PAÍS
“Los nuevos antecedentes que hemos conocido sobre Nova Austral son escandalosos”, dijo la senadora DC por la Región de Magallanes, Carolina Goic, tras la revelación de la segunda parte de la investigación de El Mostrador sobre los engaños de esta salmonera de capitales noruegos. Según el senador PPD Guido Girardi, se trata de una empresa “híper contaminante, que falsea información, que obtiene permisos y autorizaciones por la vía de acciones ilegales”. Para Greenpeace, es la oportunidad de “someter al conjunto de la industria a una auditoría que vaya más allá de lo que ha pasado con Nova Austral”, porque con estas denuncias “es toda la industria la que queda contra las cuerdas”.
Desde el Congreso y el mundo ambientalista reaccionaron a la segunda parte de la investigación de El Mostrador sobre Nova Austral, que dejó en evidencia que el engaño de la empresa de capitales noruegos, abarcaba por completo a la cadena de producción de salmones desde la siembra a la cosecha, y no solo a un centro y un ciclo de producción como dijo la compañía.
La senadora DC por la Región de Magallanes, Carolina Goic, aseguró que “me parece que los nuevos antecedentes que hemos conocido sobre Nova Austral son escandalosos. Acá no había una falta puntual sino que un modo de operar que contravenía las normas legales pero que además afectó un ecosistema único en el mundo. Se tiene que actuar con el máximo rigor respecto de los responsables para recuperar la credibilidad y dar certeza a los trabajadores que no son los responsables de estos hechos. Asimismo lamento esta situación porque salpica de manera injusta la reputación de aquellas empresas que están haciendo bien las cosas y que compiten de manera leal”.
Por su parte, el senador PPD Guido Girardi, presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, sostuvo que “la información que aporta El Mostrador es muy importante porque pone en evidencia que ellos han presentado información falsa, y esto también da pie para que otras empresas puedan haber hecho lo mismo”.
En el caso de Nova Austral, indicó que se trata de una empresa “híper contaminante, que falsea información, que obtiene permisos y autorizaciones por la vía de acciones ilegales, y no nos parece que sea el tipo de actividades que debe haber allá en Magallanes”.
La investigación realizada por El Mostrador develó que la compañía no solo mintió sobre las cifras de mortalidad de sus salmones, porque a todo esto se suma al daño para el medioambiente que produjo al adulterar el fondo marino y así engañar a la autoridad para volver a sembrar salmones en espacios marinos biológicamente deteriorados.
Desde el ámbito medioambientalista, también hubo reacciones. Según Estefanía González, coordinadora del área de océanos de Greenpeace, “la información que se ha conocido no hace más que confirmar la gravedad de la posición en que queda la que se suponía era una de las más reputadas compañías del sector. Ahora sabemos todo estaba armado sobre la base de engaños y manipulación de información y donde la principal responsabilidad corresponde a los altos puestos de la empresa y donde los empleados quedaron prisioneros de un sistema armado maliciosamente desde la cúspide. Las esquirlas de estas revelaciones, sin embargo, hace que toda la industria salmonera quede contra las cuerdas”, dijo
Greenpeace además alertó que estas denuncias no sólo afectan a la industria en su conjunto, sino que ponen en entredicho la real capacidad de fiscalización de los entes públicos.
“No solo el conjunto de la industria salmonera queda contra las cuerdas y cubierta de un manto de duda respecto de la forma en que operan, sino que es el gobierno el que también debe dar explicaciones de cómo es que se vulneraron todas las instancias de fiscalización durante tantos años. Hay que hacer una revisión de esa capacidad para fortalecerla y así someter al conjunto de la industria a una auditoría que vaya más allá de lo que ha pasado con Nova Austral”, concluyó.
Entre las acciones a tomar, Girardi señala que en este caso ocurre algo similar a lo sucedido con la sanitaria ESSAL en Los Lagos, responsable del corte de agua en Osorno. “Pasa lo mismo que con ESSAL, el estándar de fiscalización es bajísimo, entonces hay que avanzar en pedir una mayor fiscalización a todas las concesiones que hay y avanzar en establecer exigencias mayores y sobre todo en la capacidad de carga que tienen los ecosistemas”, dijo a El Mostrador.
A la par, el senador comentó que ha avanzado en este ámbito con dos proyectos: uno para prohibir el uso de antibióticos en la salmonicultura de manera preventiva, que está en la Comisión de Salud a la espera de iniciar su trámite; y el que modifica la Ley de Acuicultura –que comenzó su tramitación en la comisión de Medio Ambiente- que establece la obligatoriedad de hacer un estudio de impacto ambiental, que obliga al monitoreo de los fondos marinos, y pone condiciones muchos más exigentes del punto de vista de los requerimientos de sanidad y medio ambiente para la preservación de ecosistemas.
E incluso, señaló el parlamentario, “nosotros estamos tratando de que estas salmoneras no se instalen en Magallanes para que no exporten el ecocidio que generaron desde Chiloé hacia el sur”.
En la misma línea, el senador PPD ingresó una indicación en el proyecto de ley de Delitos Ambientales, que se tramita actualmente en el Congreso, un tipo penal para sancionar la entrega de información fraudulenta, lo que sancionaría prácticas como las de Nova Austral reveladas en los reportajes de El Mostrador.
