Ana Piquer asegura que «en general no se acepta como delito terrorista un delito que afecte solamente a la propiedad».
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, se refirió al informe anual «La situación de los derechos humanos en el mundo 2017-2018» que dedica un capítulo a Chile en el que acusa al gobierno y a la Fiscalía de seguir «abusando» de la aplicación de la ley antiterrorista, promulgada en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet, para imputar a indígenas mapuches sin las debidas garantías procesales.
«Lamentablemente, sí es un tema recurrente en Chile (…) El año pasado tuvimos casos bien dramáticos, como el de Brandon Hernández Huentecol, que recibió más de cien perdigones en la espalda (…). Aquí hay un problema de abuso policial consistente que no se ha abordado de manera sistemática y hay una responsabilidad directa del Estado en el entendido de que las policías son agentes del Estado que están cometiendo violaciones a los DD.HH», sostuvo a La Tercera.
Consultada por si hay una criminalización del Estado al pueblo mapuche, Piquer aseguró que «aquí se ha ido instalando progresivamente este discurso del terrorismo mapuche y el mapuche terrorista, y eso es algo que es muy delicado, porque en definitiva se puede utilizar como excusa para saltarse los DD.HH».
En ese sentido, manifestó que «uno de los puntos que nos preocupan es la extensión de la definición de terrorismo que permite aplicar esto, que debiera ser un estatuto excepcional para situaciones muy graves (…) Si bien no hay una definición única internacional de terrorismo, sí hay ciertas definiciones, como por ejemplo, que tiene que ver con amenazas creíbles a grupos grandes de la población, que tiene que afectar la vida o salud de las personas, en general no se acepta como delito terrorista un delito que afecte solamente a la propiedad, sin afectar vidas o personas».
Sobre la Operación Huracán, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile señaló: «Es un tema extremadamente grave por muchas razones. Incluso, asumiendo que hubieran sido verdad las interceptaciones, que ahora está muy cuestionado que haya sido posible hacerlas, ya se había declarado ilegal la prisión preventiva por la Corte Suprema, porque se consideró que no se había justificado de manera suficiente la necesidad de la prisión, que es lo que dice el informe (de Amnistía), que se cierra en diciembre de 2017. Lo que empezó a surgir después a raíz del cuestionamiento de las pruebas también fue revelando otras cosas, por ejemplo, con el argumento de que esto es terrorismo, las pruebas que se habían levantado y esas supuestas interceptaciones se habían hecho de acuerdo a la ley de inteligencia, no de acuerdo al Código Procesal Penal, que tiene estándares diferentes. Esto se explicitó incluso en el acta de la audiencia de formalización, la autorización del ministro de la Corte de Apelaciones que habría autorizado esas interceptaciones decía que las autorizaba retroactivamente 30 días antes, lo que estaría aparentemente revelando que Carabineros ya estaba haciendo interceptaciones ilegalmente, sin ningún tipo de autorización».
«Entonces, personas que tal vez fueron interceptadas, criminalizadas, públicamente detenidas, mostradas en todos los medios como terroristas, que pasaron casi un mes en prisión preventiva, y que, en definitiva, se pasaron a llevar todas estas garantías por nada», concluyó.
