Octavo juzgado de garantía reabre Caso Penta y fiscales deberán declarar como testigo
Algunos sostienen que era esperable. La jugada de los defensores de los formalizados por cohecho, soborno, delitos tributarios y lavados de activos lograron que el tribunal diera luz verde a la reapertura del caso además de solicitar que los fiscales que iniciaron la indagatoria, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, deban declarar como testigos. La idea según quienes conocen la indagatoria es eventualmente sacar del camino a los persecutores y excluir la declaración de los Carlos dentro de las pruebas en un juicio oral.
Quisieron dar un golpe duro a la fiscalía y este martes los defensores en el caso Penta lo lograron. Por decisión del juez Juan Manuel Escobar, por 120 días se reabrió la investigación que ya tenía concretada la acusación de los imputados por diversos delitos, entre ellos, ilícitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos. Ante el octavo juzgado, el abogado de Carlos Délano y Carlos Lavín, Julián López, solicitó que los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, declaren por un eventual acuerdo o negociación con los imputados para que los ex dueños del holding renunciaran a guardar silencio y declararan en la investigación. Según el abogado de “Los Carlos” hubo conversaciones con la fiscalía para llegar a un juicio abreviado con sus defendidos además que se le había prometido no pedir la prisión preventiva de cara a la formalización.
Argumentos que el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, criticó. “Derechamente se busca excluir a fiscales del caso”, aseguró en audiencia el persecutor.
Fuentes que conocen la indagatoria afirman que la estrategia de Julián López es clara. Excluir fiscales y excluir pruebas de cara al juicio oral. De esta manera, el abogado de Penta busca probar que los fiscales le habrían ofrecido un procedimiento abreviado para obtener la declaración ante la fiscalía de los formalizados por soborno y delitos tributarios y después no cumplieron. La ley sanciona como prueba ilícita toda declaración done se le hace una oferta a un imputado de carácter falso. Si fuese así, y está dentro de los planes de López, se abre la puerta a un juicio oral buscando excluir prueba donde sus defendidos se autoincriminaron.
Además, si se concreta la declaración de los fiscales, luego tendrían que participar del juicio oral por lo que quedarían inhabilitados para estar en el caso. Aunque la decisión podría llegar a la Corte de Apelaciones, la decisión del tribunal de garantía no fue bien recibida por uno de los abogados querellantes de esta indagatoria. “Lamentablemente esto pone una gran interrogante sobre la continuidad de los fiscales Gajardo y Norambuena en el Caso Penta. Estudiaremos la posibilidad de recurrir en contra de esta resolución, para que un tribunal superior la revise, y en su caso, la revoque. No compartimos la decisión del juez Escobar, ya que los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido, no existiendo norma alguna que autorice que un fiscal declare como testigo en una causa que el mismo dirige, y sobre actuaciones que ha realizado como tal durante el transcurso de una investigación penal”, afirma Mauricio Daza, abogado de la fundación Ciudadano Inteligente.
Este lunes El Mostrador dio cuenta de la denuncia que presentaron abogados de imputados del caso Penta al fiscal nacional por la filtración de la acusación realizada en marzo. En el escrito se planteaba que “el texto del escrito de la acusación no estaba ni podía estar en poder de ninguno de los intervinientes ni de ningún funcionario del tribunal competente con anterioridad a su presentación formal. La fuente de la información en este caso no puede ser sino un funcionario del Ministerio Público”.
La denuncia por filtración fue firmada por los abogados Julián López, Gonzalo Medina, Jorge Bofill, Felipe Moraga, Matías Balmaceda, Rodrigo Zegers y Sebastián DalPozzo, entre otros, donde afirman que se enteraron por el diario La Tercera de la acusación del caso Penta.
Jorge Bofill, abogado de los imputados Carlos Bombal, Samuel Irarrázabal y Manuel Antonio Tocornal ya había sido consultado el día 15 de marzo en una entrevista radial si los antecedentes de la acusación era una filtración. El penalista, que firmó esta acción judicial presentada a Jorge Abbott, en dicho momento no catalogó esto como una filtración. “Cuando la recibimos en la mañana no fue ninguna sorpresa. Yo no sé si eso sea una filtración, más bien es una política comunicacional del Ministerio Público que es anticipar la noticia de las penas que van a pedir”, afirmó el abogado.
