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“La sociedad chilena se aburrió de actos de fuerza sin asumir las responsabilidades del caso. Las tomas son dirigidas por un grupo minoritario de estudiantes que pasan a llevar el derecho de la mayoría de la comunidad educativa a formarse y a estudiar por un futuro mejor”, expresa Macaya.
En el contexto de las tomas que ha habido en los colegios de la comuna de Santiago, el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, junto al diputado Osvaldo Urrutia, presentarán mañana un proyecto de ley para que estudiantes que hayan realizado “destrozos” en establecimientos educacionales tengan prohibición de acceder a la gratuidad universitaria.
Según consigna La Tercera, la moción de los parlamentarios, que busca modificar la Ley 21.091 sobre educación superior, “consagra como causal de pérdida de los beneficios que establece el Estado a los estudiantes, en caso de ser autores de destrozos y otros desmanes a la propiedad y material educativo de los establecimientos educacionales tomados, como forma de protesta, reclamo u otra motivación a las autoridades”.
En tanto, argumentan que debido a que en “nuestro derecho existen experiencias en torno a la pérdida de beneficios estatales respecto de personas que han perdido la habilidad para ser acreedores de estos a partir de hechos que implican indignidades sobrevinientes. Este es el caso de los beneficios que perciben los grupos indígenas del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”.
Adicionalmente, precisan que con la entrada en vigencia de la Ley 20.529, “la Superintendencia de Educación es la instancia administrativa encargada de fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la superintendencia, y fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos que reciban aporte estatal”.
A juicio de los diputados, es de “toda lógica” que, ante la política de un uso eficaz de los recursos públicos, los responsables de desmanes sean sancionados con la imposibilidad de acceder a la gratuidad.
“La sociedad chilena se aburrió de actos de fuerza sin asumir las responsabilidades del caso. Las tomas son dirigidas por un grupo minoritario de estudiantes que pasan a llevar el derecho de la mayoría de la comunidad educativa a formarse y a estudiar por un futuro mejor”, expresa Macaya.
