Alberto Ayala, Fiscal Regional Oriente, es investigado por informar al ex jefe de gabinete
La Fiscalía Nacional determinó iniciar una investigación penal en contra del persecutor de la Fiscalía Oriente por entregar información de la causa SQM a la ex autoridad. Esas operaciones dejaron huellas en el Servicio de Impuestos Internos y en el Ministerio Público, y dan cuenta de la desesperación del ex jefe de gabinete por la entonces arista del Caso Penta que terminó sacándolo del cargo. El hecho viene a cuestionar la efectiva autonomía de la Fiscalía respecto del poder político.
El jueves 23 de julio el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Cristián Vargas, llegó a declarar como testigo en la arista SQM que actualmente comandan los fiscales Emiliano Arias y Carmen Gloria Segura. Su testimonio sería crucial para destapar una operación hasta ahora oculta y que se transformaría en la pieza clave que faltaba para explicar uno de los intentos para frenar la investigación por los pagos irregulares de las grandes empresas a la política.
Lo que le preguntaron a Vargas, y lo que Vargas respondió, le dio sustento a una sospecha que la Fiscalía Nacional albergaba hacía varios meses: la fuga de datos de la indagatoria Penta-SQM de la oficina de Alberto Ayala a La Moneda.
Por estos hechos, la Fiscalía hizo pública ayer una investigación penal en contra del fiscal jefe de la Zona Metropolitana Oriente. La decisión se tomó luego que el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se enterara de la declaración del ex subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, quien señaló que por terceras personas se había enterado de que Ayala le entregaba información al Ministerio del Interior, antes de febrero de este año, cuando la causa fue asumida por Chahuán. Ayala ha sido considerado, desde el interior del mismo Ministerio Público, como el más político de los fiscales, con redes y conexiones que ha sabido usar en todos los sectores.
La declaración de Vargas apuntó a las mismas palabras que había dicho mucho antes Jorratt sobre el tema. Luego de que el SII presentara la querella contra SQM el 9 de enero pasado, fue comentario la inmediatez con la que Rodrigo Peñailillo manejaba los detalles de esta. Según informó La Tercera, el subdirector Jurídico Cristián Vargas le preguntó al director del servicio, Michel Jorratt, cómo Peñailillo había obtenido la información, ya que no había detalles de la diligencia en el comunicado y además la querella estaba bajo reserva. Ante esto Jorratt le habría respondido que “un fiscal” había advertido a Interior sobre el hecho.
El Fiscal Regional de Tarapacá, Manuel Guerra –hombre cercano a Chahuán, según apuntan fuentes del Ministerio Público–, asumió la investigación contra Ayala, a quien le notificaron esta decisión el mismo viernes 24 de julio.
Michel Jorratt ya había apuntado a las “presiones” que existían desde Interior sobre el Servicio de Impuestos Internos (SII) por la indagatoria que llevaba adelante el organismo. La primera advertencia sobre esta preocupación llegó en noviembre de 2014, según declaró el ex director a la Fiscalía.
Según las palabras de Jorratt, fue Andrea Palma –jefa de gabinete del entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas–, la persona que le transmitió “la preocupación” que existía en Interior por la indagatoria. “Esta me indicó que el Ministerio del Interior estaba muy preocupado de que el SII investigara a SQM”, dijo Jorratt y agregó que Palma sólo “tenía que transmitirle” la preocupación de Interior.
En su declaración, Jorratt señaló que le había “sorprendido” la preocupación, ya que por esas fechas él no sabía que SQM aparecía en el horizonte de las indagaciones que llevaba adelante el Servicio. También sostuvo que el ex ministro Rodrigo Peñailillo manejaba una serie de datos y detalles sobre la investigación que incluso él desconocía.
[cita] La revelación hecha por Jorratt y Vargas viene a cuestionar la independencia política que, se supone, debe regir el funcionamiento del Ministerio Público. “Si resulta cierto que Alberto Ayala le entregó información reservada al entonces ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, quien está imputado en la arista SQM, estaríamos ante un hecho que no solo reviste violación del secreto, sino que ante una de las vulneraciones más burdas de la autonomía que tiene que tener el Ministerio Público frente al poder político y económico”, señaló Mauricio Daza, abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente en la arista SQM. [/cita]
Pero la bomba de la verdad terminó de explotar con la declaración de Cristián Vargas ante la Fiscalía. Quienes conocieron la declaración de Vargas señalaron que es efectivo que la fiscal Segura le preguntó a este sobre la declaración de Michel Jorratt en la que apuntaba a que un fiscal le entregaba información a Interior. Las mismas fuentes aseguran que Vargas mencionó a Alberto Ayala en su declaración.
Desde el entorno de Ayala comentan que su decisión fue inhabilitarse del caso SQM cuando se enteró de la querella del SII contra Wagner que involucraba a esa empresa. El Fiscal Regional declinó referirse a la indagatoria abierta en su contra por el Ministerio Público.
