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Situación pone en riesgo salud de los consumidores

El colapso del Terminal Pesquero: multas impagas, sumarios sanitarios y graves problemas en la cadena de frío de los pescados

por 13 diciembre, 2016

El colapso del Terminal Pesquero: multas impagas, sumarios sanitarios y graves problemas en la cadena de frío de los pescados
En dos años la Seremi de Salud cursó 15 multas a la sociedad encargada de la administración del lugar que comercializa el 80% de los recursos pesqueros frescos que se venden en el país. Los locatarios acusan que, además de problemas sanitarios, existe mala gestión y malos tratos por parte de la sociedad que, en 2004, ganó una licitación impulsada por una fundación que poco antes había obtenido la concesión del lugar por parte de Bienes Nacionales. Las autoridades se han lavado las manos por años en torno a un proyecto que buscaba promover el consumo de productos del mar y generar mejoras para toda la cadena del sector. Un nuevo menjunje público-privado que termina en tierra de nadie.
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Miércoles 7 de diciembre. 9 a. m. No hay mayor movimiento en el Terminal Pesquero Metropolitano (TPM), ubicado hace 20 años en Américo Vespucio Sur 1.500, en la comuna de Lo Espejo.

Para ingresar, es necesario pagar en un peaje que vale 1.800 pesos. La mayor parte de la gente que se ve ese miércoles está compuesta por locatarios limpiando pescados y mariscos, cargadores trasladando cajas con productos del mar y personal administrativo y de seguridad. Uno de ellos se acerca y exige bruscamente no tomar fotos. ¿La razón? No hay razón, simplemente no se puede, responde molesto.

El lugar es un mercado mayorista de productos frescos del mar que, según cifras de Sernapesca, representa el 80% de los recursos pesqueros frescos que se comercializan en el país. Es así como al año se mueven 35 mil toneladas de este recurso (65% de pescados y 35% de mariscos).

Originalmente, el TPM se encontraba en la Comuna de Santiago, en Balmaceda con Bulnes, pero fue trasladado a este terreno de 5 hectáreas perteneciente al Ministerio de Bienes Nacionales tras una donación del gobierno japonés para su construcción, en 1996.

Hasta 2004 la administración del lugar estuvo a cargo de la Fundación Mercamar, integrada por representantes del Estado y del mundo privado, tras lo cual, y a través de una licitación, se privatizó.

En medio del intenso olor, que impregna la ropa e incluso los documentos, hoy los locatarios reclaman por la existencia de una serie de deficiencias en el lugar, que se encuentra en condiciones higiénicas bastante lejos del primer mundo. De hecho, en los dos últimos años la Seremi de Salud Metropolitana ha cursado 15 multas a la administración del TPM.

También denuncian abusos por parte de la señalada administración.

Los dardos de los comerciantes apuntan contra los operadores, la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano S.A., vinculada a Jaime Patricio Rey Cortés, miembro del clan del holding Distal, que entre otros controla la distribuidora de alimentos del mismo nombre, que entrega servicios dentro de la red estatal de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y Fundación Integra.

Pero también hay molestia con el Estado, específicamente con el Ministerio de Bienes Nacionales, al que acusan de dejar a su suerte un proyecto que nació con el objetivo de incentivar el consumo y comercialización de productos del mar, y que fue concebido como una iniciativa de gran relevancia e impacto socioeconómico que involucraba y beneficiaba a la cadena de comercialización completa: pescadores artesanales, comerciantes, transporte, proveedores relacionados y consumidor final.

De hecho, según se lee en los contratos realizados por la cartera, el objetivo mayor era perfeccionar la gestión del terminal y la cadena de comercialización para aumentar el consumo de pescado y mariscos del país, “con el consiguiente beneficio para la salud de la población como para el desarrollo económico de todos los sectores involucrados”.

Intención que quedó atrapada en la gestión administrativa del terminal, realidad que ya se percibía en 2012, como dejó constancia un informe elaborado por la empresa pública Mercasa, la máxima autoridad en administración y manejo de terminales pesqueros en España.

El informe, entregado hace cuatro años, es lapidario y entre otras cosas señala que: “Podría afirmarse que la verdadera realidad del Terminal Pesquero Metropolitano es que se trata puramente de un negocio consistente en arrendar locales a los distribuidores de productos pesqueros, cobrando una tarifa por arriendo sin que haya o exista una correlación exacta por la prestación del servicio que reciben”.

