Después de cinco días de alta conmoción social, el Presidente presentó una serie de medidas en pensiones, salud y medicamentos, ingreso mínimo garantizado de $350 mil, impuestos a los sueldos más altos sin tocar a los superricos, reducción de contribuciones para los adultos mayores y mayor equidad entre comunas. Sin embargo, la batería de medidas en nada implica reformas estructurales, y ahora depende de la ciudadanía protagonista de este estallido ver si acepta esta primera oferta presidencial, condicionada también por el hecho de que el Mandatario mantiene el estado de emergencia y a los militares en la calles.
No comenzó tratando de vándalos a los manifestantes que se han expresado a lo largo del país, sino que asumió que “ha escuchado, fuerte y clara, la voz de la gente expresando pacíficamente sus problemas”. El tono con el que comenzó el Presidente Sebastián Piñera su discurso de este martes, fue claramente distinto a sus anteriores cuatro comparecencias ante el país. Y así lo hizo sentir, cuando pidió perdón por darse cuenta tan tarde de las demandas sociales de los chilenos.
«Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión», expresó el Mandatario, luego de cinco días de alta conmoción social.
Sin ninguna mención a la crisis política de mayores proporciones que ha experimentado el país en los últimos días, sin reconocer responsabilidad alguna en ella, ni menos adelantar ajustes en el gabinete, el Jefe de Estado presentó una batería de medidas para intentar calmar a la ciudadanía.
Se trata de un conjunto de anuncios que, si bien representan para el Ejecutivo “abrir la billetera”, en nada implican reformas estructurales y olvida temas claves como la educación. El quid del asunto, además, es que Piñera puso sobre la mesa una oferta que convive con la mantención del estado de emergencia y de los militares en las calles en la mayoría del país, y no se hace cargo de las muertes ocurridas estos últimos días.
Piñera comenzó el listado de medidas –una suerte de “bono de término de conflicto” para bajar la movilización– por las pensiones, donde anunció un «aumento inmediato de 20% de la Pensión Básica Solidaria, lo que beneficiará a 590 mil pensionados, aumento inmediato de 20% en el Aporte Previsional Solidario, lo que beneficiará a 945 mil pensionados, aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios, durante los años 2021 y 2022, para los pensionados mayores de 75 años, aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan, para incrementar sus pensiones al momento de la jubilación, lo que favorecerá a 500 mil trabajadores y aportes de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes».
Lo anterior es un anuncio que hay que poner en perspectiva, pues siendo tan bajo el piso de las jubilaciones, implicará un ajuste efectivo bastante menor de dinero mensual para las personas que reciben este aporte estatal. Más allá de eso, el universo de beneficiados con este aumento de la pensión será relevante y tendrá un costo para el Estado que el Presidente tendrá que salir a explicar.
En salud y medicamentos, Piñera pondrá urgencia al proyecto de ley que crea el Seguro de Enfermedades Catastróficas, la creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias, que no sean cubiertos por el GES o la Ley Ricarte Soto y la ampliación del convenio de Fonasa.
Posteriormente, aseguró un nuevo sueldo mínimo, llamado ahora Ingreso Mínimo Garantizado, el que será de $350 mil para todos los trabajadores con jornada completa, es decir, cuando este sea inferior a este monto será el Gobierno el que tenga que subvencionar esa diferencia que se genere.
También anunció la creación de un mecanismo que evite el aumento de las tarifas eléctricas. En este caso, será relevante conocer del Ejecutivo cómo finalmente opera este mecanismo y bajo qué bandas se considera que el servicio básico activará dicho mecanismo de protección.
Asimismo, el set de medidas contempla mayores impuestos a los sectores de más ingresos –para quienes ganen $8 millones–, la creación de la Defensoría de las Víctimas, el fortalecimiento del Fondo Común Municipal, con el que buscará mayor equidad entre comunas de altos y bajos ingresos, y la reducción de la dieta de los parlamentarios y altos sueldos de la administración pública, junto con reducir el número de parlamentarios y limitar sus reelecciones.
Para finalizar su discurso, y junto con anunciar un plan de reconstrucción tras los hechos a lo largo del país, Piñera reconoció que esta «Agenda Social no solucionará todos los problemas que aquejan a los chilenos. Pero será un aporte necesario y significativo para mejorar su calidad de vida, y muy especialmente la de los sectores más vulnerables y la clase media, con especial prioridad por los niños, las mujeres y los adultos mayores».
«Esta Agenda Social también requerirá un enorme esfuerzo de mayores recursos del Estado, lo que exigirá mucha eficacia y reasignaciones de los recursos existentes (…).Tengan la certeza que la implementación y financiamiento de esta Agenda se hará con responsabilidad, haciendo todos los esfuerzos para evitar impactos negativos sobre el crecimiento, la inversión, los salarios y los equilibrios fiscales», sentenció.
La agenda de Piñera fue celebrada por el sector privado tempranamente. “Se ha presentado una paquete profundo de medidas, habiendo escuchado con atención cada una de las demandas de la ciudadanía. Apoyaremos todo lo que vaya por el camino de soluciones concretas para los que han estado postergados y para la clase media”, dijo a El Mostrador Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
La variable económica es clave porque además todas las medidas que el Primer Mandatario informó tienen un costo relevante para un Estado que viene golpeado por un menor crecimiento económico pero que, además, se verá aún más afectado por todos los costos de la reconstrucción que debe enfrentar y por cómo golpeará a la economía lo sucedido en los últimos días.
Desde el mundo político, Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana, dijo que si bien la batería de medidas parecía relevante y se podía aprobar en algunos campos de manera rápida, habían echado de menos medidas más estructurales. “Les falta más contenido, les falta más sustancia a los anuncios», dijo el político en contacto con Mega.
En una señal de tranquilidad, Piñera dijo que «estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para avanzar hacia una normalización de la vida cotidiana de las personas. Estamos trabajando duro para mejorar el transporte público, el acceso a alimentos, salud, farmacias, bencina, escuelas y otros servicios de vital importancia para los ciudadanos. De hecho, con el sacrificado esfuerzo de los trabajadores del Metro, mañana reiniciarán operaciones las Líneas 3 y 6, las que se unirán a la Línea 1 ya funcionando».
Sobre el retiro de las Fuerzas Armadas de la calle y el término del estado de emergencia y los toques de queda a lo largo de Chile, una de las principales demandas de la ciudadanía en la calle, no hay novedades. «Sé que algunos piden terminar con los estados de emergencia y el toque de queda. Todos lo queremos. Pero como Presidente es mi deber levantar los estados de emergencia cuando tenga seguridades de que el Orden Público, la Seguridad Ciudadana y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados», agregó.
Finalmente, y sin hacer referencia a las muertes de estos últimos días, ni a los hechos de abuso militar, Piñera agradeció a las «Fuerzas Armadas y de Orden. Sé que su labor ha sido muy sacrificada y difícil. Pero quiero que todos sus mandos e integrantes sepan que su labor es vital para proteger la democracia y resguardar las libertades, derechos humanos, seguridad y bienes de todos los chilenos, y muy especialmente, de los más humildes y la clase media, que son los que más han sufrido por la brutal violencia, destrucción y delincuencia de los últimos días».