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Impacto y efectos en la UDI tras resolución que declara a Jovino Novoa un peligro para la sociedad

Un mazazo en la cabeza de la UDI

por 10 julio, 2015

Un mazazo en la cabeza de la UDI
Desigualdad, injusticia y persecución son las palabras que más repiten los dirigentes gremialistas para explicar el difícil momento que atraviesa el partido y su líder histórico, Jovino Novoa, detenido bajo arresto domiciliario total. El golpe fue tan duro que ha contribuido a la unidad y a acallar las voces más escépticas. Hoy, todos en la UDI comparten la convicción de que son víctimas de revancha política y ensañamiento judicial.
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En el análisis previo, el escenario judicial más adverso era que el hombre fuerte de la UDI, el ex senador Jovino Novoa, imputado en el Caso Penta por facilitación de boletas falsas y delitos tributarios reiterados para financiar campañas políticas, quedara con arresto domiciliario nocturno. No esperaban un arresto domiciliario total. Ni los gremialistas, ni la defensa, ni el propio Jovino. La decisión del juez Juan Carlos Valdés los dejó atónitos.

Luego, confiaban en que la Corte de Apelaciones, tal como sucedió en el caso del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, revirtiera la medida cautelar. Pero, ayer, la Cuarta Sala rechazó por 2 votos contra 1 el recurso presentado por la defensa de Novoa, el que deberá permanecer encerrado en su casa hasta nuevo aviso por ser considerado un peligro para la sociedad.

Como si fuera poco, para agravar aún más la situación, en la segunda audiencia de formalización, realizada este lunes, la Fiscalía insinuó que la plata recaudada por el ex senador podría haber ido a parar a su bolsillo, configurando –al menos en términos éticos– un temido fantasma de la clase política chilena: el enriquecimiento personal.

Un golpe triple que la UDI aún no termina de digerir. El clima que se vive al interior del partido es de mucha desazón y profunda molestia. Se sienten abatidos y, sobre todo, como ya han dicho en reiteradas ocasiones, y argumentó la defensa en la audiencia, víctimas de una “persecución política” por parte del SII y el Ministerio Público. “La situación es muy injusta”, repiten una y otra vez, dirigentes de todas las facciones.

Si la agudización del caso en tribunales pudo haber incrementado las divisiones internas sobre la posición que debe adoptar el partido con respecto a Novoa, lo concreto es que el efecto fue el contrario. Distintos dirigentes coinciden en que su arresto “contribuyó a la unidad”. La UDI se alineó tras la convicción de que existen motivaciones políticas y que se está tratando de perjudicarlos más allá de la ley. Incluso los que eran más reticentes a apoyar la defensa del ex senador, dicen haber cedido ante la evidencia.

Hasta los alcaldes que están presionando por definiciones para la fórmula de las próximas elecciones y que han manifestado su molestia porque serán los principales perjudicados por los efectos del Caso Penta, también comparten la idea de que son víctimas de una persecución.

El lunes en la tarde, durante la Comisión Política, que se extendió por más de tres horas, entre otras materias, se analizó la resolución contra Novoa y tomó fuerza una idea que ronda desde hace un tiempo. El partido estudia pasar al contraataque con acciones judiciales, aún no se define si de forma corporativa o a nombre de algunos parlamentarios. De todos modos, primero las acciones se coordinarán con la defensa del ex senador, liderada por Matías Balmaceda, Francisco Cox y Matías Schweitzer.

Una vez concluida la comisión, el secretario general y el presidente del partido, que habían optado por restarse de las audiencias, se dirigieron a la casa de Novoa para darle una clara muestra de respaldo. Cerca de las 22:15 horas, Jovino Novoa se encontraba solo, cumpliendo la cautelar. Primero llegó Guillermo Ramírez y minutos después Hernán Larraín. En una breve reunión, el ex senador les comentó que estaba muy sorprendido y que consideraba la resolución del juez como “absolutamente desmedida”.

Y esa es la sensación que ha permeado hacia abajo: desmesura y enseñamiento contra su líder histórico. “Cuando una persona está siendo objeto de una investigación abusiva, cae en la indefensión absoluta. ¿Qué se puede hacer frente a un poder del Estado que se ensaña contra ti? No hay forma de que te puedas defender. No hay nada que pueda hacer Jovino para defenderse como corresponde”, se lamentó el secretario general, Guillermo Ramírez.