Ahorrando luz

Según la gerenta general de la Asociación de Comerciantes de Productos del Mar, Ivonne Claveriè, las falencias en el terminal son profundas. Por mencionar algunos problemas –detalla–, “no hay planta de tratamiento de aguas residuales. Tienen cámaras de decantación pequeñas, saturadas, y lo que se tira ahí va por el desagüe al alcantarillado. No tienen un jefe de mercado en la noche, encargado de solucionar problemas puntuales de orden sanitario: se usa mucha agua para limpiar los pescados y mariscos, por eso de repente se estanca y empieza a subir en las naves donde están las cajas con productos, que se contaminan, y cuando eso pasa de noche no hay nadie que se haga cargo. En suma, no están haciendo la pega como un terminal pesquero requiere, sino como una empresa que vende cualquier cosa. Una verdadera inmobiliaria”.

Claveriè asegura que una práctica que es desconocida para los compradores –que incluyen supermercados, hoteles, restaurantes y ferias libres– está asociada a los cortes de luz que se realizan entre abril y septiembre y que afectan directamente la cadena de frío de los productos.

“Se trabaja con pescado fresco refrigerado. El que no venden lo ponen en cámaras de mantención de refrigeración. Pero entre abril y septiembre cortan la luz a las 5 de la tarde y la vuelven a dar a las 23:30 de la noche. Entonces tienes las 4 cámaras de mantención de refrigeración del terminal sin funcionar en ese horario, porque el equipo de respaldo que tienen alcanza para las oficinas administrativas, para iluminar las calles, pero no para las naves donde están estas cámaras. La consecuencia es que tienes un producto sin cadena de frío”.

Ante las consultas de la Fundación Mercamar sobre esta situación, desde la sociedad operadora señalaron en febrero pasado que los cortes de luz entre abril y septiembre “se deben a un convenio que se tiene con la empresa Chilectra, exclusivo para empresas con alto consumo eléctrico, según el cual se ha pactado una tarifa de invierno que tiene lugar entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. En virtud del convenio referido, entre las 17:45 y las 23:05 horas, se interrumpe el suministro eléctrico para el Terminal Pesquero. Ello, fuera del horario del funcionamiento del mismo”.

En todo caso, aseguran, cuentan con un generador eléctrico que abastece a la luminaria perimetral y las cámaras de mantención de refrigeración en caso de cualquier corte de luz, “ya sea programado o de emergencia”. Y recalcan que nunca han recibido reclamos por parte de locatarios o usuarios del terminal por este tema.

Versión que es terminantemente rechazada desde la asociación de comerciantes, formada por los 115 locatarios mayoristas que tiene el terminal, además de 22 minoristas y 107 personas del sindicato de trabajadores independientes, con el que tienen un acuerdo de asociatividad.

“El generador no funciona para las cámaras de mantención de refrigeración. Aquí la gente se las ingenia y cubre sus productos con hielo durante esas horas. Otros los dejan en camiones, que usan como congeladores”, aseveran desde la asociación.

Ivonne Claveriè explica que “un producto pesquero en estado refrigerado tiene una duración y es mínima. Los locatarios que invierten su capital en productos y les cortan la luz tienen que saberlo vender en el mínimo plazo. Si no, no pueden venderlo en el terminal. Al final igual lo venden, pero el precio no es lo mismo”.

Pero más allá de lo que esta práctica implica para los locatarios, añade que “hay un riesgo para la salud de que el producto se vaya contaminando. Los pescados se traen con vísceras adentro, que trae gérmenes, que pueden traer en la piel. Al no cumplirse la cadena de frío se multiplican los gérmenes y se deteriora la carne, pasa de una proteína a un proceso de histamina, que puede producir alergias. Entonces estas prácticas no te dan seguridad alimentaria ni inocuidad”.

Asociación público-privada 

Desde el 3 de septiembre de 1997 y hasta 2004 la administración provisoria del terminal estuvo en manos de la fundación público-privada Mercamar, compuesta por 9 miembros: el subsecretario de Pesca, un representante de la Municipalidad de Santiago, el director de Sernapesca, un miembro de Mideplan, otro de la Seremi de Salud, dos representantes de locatarios del TPM, un representante del sector industrial y uno del sector artesanal. Esquema que se mantiene hasta hoy.

En septiembre de 2003, el Ministerio de Bienes Nacionales adjudicó, a través de un contrato de concesión gratuita, su administración a Mercamar, documento firmado por el entonces subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval –hoy presidente de SalmonChile– y el Seremi de Bienes Nacionales, Germán Venegas.

Menos de un año después, en junio de 2004, la Fundación Mercamar firmaba un contrato de administración con Comercial Padre Tadeo S.A. –hoy Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano que consideraba una vigencia hasta septiembre de 2023. Este contrato fue firmado por Felipe Sandoval y dos representantes de la empresa privada.

