Nuevamente fue suspendido el nombramiento como ministro de Lula Da Silva
La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de Presidencia fue adoptada por un juez de Sao Paulo, que argumentó que tanto el expresidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.
La figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, señalado por corrupción, continúa en el centro de la guerra abierta entre el Gobierno de Dilma Rousseff y la Justicia, que alimenta el caos político que vive Brasil.
Lula, que asumió el jueves el Ministerio de la Presidencia en el equipo de Rousseff, ha visto en las últimas horas como diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, después le daban luz verde y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento.
Un laberinto judicial que mantiene al expresidente en una suerte de «limbo» y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común.
La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de Presidencia fue adoptada por un juez de Sao Paulo, que argumentó que tanto el expresidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.
Acusado de lavado de dinero y falsificación, como ministro, Lula solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, que tiene un ritmo propio, sensiblemente más lento que los tribunales ordinarios.
El nombramiento le permite escapar de la sombra del juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones del caso Petrobras que salpican tanto al expresidente como a dirigentes de todo el arco político, altos funcionarios y empresarios.
El Gobierno insiste en que su designación responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a la crisis política y a la económica, mientras que para la oposición es una maniobra para evitar sentar al expresidente en el banquillo por corrupción.
El acoso al Gobierno de Rousseff avanzó hoy con la filtración de una escucha telefónica en la que el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, presiona al Ejecutivo para tomar medidas y evitar el cumplimiento de una posible orden de prisión preventiva contra Lula.
«Tienen que moverse», dijo Falcão en una conversación telefónica el pasado 10 de marzo al entonces ministro de la Presidencia, Jaques Wagner -nuevo jefe de Gabinete.
Medios locales apuntan que la conversación fue grabada por el equipo policial que investiga el caso Petrobras el mismo día en que la Fiscalía de Sao Paulo le pidió a la Justicia que ordene la prisión preventiva contra Lula.
La incógnita es quién ordenó grabar y filtró esas conversaciones, si ni el presidente del PT ni el entonces ministro de Presidencia estaban bajo investigación.
Desde el Ejecutivo apuntan contra el juez Moro y quieren abrir una investigación sobre supuestas escuchas ilegales en el palacio presidencial después de que, el miércoles, el magistrado divulgara la grabación de una polémica conversación entre Lula y Rousseff.
En ella, la presidenta le explica a su padrino político que le envió con un mensajero un documento con su nombramiento como ministro de la Presidencia para que lo use «en caso de necesidad».
Un diálogo que analistas locales interpretaron como una evidencia de la preocupación de ambos por la posible detención preventiva de Lula antes de su asunción como ministro.
Para Rousseff, «no es válido» grabar a un presidente «sin autorización judicial», que tiene que ser concedida por el Tribunal Supremo.
«En muchos lugares quien pone escuchas a un presidente es arrestado, si no tiene autorización de la justicia», advirtió hoy la mandataria, acosada por la amenaza de un juicio político «destituyente» impulsado por la oposición.
En sesión extraordinaria, la Cámara de los Diputados acordó hoy acelerar el trámite del posible juicio político.
La mandataria tiene un plazo de diez sesiones parlamentarias para presentar su defensa ante la comisión especial que determinará si existen méritos jurídicos para procesarla por las acusaciones -formuladas por juristas y cuatro partidos de oposición- basadas en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
El trámite será netamente político y la correlación de fuerzas será decisiva en un Parlamento en el que el apoyo a Rousseff mengua cada semana.
Desde el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Wellington Moreira Franco, exministro de Rousseff, se mostró hoy convencido de que su formación romperá su alianza con el Gobierno en la reunión anticipada para el 29 de marzo.
La elección está entre «romper o romper» con el Gobierno, dijo el dirigente del PMDB, el partido del vicepresidente Michel Temer, que asumiría la Presidencia en caso de la destitución de Roussef
