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La discusión respecto a si la reintegración es esencial o no en la reforma, ha logrado cortar los últimos lazos de confianza del gran empresariado en Sebastián Piñera, sector para el que la «desilusión» tiene música de balada romántica, al punto de afirmar que este «Gobierno no es de derecha». A pesar del rayado de cancha que hizo el Jefe de Estado a principios de esta semana, voces al interior de Chile Vamos insisten en que al ministro Larraín le falta leer más el escenario político, ya que ganar por un estrecho margen “no es un triunfo”, mirada política que sí tendría el titular de la cartera del Interior, aunque para hacerla saber haya tenido que romperle el corazón a la Reforma Tributaria.
Integración e integración. Esa es la palabra que se escucha repetidamente, como parte del debate de la agenda legislativa en torno a la Reforma Tributaria. “El corazón del proyecto”, según el Presidente Sebastián Piñera, el eje que capta la atención del mundo empresarial y la piedra de tope para la negociación con la oposición en el Senado.
La modificación legal que contempla que los llamados «ahorros de las empresas» –aquel capital que los dueños de las compañías dejan dentro de la caja– no paguen impuestos, es solo una parte de lo que implica distinguir entre los ingresos de capital y los ingresos de trabajo.
Como ejemplo, si una empresa pagó 27 pesos por cada 100 pesos de ganancia, y si sus accionistas retiran dividendos, la reforma les permite descontar esos 27 pesos al impuesto personal que debe pagar. El tema en debate es que muchas de las personas que retiran esos capitales son, precisamente, los controladores de compañías que están de alguna manera deduciendo tributos.
A la par, el sistema –asegura el economista Ricardo Ffrench Davis– premia así el consumo y no la inversión. Y por otro lado, permite que se utilicen sistemas bajo la lupa, como mantener capitales en statu quo, en empresas de papel para así no tributar (mientras esta utilidad no salga de la firma).
El tema es complejo y tiene muchos otros bemoles. Uno de estos es que la reforma del Ejecutivo contempla, dentro de sus acentos, un nuevo «perdonazo» al reingreso de capitales que estén fuera del país. Y también, dejará de poner énfasis en los movimientos de las 21 naciones que hasta ahora eran fiscalizadas con mayor profundidad, porque dejarán de ser consideradas «paraísos fiscales».
Pero la pelea, al menos a nivel mediático, tiene poco de técnico y se ha centrado en los tirones políticos con la oposición y al interior de Chile Vamos. El gallito comenzó con una frase del ministro del Interior Andrés Chadwick, quien señaló que la integración no “era un dogma”, disparando directo al corazón de La Moneda.
Las palabras del ministro permitieron que la clase política desenvainara las espadas y comenzara una guerra por figurar como el dueño de los votos para la reforma. Casi la mitad de la bancada senatorial de Chile Vamos tomó las palabras de Chadwick como un puntapié para dejar a un lado la cuestionada reintegración y desencadenó una operación para lograr sacar, con los votos de la Democracia Cristiana, el proyecto que se encuentra en su segundo trámite.
Pero el titular de la cartera del Interior reculó. La postura del Presidente Sebastián Piñera –señalan fuentes desde Palacio– “siempre estuvo clara” y en este caso le dio la razón al ministro Felipe Larraín, pese a que la contra había sido levantada por la mano derecha del Mandatario y dos pesos pesados de Renovación Nacional en el Senado, como son Andrés Allamand y Manuel José Ossandón. «La integración tributaria es parte esencial del proyecto de modernización tributaria que está en el Senado. Usted no puede negociar lo que es esencial», zanjó el Jefe de Estado en Radio Cooperativa.
Tras el Comité Político de este lunes, todo Chile Vamos se cuadró detrás de las palabras del Presidente, pero los senadores de RN advirtieron que, a pesar de la dureza del Mandatario, eso “no asegurará los votos”.
En el oficialismo reconocen que la señal de Piñera fue un “guiño para el empresariado”, en medio de un listado de anuncios que hizo el Jefe de Estado en Radio Cooperativa. Según un colaborador cercano, el Primer Mandatario “salió a ordenar la casa”, debido a las salidas de libreto de sus parlamentarios y de su mano derecha, el ministro del Interior Andrés Chadwick.
