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Mano dura de La Moneda: critican intento del Gobierno por regular derecho a reunión y Senado vota hoy “ley antisaqueos» PAÍS Crédito: Agencia UNO

Mano dura de La Moneda: critican intento del Gobierno por regular derecho a reunión y Senado vota hoy “ley antisaqueos»

La oposición y organizaciones sindicales salieron al paso del anuncio del Gobierno de impulsar un proyecto de ley que regule el derecho a reunión, y advirtió que no apoyará iniciativas que impliquen más restricción. “Eso es propio de los estados de excepción o de los regímenes autoritarios, pero no de una democracia que funciona con normalidad», dijo el presidente de la DC, Fuad Chahín. En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, comentó que “hay toda una intención de cercenar un derecho consagrado por convenciones internacionales”. En medio de este debate, el Senado vota esta tarde los proyectos “Ley antisaqueos”, “antibarricadas” y las sanciones a “el que baila pasa”.


La estrategia de la mano dura del Gobierno se toma la agenda legislativa, justo en la semana en que se cumplen tres meses desde el inicio del estallido. Este lunes, la sala del Senado votará la «ley antisaqueos», que incluye castigos a quienes armen barricadas y sanciones por «el que baila pasa», lo que se suma al anuncio del ministerio de Justicia de presentar durante el primer semestre un proyecto de ley que regule el derecho a reunión, lo que ha sido resistido por la oposición.

Ayer, el ministro Hernán Larraín dijo que el derecho a reunión «está vinculado con el ejercicio de otros derechos: el de la libertad de asociación, el de libertad de expresión, el derecho a la manifestación», pero recordó que se trata de un derecho regulado por un «decreto de los 80» y agrega que «no es la forma de regular un derecho tan relevante, una garantía constitucional».

Pero de inmediato la oposición advirtió que no apoyará iniciativas que impliquen más restricción. “Hoy día el Gobierno, lo que está buscando, es restringir aún más el derecho de la ciudadanía a manifestar posiciones contrarias a los Gobiernos de turno (…) Nosotros creemos en el derecho que tiene la ciudadanía, de utilizar los lugares públicos, de utilizar la libertad de expresión y de utilizar el derecho a manifestación», dijo la diputada comunista Karol Cariola.

En declaraciones a Emol, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que “el Gobierno se equivoca no sólo cuando no se discute una agenda social profunda, sino que también cuando el derecho a reunión ha sido materia de controversia en acusaciones constitucionales».

Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, lamentó que «el Gobierno, con el pretexto de regular el derecho de reunión, quiere establecer restricciones adicionales a la libre expresión de la ciudadanía y no entiende que las manifestaciones no se evitan con regulaciones”.

A su turno, el timonel de la DC, Fuad Chahín, expresó que «la verdad es que cuesta entender a qué se refieren, porque lo que en Chile existe es libertad de reunión y lo que no puede ocurrir entonces es restringir esa libertad. Eso es propio de los estados de excepción o de los regímenes autoritarios, pero no de una democracia que funciona con normalidad».

Desde el Frente Amplio, la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, dijo a Radio Cooperativa que “cuando se pide más democracia y garantizar el derecho a manifestarse, reunirse y protestar, el gobierno busca desarrollar regulaciones. Esto solo apunta a darle sustento legal a la estrategia restrictiva del intendente Guevara y del ministro Blumel. El gobierno prioriza su agenda del orden público que solo se logra cuando las personas sienten que no se vulneran sus derechos”.

En las organizaciones sociales y sindicales también hubo críticas. Para el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, con esta medida “el Gobierno lo que hace es mirar hacia atrás, ir a las prácticas dictatoriales de controlar, monitorear y reprimir la opción de movilización ciudadana, lo cual eso creo que no hace daño, eso lo enreda mucho más (…) El foco tiene que ser en la agenda social que expresaron los chilenos, y siguen demandando hoy día, no hemos ganado nada y sigue pendiente esa respuesta del Gobierno”

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, comentó a CNN Chile que “es inadecuado que en estos momentos se pretenda legislar sobre el derecho a reunión, porque que uno tiene todo el derecho a sospechar que hay toda u a intención de cercenar un derecho consagrado por convenciones internacionales”.

Respaldo oficialista

Desde el oficialismo respaldaron al Gobierno. Para la diputada María José Hoffmann (UDI), “el Gobierno hace bien en querer resguardar dos bienes tan legítimos como puede ser el derecho a reunión, el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a vivir en paz”.

“Yo siento que tenemos que respetar los espacios públicos, que son de todos los chilenos. Me parece que este proyecto va justamente a regular ese problema que estamos teniendo hoy día, donde hay mucha gente que no quiere entender que los bienes públicos son de todos”, agregó.

En tanto, en Interior, el subsecretario Juan Francisco Galli, aclaró que el proyecto nace “de una conversación que venimos sosteniendo hace un buen tiempo: en el consejo para la reforma de Carabineros, uno de los temas que ha tratado, se trata de la obsolescencia, quizás, de nuestra regulación de derecho a reunión».

«Hay que tener esta discusión de frente a la ciudadanía, para ver como regulamos el derecho a reunión y regularlo es algo que es connatural a la Constitución, porque esto se trata de compatibilizar derechos», indicó.

Ley antisaqueos

En medio de este debate, este lunes a las 16 horas, dará inicio a la sesión extraordinaria en el Senado donde se votará el proyecto «ley antisaqueos», que tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante actos de violencia, agravando sus penas.

La iniciativa fue modificada en las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara Alta tras la aprobación hecha por la Cámara de Diputados. Sobre todo considerando las críticas de la oposición luego de que representantes del Frente Amplio aseguraran estar «arrepentidos» de haberla respaldado.

La nueva redacción del proyecto tipifica el delito de saqueos, estableciendo una pena que va desde los 541 días a cinco años. También se crea la ley «antibarricadas», que establece sanciones de 61 a 540 días.

Finalmente, también habrá sanciones al llamado «el que baila pasa», que podrían ser las mismas de la ley «antibarricadas» al considerarse un delito de obstrucción del tránsito.

El oficialismo se ha cuadrado con este proyecto, y así lo graficó el senador de Evópoli Felipe Kast. «Cuando tú te sientes con el derecho de parar el tránsito, hacer ‘el que baila pasa’ o parar la PSU, estás cayendo en actitudes fascistas, completamente antidemocráticas», dijo el parlamentario en Radio Pauta.

 

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