Según recuerda Eduardo Ramírez, que fue gerente general del TPM durante parte del período en que Mercamar estuvo a cargo, “me dijeron que yo venía a ordenar el tema, que era un desastre. La idea era preparar todo para una licitación. Me tocó preparar la licitación junto con el Sistema de Empresas Públicas (SEP), ya había habido una antes, pero nadie se presentó. En esta segunda licitación, unas 10 empresas compraron las bases y postularon cuatro o cinco. Se la adjudicó el grupo Distal, que es gente correcta y ha invertido mucho dinero”.

Ramírez detalla que continuó trabajando para Mercamar –que existe hasta hoy y continúa compuesta por los mismos cargos– hasta 2010, trabajando a honorarios y con el rol de controlar que el contrato se cumpliera. “La misma Fundación me contrató para que siguiera observando. Tenía que chequear y presentar informes cada 2 o 3 meses. Cuando llegó el Gobierno de Piñera me sacaron”.

Ante las consultas de la Fundación Mercamar sobre esta situación, desde la sociedad operadora señalaron en febrero pasado que los cortes de luz entre abril y septiembre “se deben a un convenio que se tiene con la empresa Chilectra, exclusivo para empresas con alto consumo eléctrico, según el cual se ha pactado una tarifa de invierno que tiene lugar entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. En virtud del convenio referido, entre las 17:45 y las 23:05 horas, se interrumpe el suministro eléctrico para el Terminal Pesquero. Ello, fuera del horario del funcionamiento del mismo”.

A la luz del contrato entre Bienes Nacionales y la Fundación Mercamar, y como explica el abogado especialista en derecho administrativo, Luis Cordero, “de acuerdo a la ley el Estado solo te otorga una concesión a título gratuito a cambio del desarrollo de algún proyecto de interés público. Los documentos en este caso explican en qué consiste este desarrollo. El responsable de verificar que se cumpla es Bienes Nacionales. Si hay problemas con salud, no se cumplen cadenas de frío y, en suma, el proyecto no se cumple, el ministerio está en facultades para dejar sin efecto esa concesión”, afirma.

Cordero recalca que esta responsabilidad de Bienes Nacionales es independiente de que Mercamar haya licitado a un tercero la administración.

“La concesión se otorga para que la Fundación licite a un tercero la administración, lo dice específicamente el contrato. El contrato del operador es con la Fundación, que no se puede escudar en que este operador lo está haciendo mal. Al parecer la Fundación Mercamar simplemente se desentendió de esto”, dice.

El Mostrador envió una serie de preguntas a Bienes Nacionales, liderado por Nivia Palma, relacionadas con los contratos, las responsabilidades del mal funcionamiento del terminal pesquero denunciado por los locatarios, así como el rol de Mercamar.

La respuesta señala que “en agosto y noviembre de 2016, el Ministerio de Bienes Nacionales ha procedido a realizar dos fiscalizaciones en dicho lugar. Al término de estas acciones los fiscalizadores recomendaron un conjunto de materias. En virtud de dichos informes, la ministra de Bienes Nacionales recientemente ha oficiado a la Seremi de Salud para que informe de las  inspecciones realizadas al Terminal Pesquero Metropolitano. Además, se procederá a solicitar  a la Fundación Mercamar que emita un informe histórico de las inversiones obligatorias que debe realizar según el decreto que otorgó la concesión”.

En tanto, desde la Subsecretaría de Pesca, cuyo subsecretario, Raúl Súnico, preside la Fundación Mercamar, no hubo respuesta.

Cuestión de higiene

Según información recabada por la asociación de Comerciantes de Productos del Mar, entre julio de 2013 y julio de 2015, la administradora del terminal pesquero enfrentó 15 multas, acumulando un total de 940 UTM en sanciones (poco más de 43 millones de pesos).

15 multas por más de 43 millones de pesos en dos años recibió la administración del Terminal Pesquero por parte de la Seremi de Salud

15 multas por más de 43 millones de pesos en dos años recibió la administración del Terminal Pesquero por parte de la Seremi de Salud.

“Estas son las sentencias que hay hasta ahora, pero hay muchos sumarios posteriores y no todos han finalizado”, asegura Claveriè.

Hasta ahora, las 940 UTM de multas acumuladas no han sido pagadas.

