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La arremetida fue dirigida por la Corporación de Universidades Privadas, presidida por Pilar Armanet

El lobby del mundo privado en el TC para mantener el lucro en la educación superior

por 23 marzo, 2018

El lobby del mundo privado en el TC para mantener el lucro en la educación superior
Una vez más todos los dardos apuntan al rol “más político que técnico” que juega el Tribunal Constitucional. Esta vez el tema es el lucro en las instituciones de educación superior. Una reserva de constitucionalidad que podría ser resuelta por el TC en las próximas horas o días. El diputado Jackson destacó que si dicho tribunal decide declarar inconstitucional el artículo N° 63 de la ley, “el Estado estaría forzado a entregar cuantiosos recursos (vía créditos o gratuidad) a IES que no dan garantía de reinvertir todo en calidad, sino lucrando con esta. Es decir, con este acto arbitrario e ilegítimo del TC se retrocederían 10 años de movilizaciones y debate público”.
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Ya se ha hecho costumbre que los proyectos de ley más controvertidos, en especial los que tratan temáticas de educación, terminen en el Tribunal Constitucional (TC).

Un espacio que ha sido fuertemente criticado por el Parlamento, y hasta ha sido tildado de “tercera cámara”, ya que ha logrado modificar leyes consensuadas en el Congreso Nacional, como el caso de la gratuidad. En este caso, tras la presentación –por parte de Chile Vamos– de un recurso de reserva de constitucionalidad, la ley terminó siendo calificada de discriminadora, y debió ser ajustada para que instituciones privadas no tradicionales también pudieran acceder a la oferta de gratuidad a sus alumnos.

Algo similar ocurre con el caso de la Reforma a la Educación Superior, que tenía como uno de sus principales objetivos generar un sistema de ajuste que erradicara definitivamente y penalizara el lucro en las instituciones de educación superior. Objetivo que ha sido puesto en jaque en el TC, pero esta vez no por la acción de Chile Vamos, sino directamente por el mundo educacional privado, la Corporación de Universidades Privadas (CUP).

Una jugada que recuerda el requerimiento interpuesto por la Universidad Católica respecto a la Ley de Aborto en Tres Causales, lo que en definitiva consagró –en clara oposición al proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional– la objeción de conciencia institucional, más allá del equipo médico. La postura de la PUC fue respaldada por el TC, dándole un verdadero golpe a la propuesta del Gobierno y de la mayoría del Parlamento en materia de aborto y libertades sexuales.

El 26 de enero, la presidenta de la CUP, Pilar Armanet, rectora de la Universidad de Las Américas, ingresó un requerimiento al Tribunal Constitucional cuestionando el artículo N° 63 de la Reforma a la Educación Superior, el cual prohíbe que los controladores de las instituciones tengan fines de lucro.

El artículo señala que “las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro sólo podrán tener como controladores a personas naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven su personalidad jurídica de éstas, u otras entidades de derecho público reconocidas por ley”, lo que prohibiría explícitamente que instituciones privadas que lucren, aunque sea en otra materia, puedan ser parte del grupo controlador de las universidades.

Según el informe entregado por la CUP, esta medida sería “inédita” e inconstitucional, debido a que “bloquearía” la libertad de las personas jurídicas con fines de lucro para participar en el control de las instituciones educacionales.

También critica el hecho de que la sola existencia de una persona jurídica con fines de lucro en el grupo controlador da por entendido que se cometerá una infracción y que la institución termine lucrando. “Hay una presunción abstracta, previa e invencible de mala fe”, sostiene.

Además, la Corporación de Universidades Privadas también cuestiona el hecho de que la ley tenga un efecto retroactivo, además de asegurar que la connotación de dicho artículo debía contar con una aprobación de cuórum calificado, siendo que la normativa en específico fue aprobada por la Cámara de Diputados como norma simple.

Pero no solo fue la CUP la que mostró sus cartas desde el mundo privado, ya que también se hizo parte del proceso la organización Vertebral, que agrupa a los IP y CFT no estatales, la que hizo llegar un informe sobre constitucionalidad al TC.

Entre sus conclusiones señala que hay un “intervencionismo que agobia los derechos de los fundadores y dueños de las IES”. Agregan que lesionan fuertemente la autonomía al fijar una forma de acreditación integral, al imponer aranceles, matrículas, cobros y vacantes, entre otros.