En el Senado destacan que Chadwick es “un hombre hábil que sabe leer escenarios” y que “simplemente se adelantó” a un nuevo fracaso legislativo. Recalcan que es él quien mantiene el diálogo más fluido con las bancadas, tanto del oficialismo como de la oposición, y que “entiende que el Senado no es la Cámara, aquí se buscan acuerdos, no un par de votos”.
La negociación ha sido una clave que el ministro Larraín no habría sabido leer ni poner en marcha, ya que su diálogo y el del Gobierno han sido nulos durante un año. “No han asumido con realismo esta discusión”, destaca el senador Carlos Montes (PS).
En Hacienda la frase de Chadwick caló hondo. Los empresarios, hasta hace poco, señalaban que confiaban en la performance de Felipe Larraín. El jefe de la billetera fiscal –en privado– les habría manifestado una y otra vez que su postura, y la de Piñera, ha sido cumplirles siempre la promesa de la reintegración.
Pero la poca formación como político del secretario de Estado lo ha pillado volando bajo en dos ocasiones. La primera, cuando el empresariado le pidió –en privado también– explicaciones sobre la propuesta del Gobierno de las 41 horas. La respuesta del ministro fue que no estaba de acuerdo, pero mediáticamente se le vio retirado de la pelea.
Los empresarios ya hace unas semanas, y por medio de conversaciones y asesores, habían abordado los escenarios más pesimistas: que la reforma se enredara en su discusión política y que, incluso, el Gobierno no fuera capaz de cumplir la promesa de que se aprobara en este año legislativo.
Mientras los parlamentarios aumentan las tensiones internas y acusan al Gobierno de tener un «diálogo de sordos», en círculos privados han surgido críticas a Hacienda y a su poca capacidad política de influir en esa arena, lo que habría configurado que cometieran –uno tras otro– errores políticos. Las críticas del mundo privado apuntan a que le falta olfato político al ministro, a su equipo, que la reforma ha demostrado su debilidad y que le faltó posicionamiento a Larraín, entre otros cuestionamientos.
Pero lo que más podría complicar la estrategia de Piñera de empalmar su salida de La Moneda con un tercer mandato de la coalición Chile Vamos, son precisamente las críticas de la élite, desde donde sostienen que este «ya no parece un Gobierno de derecha». A esta situación hay que sumar el «sabor amargo» que deja el candente debate por retirar fondos de la AFP, al que ya el Gobierno le abrió una ventana al anunciar que estudiará el retiro de los fondos en caso de una enfermedad terminal. Y por si eso fuera poco, también se suma la agenda verde, que inquieta a los dueños del capital, como el proyecto de glaciares y el de delitos ambientales.
Piñera, dicen los más críticos, internacionalizó su agenda y se olvidó de su público: el que tiene la capacidad de que el país vuelva a crecer. No es menor que insista en darle mayores señales de empatía al empresariado, pues el escenario externo se complica cada vez más y al Mandatario solo le queda incentivar y mover los hilos a nivel interno.
A este negro panorama se suma la quinta rebaja consecutiva anunciada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). “La proyección de crecimiento de Chile se revisa a la baja, luego de un desempeño más débil de lo esperado a principios de año”, sostuvo la organización financiera. El FMI pronosticó una expansión económica de un 2,5% para este año en el país y de un 3% para el 2020, dejando en el olvido las proyecciones anteriores de 3,2% para el 2019 y de un 3,5% para el año entrante. Cifras que distan de las proyecciones del Gobierno, que otorgaban un crecimiento del PIB de un 3,3% para el 2020 y de un 3,2% para el 2024.
Pero la desazón no está solo en los grandes empresarios. Hasta ahora gran parte del sustento del Gobierno ha estado en que esta es una reforma que propende a la equidad de tributos y que beneficia a las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El problema es que en este último grupo también hay críticas. Conupia, Unapyme y Apis, organizaciones que agrupan a más del 50% de los micro, pequeños y medianos empresarios del país, presentaron un video donde dieron a conocer una serie de peticiones referentes a la Modernización Tributaria impulsada por el Gobierno, las cuales ya estarían llegando a consenso con otras asociaciones nacionales.
Incluir, en el texto que se discute en la Comisión de Hacienda del Senado, asuntos como el sueldo empresarial sin tope, limitar la emisión de boletas electrónicas y el pago contra desembolso en el sector público, son planteamientos que ya fueron entregados por cada organización en forma individual y que hoy realizan de manera conjunta, pero que no han sido adheridos del todo en medio del debate.