El motivo, según explica el presidente del directorio de la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero, Gustavo Benko, es que “son multas desproporcionadas a la presunta irregularidad”, recalcando que el no pago de estas recae en la autoridad sanitaria, ya que asegura que “existe el derecho a someterse a prerrogativas que aplica la ley, como excepción de prescripción. Esto significa que cuando no se ejecutan las multas conforme a derecho en un plazo determinado, la propia ley señala que el infractor tiene derecho a una prescripción. Cosa que hemos hecho con la gran mayoría de las multas”. En términos simples, detalla que “como no se ejecutaron los actos que la ley señala para cobrar, prescribió. El no pago es consecuencia de la inactividad del cobro de la multa: haber notificado la multa y haber pedido la exigibilidad del pago dentro de un plazo determinado”.

Las razones de estas sanciones son múltiples. Al revisar las sentencias de la Seremi de Salud, estas detallan que entre los problemas sanitarios “se cuentan canaletas del sistema de desagüe de patios en algunos sectores con aguas sucias retenidas (…); en sector de expendio, despacho de pescados y mariscos mayorista, se constata que en muros y paneles existe materia orgánica deshidratada y adherida, indicando aseo deficiente, se observan zonas de color verde debido al crecimiento de musgo”.

Incluso se detectan problemas en una de las cámaras de refrigeración de pescados y mariscos, del área sur, que se encuentra “con acumulación de aguas sucias, paneles y cielo con óxido, carecen de sistema de desagüe en piso y sistema eléctrico se encuentra deteriorado”.

Además, “se acumulan bandejas vacías, sucias, en pasillo de tránsito de público, lo que constituye un foco insalubre y de riesgo para el público”. También se detectó que el contenedor de residuos sólidos no cuenta con cubierta, “por lo que aves y otras plagas pueden acceder a él”.

En muchos casos las multas están asociadas a la persistencia de deficiencias detectadas varias veces. Según la Asociación Gremial de Comerciantes de Productos del Mar, estas sanciones “ratifican la falta de reparación y mantenimiento estructural de las características del Terminal Pesquero Metropolitano”.

El informe elaborado por la empresa española Mercasa ya alertaba sobre varias de estas infracciones.

Además de las multas cursadas por la Seremi de Salud, el Terminal Pesquero ha enfrentado cuatro emergencias sanitarias en los últimos 12 meses.

La primera en diciembre de 2015, cuando se salió el agua del alcantarillado, se anegó el sector minorista con aguas servidas y fue necesario cerrar y sacar el público. Luego, el 17 de enero de este año, hubo un vertimiento de aguas residuales. El 29 de mayo y tras fuertes lluvias, se saturaron las cámaras de decantación, y luego, en julio, se desbordaron los desagües al interior de las naves.

Junto a los problemas sanitarios, los locatarios denuncian prácticas abusivas por parte de los administradores. Abusos que no han tenido atajo y se han ido arraigando junto a la vista gorda de las autoridades.

Desde la administración del terminal, Gustavo Benko rechaza estas acusaciones y apunta a los arriendos impagos por parte de los locatarios.

El abogado detalla que, por ejemplo, en septiembre pasado deberían haber recaudado unos 56 millones 400 mil pesos en conceptos de arriendos, pero solo obtuvieron 43 millones, pues muchos no pagaron. “Hay 13 millones en juicio”, puntualiza. Una situación similar en los casos del pago de luz, electricidad y basura, donde acusa una alta tasa de deudores.

“Los gastos de operación, tenemos pérdida mensual de 15 millones 400 mil pesos. Es horrible el negocio”, señala.

De cargador a concesionario... de un baño

Cargador hace 40 años, el "Flaco" Ayala terminó cargando con un contrato de comodato que no le genera sueldo alguno, pero sí muchas obligaciones

Cargador hace 40 años, el "Flaco" Ayala terminó cargando con un contrato de comodato que no le genera sueldo alguno, pero sí muchas obligaciones.

Extremadamente delgado, Jorge Ayala tuvo un inesperado cambio de estatus dentro del terminal pesquero el 15 de mayo de este año, tras 40 años trabajando como cargador, labor que inició en el terminal antiguo, en 1973.

Ese día, el “Flaco” Ayala firmaba un contrato de comodato con la administradora del Terminal Pesquero, donde continúa sus días como cargador; labor por la que obtiene entre 120 mil y 150 mil pesos mensuales, dinero que es clave para él y su familia, con quienes vive en la población San Gregorio.