Otros parlamentarios consideran que está todo demasiado teñido de tintes de figuración mediática y acusaron “parafernalia del juez para justificar el arresto total”. Entre los que han cuestionado públicamente la decisión judicial están Ernesto Silva, María José Hoffmann y José Antonio Kast. “Mientras a Novoa se aplica todo el rigor, cercanos a Pdta. Bachelet y MEO siguen impunes... ley pareja?”, tuiteó este último.

En la misma línea planteada en la Comisión Política, en la reunión de la bancada del día martes se habló de enfrentar el complejo escenario de forma unida y se pidió no profundizar en diferencias a través de la prensa.

Al día siguiente, luego de conocerse la declaración de Michel Jorratt ante la Fiscalía, algunos diputados plantearon evaluar la realización de una acusación constitucional contra Rodrigo Peñailillo, el que puede ser acusado hasta seis meses después de dejar el cargo.

Los argumentos de la persecución

Según los dirigentes gremialistas, la desigualdad de trato respecto de los involucrados en el caso SQM es notoria y evidente. “En nuestro caso se cuestiona y formaliza a los candidatos, en SQM sólo al operador político y la audiencia se pospone para cinco meses más. ¿Por qué no se persigue a las candidatos de la Nueva Mayoría?”. Efectivamente, hasta ahora, por tribunales solo han desfilado miembros de la UDI y RN.

Otro motivo de queja es la celeridad con que se han llevado adelante las indagatorias. La UDI considera que el caso SQM avanza muchísimo más lento. Aunque existen diferencias importante entre ambos casos. El Caso Penta comenzó en septiembre y la Fiscalía contó con las declaraciones de los controladores del grupo, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que inculpaban directamente a Novoa como recaudador de los fondos, y el testimonio clave de Hugo Bravo. En cambio, el caso de SQM explotó en enero y el ex gerente general, Patricio Contesse, se negó a colaborar con la justicia e intentó bloquear el accionar de la Fiscalía.

En la UDI también cuestionan las filtraciones a la prensa y el sigilo con que la Fiscalía ha tomado declaraciones a personeros como Rodrigo Peñailillo y Giorgio Martelli .

Para reafirmar la tesis persecutoria, tras la formalización de Novoa, Hernán Larraín aseveró en conferencia de prensa: “Lo que estamos pidiendo es igualdad de trato, porque en más de una oportunidad, ha habido discriminación y sólo parece que las personas que han estado en problemas por malas prácticas de financiamiento electoral serían de los partidos de oposición, en circunstancias que todos los chilenos saben que todos los partidos, de Gobierno y de oposición, incluyendo las candidaturas presidenciales, incurrieron en malas prácticas. Es curioso que solo algunos estén sufriendo las consecuencias”.

De todos modos, la Fiscalía descartó que persiga fines políticos. El Fiscal Nacional Sabas Chahuán ha reiterado que llevará adelante todas las investigaciones y que perseguirá a todos los involucrados en ambos casos. “Vamos a formalizar a cualquier persona, no importa de qué sector político sea”, contestó Chahuán a los reclamos de la defensa. “Una cosa es decirlo y otra hacerlo. Está pendiente la demostración”, replican desconfiados en la UDI.

En el capítulo referido a las presiones, la UDI reclama que el Ejecutivo tiene diálogo directo con Fiscalía y con el SII. De hecho, Michel Jorratt, en sus declaraciones ante el Fiscal Nacional, reconoció que el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, intentó frenar la investigación de la arista SQM. Sin embargo, también dijo que recibió presiones del senador Juan Antonio Coloma para que Impuestos Internos no se querellara en contra de Novoa, pues, de lo contrario, “no les quedaría otra que contraatacar”.

Los argumentos acogidos por el Juez para dictar la cautelar, en relación con su calidad de abogado y legislador experto en materia tributaria, podrían complicar el ya difícil escenario judicial que enfrenta Jovino Novoa, que arriesga 5 años y 1 día en caso de ser condenado a pena efectiva.

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