Agrega que se discrimina al establecer requisitos disímiles para acceder a la gratuidad y poner requisitos, para el ingreso al Consejo de Rectores, que no todas las instituciones que actualmente pertenecen a este organismo cumplen. Además, cuestiona a la Superintendencia de Educación Superior y su rol fiscalizador.

El rol de Armanet

En el mundo educacional una de las cosas que más ha llamado la atención es el papel, en su calidad de presidenta de la CUP, que ha tenido la abogada Pilar Armanet, rectora de la Universidad de Las Américas hasta el mes de abril de este año.

La ex ministra de la Segegob del primer Gobierno de Michelle Bachelet, ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc de Ricardo Lagos y antigua militante del PPD, ha sido uno de los principales rostros de la postura que ha levantado el mundo privado de la educación superior. En marzo de 2010 asumió como vicerrectora académica de la UDLA y en el 2014 llegó hasta su rectoría.

En el año 2016, expresó a El Mostrador que no estaba “de acuerdo con que la universidad sea gratis para los que pueden pagar", además criticó el núcleo cerrado del Consejo de Rectores y destacó que los estudiantes más vulnerables están en las universidades privadas, como la UDLA.

Desde que se conoció la reserva de constitucionalidad, y la posibilidad de que ante un empate técnico el presidente del TC, Iván Aróstica, con su voto dirimente, incline la balanza a favor de la posición entregada por la CUP, los dardos apuntaron directamente a Armanet.

El diputado Giorgio Jackson explicó en su cuenta de Twitter: “Cómo el lobby de las Ues privadas está operando para que los recursos de la gratuidad puedan terminar en sus bolsillos”. Y destacó que los artículos de la nueva Ley de ESUP pasaron seis “controles de secretarías técnicas independientes entre sí (tres en cada cámara), ratificando unánimemente que dicha norma se debía aprobar con mayoría simple (y no quórum calificado)”.

Recalcó el hecho de que no fueran los parlamentarios de Chile Vamos los que acudieron al Tribunal Constitucional, como solía ocurrir en los proyectos anteriores, sino que había sido Pilar Armanet quien “lo pidió por escrito al TC”.

Desde la CUP destacan que este no es un acto de la rectora Armanet, sino que es una acción en nombre de las universidades que conforman la organización y que está respaldada por su directorio completo.

Durante la tarde de este jueves la CUP emitiría un comunicado, en que recalcarán la responsabilidad colectiva de la acción interpuesta en el TC, razón por la cual la rectora no emitiría declaraciones de forma personal, lo que al cierre de esta edición aún no ha sucedido. Todo esto, a la espera de que los miembros de Tribunal Constitucional den su veredicto ante el requerimiento de la Corporación de Universidades Privadas.

Del lobby en el Congreso a la presión al TC

En el Congreso llama la atención el hecho de que el mundo privado esté utilizando al Tribunal Constitucional como una tercera cámara, como una instancia más “para incidir en las leyes, según sus intereses, cuando no lo pueden hacer en el Parlamento”, indica un senador de la República.

El diputado Jackson destacó que en este caso, si el TC decide declarar inconstitucional el artículo N°63 de la ley, “el Estado estaría forzado a entregar cuantiosos recursos (vía créditos o gratuidad) a IES que no dan garantía de reinvertir todo en calidad, sino lucrando con esta. Es decir, con este acto arbitrario e ilegítimo del TC se retrocederían 10 años de movilizaciones y debate público”. Justamente el destino contrario que tenía la reforma y que, a pesar de que ocurrió con dificultad, logró tener un acuerdo entre Chile Vamos, el Frente Amplio y la Nueva Mayoría.

Desde la Cámara aseguran que ven con complejidad este traspaso del mundo lobbista hacia el TC, ya que ahí “hay ciertamente un cuoteo político, y con menos representantes es más fácil ejercer una presión mediática”.

Para evitar que sigan ocurriendo este tipo de revisiones previas a la promulgación de leyes, el Frente Amplio junto con otras bancadas de oposición firmaron un proyecto de acuerdo para pedir urgencia a ley que elimina el control preventivo del Tribunal Constitucional, lo que significaría que este tipo de revisiones, como la del caso de la Reforma a Educación Superior, no volverán a ocurrir, evitando que "agentes interesados" puedan ejercer presión política sobre el TC y "cambiar las leyes consensuadas por el Congreso", agregan desde la oposición.

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