El singular contrato –que no le genera ningún ingreso extra y que firmó estando enfermo de neumonía, según él mismo relata– le entregaba en comodato “a título gratuito” los baños ubicados en el sector mayorista del terminal pesquero. El acuerdo lo obligaba a pagar los gastos de energía eléctrica, agua potable, gas y en general todos los servicios por consumos y suministros. Entre otras curiosas cláusulas, se registra que la sociedad administradora “no tendrá obligación de hacer mejoras en los inmuebles entregados en comodato”. Al contrario, el “Flaco” Ayala quedaba como el encargado de hacer las reparaciones que fueran necesarias. El corazón del asunto radica quizás en el punto décimo del contrato, que señala que es él quien debe pagar las posibles multas cursadas por las autoridades.

El baño en cuestión había sido cuestionado por la Seremi de Salud. En junio de 2015 la autoridad sanitaria señalaba que el “vestidor para manipuladores cargadores se encuentra sucio, sin suministro de energía eléctrica, desordenado, los tres lavamanos existentes no cuentan con jabón ni sistema higiénico de secado de manos. No se puede acceder a duchas ni urinarios por estar la puerta cerrada con candado, por lo cual deben utilizar baño de uso público cuyo ingreso requiere pago”.

Baño concesionado

Las insalubres condiciones de las duchas del baño para cargadores entregadas en comodato por la administración del terminal al "Flaco Ayala

Las deplorables condiciones del lugar no han cambiado.

De acuerdo a varios cargadores y locatarios del lugar, el contrato solo refleja “una forma de matonaje por parte de la administración. Se aprovecharon del Flaquito Ayala porque no tenía cómo decirles que no”.

Sobre la situación, Gustavo Benko explica que “de acuerdo con comisiones técnicas integradas por organismos del Estado, no podíamos comprometernos a tener baño para cargadores, porque no son dependientes nuestros. Tampoco de los arrendatarios. Por eso y para poder tener acceso a un baño controlado por los mismos usuarios, le redactamos este contrato, le adecuamos un recinto pero se lo mejoramos y se lo entregamos para que se autorresponsabilicen de la mantención de su propio baño. La inspección del trabajo no puede exigirnos acerca de personas que no tienen vínculo contractual. Esto se hizo en beneficio y a petición de los propios cargadores”.

No es el único caso en que los locatarios apuntan a la existencia de abusos.

Magda Matamala (66), dueña de la cocinería “El Rincón de Doña María”, y no vidente desde 2010, acusa una persecución por parte de los administradores del terminal, donde empezó a trabajar junto a su madre cuando tenía 7 años.

Luego de mucho esfuerzo, consiguió su propia cocinería, que hoy trabaja junto a sus hijos. Según recuerda, el negocio iba bastante bien, tenían su fama ganada. Pero las cosas han ido cambiando. “Los gastos no eran tan caros como ahora, que cobran por cada cosa por separado. La idea de este terminal era difundir el consumo de pescado a toda la gente de los alrededores, enseñarles a comer, incentivar el consumo. Ahora es carísimo”.

Magda Matamala, no vidente desde 2010, reclama que sus clientes han ido desapareciendo a causa de lo que ella y su familia denuncian como abusos y mala gestión por parte de los operadores del terminal pesquero

Magda Matamala, no vidente desde 2010, reclama que sus clientes han ido desapareciendo a causa de lo que ella y su familia denuncian como abusos y mala gestión por parte de los operadores del Terminal Pesquero.

Magda relata que hace un año la administración decidió cerrar el acceso al patio mayorista donde se encuentra su negocio y las otras dos cocinerías que tiene el terminal –una terminó quebrando–, a partir de las 11 de la mañana, lo que impide que lleguen los autos a la hora de almuerzo y durante todo el día y, como consecuencia, los clientes. “El público que tengo hace 20 años aún llega, con todas las dificultades: no los dejan estacionarse porque quieren que se vayan al Restaurante Neptuno”, cuya administración tienen los mismos operadores del terminal.

Con orgullo muestra un cuaderno donde la gente felicita a su cocinería. Las páginas también están llenas de reclamos de sus clientes contra la administración del terminal, a la que acusan de estar matando el pequeño restaurante.

Mientras hablamos, un estacionador le advierte a su hija, Henia Bustos –quien se encargó de enseñarme el funcionamiento del terminal–, que tuviéramos cuidado “porque desde la administración estaban viendo qué hacíamos y nos seguían con las cámaras”.

Según Henia, que también es parte de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Productos del Mar, son muchos los atropellos que enfrentan los locatarios. “Acá gobierna la ley del terror. Si tratas de hacer algo, toman represalias. La Fundación Mercamar ni aparece. Han dejado que el concesionario haga lo que quiera, sin control alguno”, afirma.

Nota de la redacción: Tras la publicación del reportaje desde Sernapesca rectificaron la cifra que inicialmente habían entregado a este medio.

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