Para Roberto Rojas Puga, presidente de Conupia, resulta fundamental “incluir partidas como incorporar en todos los regímenes pyme, cualquiera sea su naturaleza jurídica, el sueldo empresarial sin tope, el pago del IVA relacionado con instituciones públicas y municipios al momento del desembolso real de los servicios y no tener que soportar el pago del citado impuesto”. Del mismo modo, insistió en que “todas las empresas sujetas a afectación fiscal puedan utilizar como crédito el Impuesto Específico a los combustibles, y que no sea solo el privilegio de algunos contribuyentes”.
Por otra parte, Gianina Figueroa, de Unapyme V Región, indicó que “resulta fundamental poder colocar un límite a la emisión de boletas electrónicas, por lo que se propone que sea obligatoria para aquellos contribuyentes que superen la venta anual sobre 1.200 UF, y que se respeten los medios de pago para actividades precarias”. Sumado a ello, la representante gremial puntualizó que “es clave simplificar el sistema de multas por actuaciones administrativas en el SII y que se transforme en un sistema de capacitación online optativo al pago”.
Para Juan José Medel, presidente de Unapyme, resulta “imperioso dejar a todas las pymes, cualquiera sea su régimen de tributación, el pago voluntario de impuesto de primera categoría, estableciendo un techo de 50 mil UF, y que, en definitiva, solo se cancelen impuestos finales en la modalidad de renta atribuida o por retiros”. Además, el dirigente plantea la necesidad de “recuperar, en las actividades exentas, el IVA de compras de activo fijo, tales como créditos contra impuestos finales”.
Los gremios manifiestan que necesitan que Larraín los escuche y se siente a conversar, «pues estamos a tiempo de tener una Reforma Tributaria que permita generar certeza y equidad frente a los gravámenes».
Al interior del mundo político se ha instalado la idea de que el Presidente no está viendo “el timing del Congreso” y que el “ostracismo” y falta de habilidad negociadora de Larraín han marcado un camino “mucho más difícil” para la Reforma Tributaria.
Tras los dichos del Presidente, toda la negociación se ha centrado en el pirquineo de votos. Son las senadoras Carolina Goic y Ximena Rincón de la Democracia Cristiana, más el regionalista Carlos Bianchi, los principales votos en duda respecto al tema.
A pesar de que con estos tres votos el Gobierno lograría sacar la reforma adelante, sería por un “margen estrecho que no da estabilidad política ni financiera”, consignan desde la bancada de Chile Vamos en la Cámara Alta. Agregan que nadie “está en contra de la integración”, el problema es que el “cálculo político no le alcanza al ministro Larraín”.
El senador José Durana (UDI), presidente de la Comisión de Economía del Senado, consigna que “comparte plenamente las declaraciones del Presidente Piñera» y que “los partidos de Chile Vamos concordamos con la postura fijada por el Mandatario quien descartó la idea de negociar la reintegración tributaria”, pero agregó que “siempre es posible alcanzar acuerdos en beneficio de todos los chilenos”.
Los senadores Allamand y Ossandón han seguido una línea similar, salvo que han hecho más hincapié en que la pelota está del lado de La Moneda y que la “política es de lo posible”. Nosotros no tenemos ningún «plan B, porque es un tema que dirigen ellos (Gobierno)”, indicó el senador Ossandón.
Recalcó que “el acuerdo con la DC en la Cámara de Diputados no está en el Senado, eso es ser objetivos, nada más. “Es una decisión del Ejecutivo, el Presidente sabrá si quiere negociar o no. Otra cosa es decir la verdad, y nuestra verdadera lealtad es no mentir y decir que no están los votos”.
Desde la oposición apuntan que, por el momento, el diálogo con la bancada de senadores oficialistas estaría cortado, debido a las presiones desde Palacio y de las cabezas de los partidos, quienes se cuadraron detrás del presidente en el Comité Político de este lunes. “Estamos intentando hablar con ellos”, puntualizó el senador Carlos Montes (PS).
Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber afirmó que “el Presidente le dio un portazo a las negociaciones en el Parlamento” y que ante un Gobierno con esta posición, que es minoría en el Congreso, el único camino para dirimir el conflicto “es votar”.
