A juicio de la senadora DC, Yasna Provoste, “lo más adecuado es que Carabineros se ocupe de sus funciones y no de ser el brazo armado político del Gobierno”, mientras el senador Alejandro Navarro aseguró que “los servicios de seguridad y las Fuerzas Armadas y de orden no deben convertirse en juguetes del Presidente de turno”. El recurso va en favor del activista y líder del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca; del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el timonel de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez. Según uno de los blancos de la vigilancia policial, Mario Aguilar, “esto nos recuerda los tiempos de la dictadura, los tiempos de la CNI, de la DINA”.
Los senadores Alejandro Navarro (PRO) y Yasna Provoste (DC), ingresaron un recurso de amparo contra el ministro del Interior Gonzalo Blumel, y el general director de Carabineros, Mario Rozas, tras conocer los informes de Carabineros que revelaron la vigilancia que establecían organismos de inteligencia sobre líderes sindicales y sociales.
El escrito por el denominado “PacoLeaks” va en favor del activista y líder del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca; del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, y el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez.
Los tres dirigentes forman parte de los personeros que fueron objeto de “seguimientos”, y que quedaron al descubierto tras el hackeo masivo a los documentos de Carabineros de Chile que liberó más de 10 mil archivos, revelando datos sensibles como armamento y datos personales sobre los uniformados.
A juicio de la senadora DC, Yasna Provoste, “el seguimiento de Carabineros a distintos líderes sociales es algo que la justicia debe indagar. Primero, no consideramos que la policía deba jugar un rol político de seguimiento a líderes sociales mientras el país se debate hoy con altos índices de narcotráfico, con cifras de inseguridad ciudadana muy altas”.
“Lo más adecuado es que Carabineros se ocupe de esas funciones y no de ser el brazo armado político del Gobierno. Creemos que el seguimiento de los líderes sociales debe terminar por parte de las policías. Y la inteligencia de este cuerpo policial financiado por todos los chilenos y chilenas tiene que dedicarse a las tareas que la ciudadanía espera de ellos”, dijo la parlamentaria.
De acuerdo al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, “es totalmente ilegal que Carabineros esté haciendo seguimientos a dirigentes sociales. Esto nos recuerda los tiempos de la dictadura, los tiempos de la CNI, de la DINA, cuando los dirigentes sociales eran perseguidos, Manuel Guerrero fue perseguido y posteriormente degollado, Tucapel Jiménez fue seguido y posteriormente asesinado”.
“Esto es extremadamente grave, que en democracia Carabineros destine recursos, personal y agentes del Estado para hacer seguimientos para dirigentes que somos públicos, legales y no lo haga para desactivar el narcotráfico en las poblaciones, destinen recurso a dirigentes sociales lo cual es absurdo. Por eso hemos presentado este recurso para que sea tribunales quien orden a carabineros detener estas prácticas ilegales”, indicó el dirigente a CNN Chile.
Por su parte, Rodrigo Mundaca señaló que con este amparo pretenden que Rozas «dé cuenta de si esto responde a una política institucional, si la vigilancia policial está institucionalizada en contra de los movimientos socioambientales».
«La inteligencia policial se pone al servicio y al arbitrio de quienes depredan los territorios, de quienes se apropian del agua, de la tierra, de quienes contaminan el medioambiente, destruyen los identitarios culturales y territoriales», aseguró en declaraciones recogidas por Radio Cooperativa.
En tanto, el senador Navarro señaló que “queremos saber cuáles son las razones de este verdadero espionaje a organizaciones sociales, si se les ha acusado de un delito o si se les ha aplicado la Ley de Inteligencia del Estado. En el primer caso, correspondería saber si se ha denunciado un delito en contra de estas personas, qué fiscal dirige la investigación, y qué diligencias ha ordenado. En el segundo caso, cuáles serían las razones para considerar a estas personas vigiladas como peligros para el orden y la seguridad nacional, que es la única razón habilitante para vigilarlos. En caso de carecer de motivos, pedimos a la Corte ordenar que cese la vigilancia”, señaló el senador Navarro.
El parlamentario aseguró que “los servicios de seguridad y las Fuerzas Armadas y de orden no deben convertirse en juguetes del Presidente de turno, no se crearon como policía política del Ejecutivo. Eso ocurre con las Dictaduras, y le pedimos al Presidente Piñera, como Jefe de Estado, que reafirme su compromiso con la democracia, y de inmediato emita la orden para que termine este espectáculo, pues la Seguridad interna ha sido expuesta, y los organismos internacionales están alertas sobre Chile. No podemos actuar como país, como si existiera una Dictadura encubierta”.
De acuerdo al medio Interferencia, el informe de seguimiento también incluye a organizaciones como Ciclistas Furiosos, organización que realizó una cicletada este mes de octubre, la Red Chilena Contra la Violencia hacia la Mujer, en una actividad de apoyo a la familia de Nicole Casilla; un acto de aniversario por la muerte del líder el MIR, Miguel Enríquez; y una manifestación de supuestos «grupos anarquistas» en el barrio Franklin por la muerte de la haitiana Joanne Florvil.