La idea, según se comenta, es que las empresas se inclinen por el sector de la sociedad que tiene mayores niveles de ingresos.
Tuvo que pasar medio año para que el Gobierno decidiera legalizar el uso de las aplicaciones, descartando de antemano la prohibición de sus servicios.
El Misterio de Transportes tomó la decisión de fijar un marco legal que permita regular ambas aplicaciones, exigiendo a todos los conductores contar con una licencia de conducir profesional tipo A (después de dos años de licencia B), algo resistido por Uber, quienes argumentan que eso restringe la cantidad de gente que puede unirse.
Asimismo, la propuesta crea un registro de antecedentes para los conductores, con el objetivo de evitar que personas con antecedentes penales trabajen en dichos servicios.
La norma también exige que las aplicaciones cuenten con automóviles de alto estándar y con un mecanismo de precios, que fijará un cobro extra por kilómetro recorrido y la eliminación del pago en efectivo. La idea, según se comenta, es que las empresas se inclinen por el sector de la sociedad que tiene mayores niveles de ingresos.
Con respecto a la tarifa, será regulada por un panel de expertos y se establecerá un pago por kilómetro recorrido que dependerá del horario y del nivel de congestión.
El presidente de la Confederación Nacional de Taxistas, Luis Reyes, expresó que «no es lo que hubiésemos querido. Nuestra aspiración es que los saquen de circulación, pero con vehículos sobre 20 millones de pesos, donde cobren por kilómetro recorrido, no nos complica tanto».
Hasta hoy, Uber y Cabify funcionan al margen de la ley, pero han sido valoradas por los usuarios, especialmente por la geolocalización.
