Las víctimas expresaron sus sospechas sobre la forma en que ha actuado la Congregación respecto de los sacerdotes investigados y la información incompleta entregada a la fiscalía en la indagatoria judicial. Ahora los antecedentes llegarán a Roma donde se decidirá la posible expulsión de los involucrados.
Hace ocho meses la Congregación de los Hermanos Maristas instruyó una investigación canónica contra siete sacerdotes que habrían cometido una serie de abusos sexuales en los colegios de la congregación contra menores de edad a partir de los años 70 hasta la década del 2000. Los hechos se revelaron a partir de la propia confesión del sacerdote Abel Pérez, que reconoció haber abusado de alumnos del Instituto Alonso de Ercilla y el colegio Marcelino Champagnat.
En un comunicado difundido por un grupo de sobrevivientes de los abusos, se consignó que la investigación canónica a cargo del sacerdote salesiano David Albornoz finalizó, encontrando verosimilitud en la mayoría de las denuncias, descartando otras por inconsistencia.
«Varios de nosotros hemos recibido una comunicación telefónica del Hno. Patricio Pino, en funciones como Provincial de la Congregación, informándonos que finalizó la investigación canónica a cargo del sacerdote David Albornoz y que todas las denuncias realizadas por nosotros son reconocidas como válidas. Se nos ha explicado que este investigador ha recomendado las máximas sanciones para los religiosos denunciados. Dicho informe sería evaluado por el Consejo Provincial, el Consejo General y luego el superior de la Congregación solicitará o no
a Roma la expulsión de los delincuentes que abusaron de nosotros y que todavía se encuentran al cuidado y resguardo de los Maristas en Santiago de Chile. En un retiro dorado, hace meses siguen en contacto con el resto de la comunidad, vestidos y alimentados con el dinero que recaudan en los colegios maristas», afirma el comunicado difundido por las víctimas.
El grupo de todas maneras criticó a la Congregación por haber entregado la información de manera extraoficial por via telefónica y además agregaron sus sospechas sobre la ausencia del provincial de la institución que aparece en la indagatoria pero se encuentra alejado de sus funciones.
«Nos preocupa también la larga licencia del actual Provincial Saturnino Alonso quien supuestamente se encuentra visitando a su familia en España. Su nombre aparece en la investigación, ¿por qué no está en Chile disponible para la justicia?La Congregación tampoco es clara respecto de la situación global de la mega causa: ¿cuántosreligiosos incluye la investigación canónica? ¿Están incluidos los que encubrieron estos delitos y protegieron a los delincuentes? Sabemos que muchos de ellos viven en calle Sotero Sanz, no están aislados sino por el contrario, reciben visitas casi diarias del mismo Abel Pérez, ya expulsado», afirmaron.
Las víctimas se refirieron a la entrega de información incompleta a la Fiscalía que investiga estos delitos. «Exigimos a la Congregación de Hermanos Maristas que entregue todos los antecedentes de que dispone sobre denunciados a la justicia chilena. Pero que también ponga en conocimiento de las autoridades judiciales aquellos casos que no han aparecido en los medios de comunicación. Es preocupante lo que se desprende de las declaraciones de los fiscales que intervienen en la investigación referidas a que la ofrecida colaboración de la Congregación es más obstrucción que ayuda. Volvemos a denunciar la creación de instancias internas de investigación y ventanillas de denuncias al interior de los colegios maristas puesto que ello atenta contra el normal funcionamiento de la justicia. Nadie está por fuera de la Ley», enfatizaron