Para el lunes 2 de septiembre la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans, convocó a dos sesiones de la instancia para despachar en particular el proyecto que reduce la jornada laboral semanal a 40 horas y quede en condiciones de ser discutido en la sala de la Corporación.

“Nos interesa muchísimo que este proyecto avance con sentido de urgencia. Es algo que hace mucho tiempo debió ser una realidad en nuestro país, con jornadas más cortas, más dignas, más normales, que permitan conciliar la vida laboral con la familiar”, comentó la diputada comunista Camila Vallejo, una de las impulsoras del proyecto.

Con esto, la oposición pasa a la ofensiva en la "batalla" comunicacional y política que ha librado con el Gobierno en esta materia. El Ejecutivo ha criticado con todo el proyecto, calificándolo de inconstitucional, y amenazó incluso con recurrir al Tribunal Constitucional. Adicionalmente, arremetió con una propuesta de 41 horas promedio semanales, con flexibilidad.

La idea es que en las dos sesiones del 2 de septiembre  el proyecto quede totalmente despachado en la Comisión de Trabajo y que durante el próximo mes pueda ser votado por la sala, dijo Yeomans.

“El proyecto no tiene más de tres indicaciones, por lo tanto es un proyecto bien breve y debería bastar esas dos sesiones para su despacho”, dijo Yeomans, quien anunció además que “aplicarán el reglamento” para evitar que el oficialismo intente dilatar la discusión.

Según explicó la presidenta de la comisión, “hemos visto un Gobierno y sus parlamentarios que han estado haciendo una contraofensiva contra el proyecto para que no avance, para que ni siquiera lo discutamos y legislemos”.

Sin embargo, la parlamentaria insistió en que “tenemos la convicción de que este proyecto garantiza mayor bienestar para los y las trabajadores del país, este es el único proyecto que asegura una reducción efectiva de la jornada laboral (…) el Gobierno no tiene hoy día la intención de reducir la jornada laboral, ellos tienen una agenda que de hecho es todo lo contrario, que es dar más flexibilidad para interés del gran empresariado”.

En esta línea, Vallejo insistió en que la propuesta del Gobierno es “anti sindical, anti derecho a huelga, e introduce elementos de precarización en la vida laboral de los trabajadores”.