De acuerdo al informe de la Contraloría, emitido este 5 de marzo, entre 2015 y 2016 se utilizaron dos “mecanismos irregulares” para compensar a un grupo de aportantes del FAM con recursos presupuestarios de la institución: el pago de 122,7 millones de pesos a 90 funcionarios activos de la IV División, de donde provenían los ex afiliados al fondo solidario, por medio de viáticos derivados de comisiones de servicio dentro del país.
Hoy se ha dado a conocer una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) que dio cuenta de pagos indebidos a funcionarios activos y en retiro del Ejército.
Según se señala en el artículo publicado por Radio Bío Bío, “se trata principalmente de suboficiales que aportaron dinero al Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria que fue cerrado en 2006”.
Luego del cierre del Fondo, y para justificar la devolución de sus aportes perdidos, con recursos castrenses se aplicó el uso de “viáticos por comisiones de servicio” y “pagos por contratos a honorarios”, que no se habrían realizado.
De acuerdo a lo establecido por la CGR, solo entre 2015 y 2016 el monto alcanzaría la cifra de 80 millones de pesos.
Frente a la situación, El Ejército admitió “hechos irregulares”, abriendo dos sumarios al interior de la institución, mientras el Ministerio Público y la Fiscalía Militar de Coyhaique investigan posibles delitos.
Por otra parte, 85 ex funcionarios de IV División del Ejército “presentaron demandas judiciales contra el Fisco, exigiendo una indemnización por los recursos que no les habían devuelto”.
En 2008, el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, instruyó al entonces director de Personal, Ricardo Toro, para que “buscara soluciones” para resarcir de alguna forma a los afiliados al FAM.
De acuerdo al informe de la Contraloría, emitido este 5 de marzo, entre 2015 y 2016 se utilizaron dos “mecanismos irregulares” para compensar a un grupo de aportantes del FAM con recursos presupuestarios de la institución: el pago de 122,7 millones de pesos a 90 funcionarios activos de la IV División, de donde provenían los ex afiliados al fondo solidario, por medio de viáticos derivados de comisiones de servicio dentro del país.
Otra vía de pagos irregulares fue el desembolso de 56,9 millones de pesos por parte de la Contraloría del Ejército a 19 funcionarios en retiro que fueron ahorrantes del FAM, por contratos de servicios a honorarios.
Sin embargo, en ninguno de los dos casos se encontró documentación que diera cuenta que dichos servicios se hayan prestado.
“La rama castrense destinó cerca de 180 millones de pesos de recursos fiscales para pagar por trabajos que no se llevaron a cabo, todo con el fin de restituir los fondos del desaparecido sistema informal de solidaridad”, indica el reportaje de Radio Bío Bío.
“Si bien está claro que fue el general (r) Óscar Izurieta quien instruyó buscar una solución para compensar a los aportantes perjudicados, no hay indicios de en qué momento comenzaron a ejecutarse los mecanismos irregulares mediante los cuales comenzaron a restituirse los fondos de los ex ahorrantes del FAM”, se recalca.
En respuesta, Izurieta señaló que dispuso de dos vías “que cumplían con todo el marco legal y reglamentario que regía al Ejército”. Añade que tras ello “supervisé que efectivamente se cumpliera correctamente con mi instrucción, así que puedo asegurar que durante mi mandato no ocurrió nada irregular”.
