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“Supremazo”: CIDH advierte a Chile que liberación de violadores de DDHH puede llevar a la impunidad

por 17 agosto, 2018

“Supremazo”: CIDH advierte a Chile que liberación de violadores de DDHH puede llevar a la impunidad
Apelando a los estándares del derecho internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una contundente declaración recordando que “el Estado tiene la obligación de no dejar impunes estos crímenes” y que al aplicar beneficios es necesario tener en cuenta “requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de derechos humanos”.
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A través de una extensa declaración, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las resoluciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de otorgar la libertad condicional a 7 represores condenados por graves violaciones a los derechos humanos.

“En cinco de los casos, al tomar esta decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema revocó las resoluciones de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido las resoluciones dictadas por la Comisión de Libertad Condicional en abril de este año. Estas resoluciones, basadas en informes psicológicos realizados por Gendarmería, advierten que los condenados tienen insuficiente o inexistente conciencia del delito y del daño ocasionado a consecuencia de aquel, o validan o justifican sus conductas delictuales, entre otros aspectos”, advierte el comunicado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene como mandato promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Según la presidenta de la CIDH, Comisionada Margarette May Macaulay, “la aplicación de beneficios debe tener en cuenta que es necesario aplicar requisitos más exigentes para casos de graves violaciones de derechos humanos. De lo contrario, tornaría inefectiva la sanción que se impuso, en contravención con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en materia de graves violaciones a los derechos humanos”.

El llamado de la atención de la CIDH se suma al expresado por otros organismos internacionales, como el Comité ONU contra la Tortura, que también advirtió a Chile instando a que los violadores de DDHH cumplan penas efectivas.

Ante la CIDH además recurrieron dirigentes de la oposición, bajo el argumento de que el “Supremazo” a favor de violadores de DDHH implica “denegar el derecho a la justicia a los familiares de las víctimas”, según explicó el excanciller, Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD) quien promovió la presentación junto al presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, y el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y también excanciller, el senador José Miguel Insulza.

Por parte del Gobierno, la portavoz Cecilia Pérez, explicó que “es perjudicial, en un Estado de Derecho, arrogarse la facultad de otros poderes del Estado. En Chile es el Poder Judicial quien conoce las distintas causas que se requieran y quien establece las condenas, las inocencias y también los beneficios carcelarios”.

Argumentos de la CIDH

En su comunicado, la CIDH recuerda que en relación con penas impuestas por graves violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido al deber estatal de “abstenerse de recurrir a figuras que pretendan suprimir los efectos de la sentencia”.

“El Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa-humanidad”, señaló el Comisionado Luis Ernesto Vargas, Relator para Chile.

La declaración añade que si bien en casos “de graves violaciones a los derechos humanos el derecho internacional admite que ciertas circunstancias puedan generar una reducción de la pena, como por ejemplo la colaboración efectiva con la justicia mediante información que permita el esclarecimiento del crimen, de acuerdo con los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, tales circunstancias requieren un análisis y requisitos más exigentes en función del bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos, y la obligación que tienen los Estados de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

“Por consiguiente, la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción, en apego al principio de proporcionalidad”, precisa el organismo.

Asimismo, “la Corte Interamericana recientemente ha señalado que al contemplarse una medida que afecte el cumplimiento de la pena por delitos de graves violaciones a los derechos humanos, se requiere realizar una ponderación respecto de la afectación que ocasione a los derechos de las víctimas y sus familiares, en consideración de los estándares de derecho internacional, tales como: que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”.

Por último, el sistema interamericano de derechos humanos “ha advertido que la aplicación de medidas que le resten sentido o eficacia a las penas impuestas en dichos tipos de crímenes, pueden llevar a la impunidad de conductas que los Estados están obligados a prevenir, erradicar y sancionar”.

El comunicado finaliza señalando que “la CIDH confía que la Corte Suprema de Chile realizará el control de convencionalidad que está llamada a hacer, observando los estándares internacionales e interamericanos que aplican a graves violaciones a los derechos humanos, y que preservará su importante legado de respuestas adecuadas contra la impunidad para los crímenes del pasado autoritario”.

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