte del vespertino, Elizalde insistió en que el Ejecutivo lamentaba que opinara “sobre temas que no tienen relación con su rol institucional”.
La escueta declaración de Elizalde dejó en evidencia la preocupación que generó en La Moneda la salida de libreto de la autoridad, no sólo por sus críticas internas, sino porque dedicó parte de su alocución a citar como un ejemplo de “montonero” a Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina, Cristina Fernández. Lo anterior, porque dada la importancia de su cargo, igualmente había puesto a la diplomacia nacional en una incómoda posición frente al gobierno trasandino.
Las versiones que circulaban a interior de la sede del gobierno es que fue la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, quien llamó a Mendoza para pedirle explicaciones y que fue en esa conversación donde este último se comprometió a emitir una declaración pública para precisar sus dichos.
En Palacio están conscientes de que el “corazón” del contralor está con la derecha. De hecho fue este sector el que impulsó su nombramiento durante el primer gobierno de Michelle Bachelet en abril de 2007. Pero otra cosa, aseguran, es que aborde públicamente temas que no son de competencia de la Contraloría. Tampoco le aceptaron la explicación de que sus dichos fueron durante una actividad privada, ya que consideran que el único espacio privado de una autoridad de su jerarquía es el “living de su casa”.
Los análisis tampoco se hicieron esperar y según algunas versiones, sus palabras abrieron la posibilidad de que se le pidiera inhabilitarse cuando la Contraloría se pronuncie respecto a temas sensibles sobre los cuales dejó clara su opinión en el seminario de la UC, como la Reforma Tributaria. En todo caso, y consultado al respecto, el ministro Elizalde respondió molesto: “Seamos serios y no mezclemos los temas”.
Lo que sí está descartado es que el gobierno, que no tiene facultades para pedir su renuncia, debido a que la Contraloría es un organismo autónomo, promueva una acusación constitucional contra Mendoza para lograr su remoción o simplemente solicite que renuncie voluntariamente al cargo que debe desempeñar hasta abril de 2015.