El 9 de enero de este año marca un hito en la causa que ha sacudido al mundo político. Ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella por delito tributario en contra de Pablo Wagner San Martín y de su cuñada, María Carolina de la Cerda, por la facilitación y uso de boletas de honorarios falsas, la obtención de devoluciones de impuestos indebidas y la omisión de ingresos en las declaraciones de Impuestos a la Renta en que incurrió Wagner.
Entre los antecedentes que se presentaron para la querella, figuraban dos boletas de la cuñada de Wagner emitidas a SQM que estaban fechadas en 2009. Entre las diligencias que el SII pidió a la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), estuvo que entregara “toda la documentación contable correspondiente a los años comerciales 2009 a 2014”. De esa forma, se tiraba de la hebra de una madeja que Peñailillo no quería desenredar.
Según fuentes al interior del SII, aunque una de estas boletas apuntaba a la campaña de Joaquín Lavín, se abría el flanco SQM que amenazaba a la Nueva Mayoría. Quienes conocieron los hechos señalan que Ayala se reunió con Peñailillo y el fiscal le hizo presente que esta nueva arista lo obligaría a inhabilitarse por los años que trabajó para la minera no metálica. Las mismas fuentes comentan que entonces Ayala tenía una relación “privilegiada” con Peñailillo. Este hecho hizo que Peñailillo le reclamara directamente a Hacienda, y estos a su vez a Michel Jorratt. Mientras Ayala pudiera supervisar la investigación, Peñailillo podía tener una mejor información de la marcha de la misma y controlar de mejor forma el caso.
A partir de este hecho se desnuda, también, el vínculo con el recaudador de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli. En abril de este año, El Mostrador publicó que las boletas de SQM llegaban hasta La Moneda. Fuentes al interior del SII señalan que Peñailillo se “desesperó” y que, cada vez que en el departamento de jurídica del Servicio se citaba a alguien de SQM, el ex ministro del Interior se enteraba incluso antes que el mismo director.
La revelación hecha por Jorratt y Vargas viene a cuestionar la independencia política que, se supone, debe regir el funcionamiento del Ministerio Público. “Si resulta cierto que Alberto Ayala le entregó información reservada al entonces ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, quien está imputado en la arista SQM, estaríamos ante un hecho que no solo reviste violación del secreto, sino que ante una de las vulneraciones más burdas de la autonomía que tiene que tener el Ministerio Público frente al poder político y económico”, señaló Mauricio Daza, abogado querellante de la Fundación Ciudadano Inteligente en la arista SQM.
El presidente de la Asociación Gremial de Fiscales, Claudio Uribe, planteó que hay que ser cuidadoso y no crucificar a nadie en la plaza pública antes de que se sepa si estos hechos son ciertos o no. Sin embargo, señala que la independencia de la Fiscalía y el poder político es de rango constitucional y «define al Ministerio Público como un órgano autónomo y la elección de las autoridades de este se hace a través de un sistema en el que intervienen los tres poderes para que la Fiscalía esté ajena a cualquier interferencia». Uribe también advierte sobre la gravedad de la situación si estos hechos fueran ciertos. «Lo condenaríamos con la mayor fuerza y es precisamente algo que el constituyente quiso evitar al expresar la autonomía del Ministerio Público”.
Alberto Ayala es el Fiscal Regional que más tiempo ha durado en el cargo. En el Ministerio Público comentan que ha sabido moverse, hasta ahora, con precisión. Eso le ha permitido llevar más de 14 años en esa posición, pese a que la ley solo lo faculta para estar ocho años como máximo. Lo que Ayala ha hecho ha sido cambiarse de región cuando se acerca el plazo límite.
Desde un comienzo el Fiscal Regional que hoy es investigado por sus pares ha tenido actuaciones polémicas en el caso. A inicios de enero de este año debió inhabilitarse de la arista SQM, ya que fue durante doce años abogado de la minera controlada hoy indirectamente por Ponce Lerou.
Luego, en febrero, estuvo a punto de quedarse con el caso Penta, luego de derivar la arista SQM a la Fiscalía Centro Norte. Esa jugada fue conocida como el “golpe blanco” que buscó sacar de la indagatoria a Carlos Gajardo, el persecutor que destapó el caso de las platas políticas y quien sería “incontrolable” para Ayala, según comentaron varias fuentes a El Mostrador en esa ocasión.
Pero no funcionó. El hecho de que un fiscal, hijo del senador del PS Carlos Montes, Andrés, quedara a cargo de la arista SQM –la que involucraba a figuras del oficialismo–, infló la sospecha pública y finalmente Sabas Chahuán dio un golpe de timón asumiendo él todas las aristas e incorporando a Gajardo como un colaborador.
En ese instante, Ayala quedó fuera del caso, a pesar de su intento por mantener la arista Corpesca en junio pasado, de la que también quedó al margen luego de que debiera inhabilitarse porque existían boletas de Carolina Gacitúa –asesora de confianza del senador UDI Jaime Orpis–, emitidas tanto a SQM como a Corpesca.
