Superior de Gajardo trabajó en la empresa que hoy encabeza Julio Ponce Lerou
Luego de que el Servicio presentara la acción en contra del ex subsecretario de Minería y su cuñada María Carolina de la Cerda, Ayala decidió inhabilitarse parcialmente, debido a la relación laboral que lo unió a esa empresa por 12 años. SQM también está mencionada en el informe que hizo Carlos Gajardo hace dos meses, donde menciona a otras empresas que habrían usado el modelo Penta para financiamiento político.
El Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, aceptó la inhabilidad parcial de Fiscal Regional Metropolitano Oriente “en denuncia de SII contra Soquimich” a Alberto Ayala, según informó un comunicado de dicha institución esta tarde.
“Alberto Ayala solicitó su inhabilidad sólo para resolver aquellos hechos vinculados a la denuncia del Servicio de Impuestos Internos por eventuales delitos de la empresa Soquimich”, dice el escrito. La solicitud de Ayala fue redactada el lunes pasado y en ella el jefe regional apeló a razones de transparencia, debido a que fue abogado de esa empresa por 12 años, y a “las relaciones de amistad con algunos de sus abogados y ejecutivos”, señala el comunicado.
Para tales efectos, el Fiscal Jefe de Las Condes, en su calidad de Regional Subrogante Metropolitano Oriente, José Veizaga, conocerá aquellas materias que exclusivamente tengan relación con la participación de la empresa Soquimich en los hechos denunciados, sin perjuicio de la labor que seguirá llevando a cabo el fiscal jefe de Alta Complejidad, Carlos Gajardo.
Aunque Ayala solicitó la inhabilidad parcial, luego de conocerse una denuncia del SII contra el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda por eventuales delitos tributarios, “por lo que el SII solicita y acota diligencias sobre la empresa Soquimich”, también podría enfrentarse a otros futuros escenarios, donde la empresa podría ser cuestionada.
Hace dos meses, el fiscal Carlos Gajardo hizo llegar al Servicio de Impuestos Internos una serie de testimonios y facturas que daban cuenta de que eventuales pagos irregulares vinculados a campañas políticas no solo estaban relacionados con empresas Penta, sino que también mencionaba a otras: Ripley, Soquimich, Alsacia y CorpBanca.
