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La Fundación Ciudadano Inteligente también disparó contra la Fiscalía, tras la luz verde entregada por el Octavo Juzgado de Garantía al acuerdo con los controladores de Penta: “Lo ocurrido hoy es bastante vergonzoso, es un día bastante oscuro para el Ministerio Público”.
En picada contra la Fiscalía y la decisión del Octavo Juzgado de Garantía se manifestaron el Consejo de Defensa del Estado y la Fundación Ciudadano Inteligente, tras ser dejados fuera del caso Penta.
Para la abogada del CDE, María Inés Horvitz, lo ocurrido representa “una actuación unilateral absolutamente orientada a excluir a los querellantes”, en tanto la Fundación Ciudadano Inteligente acusó que la Fiscalía “renunció a juzgar” a los controladores de Penta.
La decisión del tribunal valida el polémico acuerdo alcanzado por el fiscal Manuel Guerra con la defensa de los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, e implica que sólo el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público podrán acusar en el juicio abreviado.
“Somos una institucion que tiene como finalidad controlar el ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, en un ámbito extremadamente sensible para la ciudadanía como son los delitos de corrupción. ¿Qué pasó acá? es la pregunta que nos hacemos, ¿qué pasó con el Ministerio Público?”, señaló Horvitz.
A la salida de la audiencia, la abogada del CDE insistió en que los delitos de la primera formalización estaban claramente establecidos y no hay nuevos antecedentes para recalificar, como planteó la Fiscalía. “Nosotros estábamos totalmente preparados para demostrarlo, porque los antecedentes de la investigación arrojan antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho respecto a Pablo Wagner y como consecuencia soborno para Délano y Lavín (…) No veo ninguna razón que esté sustentada en antecedentes de investigacion que hayan llevado a una revalorización de los hechos tal como están aceptados”, dijo.
Asimismo, dejó entrever que en el CDE evaluarán los caminos a seguir luego de este traspié, pero no adelantó detalles. “Tenemos algunas alternativas que tenemos que estudiar”, indicó.
Según el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, la decisión del tribunal frente al acuerdo entre la Fiscalía y la defensa “valida una maniobra impresentable que fue esta reformalización que tenía por único objetivo el impedir precisamente que pudiésemos oponernos a este acuerdo”.
El abogado añadió que “se trata de un acuerdo que involucra eliminar no solamente cargos vinculados a delitos de corrupción sin ninguna justificación, sino además eliminar antedentes probatorios que existían en la carpeta investigativa. Lo ocurrido hoy es bastante vergonzoso, es un día bastante oscuro para el Ministerio Público”.
Cabe señalar que la decisión del tribunal en los hechos valida el acuerdo firmado por el fiscal regional Manuel Guerra y los abogados de los imputados, que suprime los delitos de cohecho y soborno en la causa. La Fiscalía se comprometió a retirar los cargos de soborno para Lavín y Délano pero mantiene los delitos tributarios, por presentación de boletas y facturas ideológicamente falsas en carácter de reiterado, en tanto a Wagner se le quitan los cargos por cohecho y se le acusa de enriquecimiento ilícito. De este modo, los imputados podrán acceder a un procedimiento abreviado a 4 años de presidio en libertad vigilada, sin pena efectiva de cárcel, como se había pedido en un principio cuando los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena dirigían el caso.
