Ausencia de regulación en el financiamiento de campañas para el plebiscito abre la puerta para el regreso del maletín negro

El temor a la reaparición del hombre del maletín negro llegó para quedarse. El inicio del período de campañas con miras al plebiscito del 26 de abril trajo consigo un recordatorio del que nadie se quiere hacer cargo y que toca a todos los incumbentes en el proceso con miras a una eventual nueva Constitución. Y es que, si bien la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, corre a la par con el proceso, ella solo es atingente a los partidos políticos, por lo que personas independientes, comandos o movimientos sociales que participan del proceso quedaron sin fiscalización alguna respecto de ingreso o utilización de recursos.

De esta manera, los fantasmas del pasado reciente, ligado al financiamiento irregular de la política, serán temerarios acompañantes hasta el 26 de abril.

La mayor preocupación que se instaló en el mundo de los expertos, guardaría directa relación con los peligros que conlleva el haber dejado abierta la puerta para que cualquier grupo de interés pueda, sin fiscalización alguna, intentar influir de manera “desmedida”. Así es como el académico de la Usach, Bernardo Navarrete, lo cree, al señalar que “se instala una sospecha y es lo que menos necesita el país en este momento, la sospecha de que se legisló para generar esta área gris. Se puede donar y nadie está fiscalizando”.

A principios de enero, fue el propio presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, quien advertía que “el Gobierno y el Congreso preparan una ley corta que aclare, complemente y corrija algunos aspectos de la reforma constitucional recién promulgada. Es el camino correcto en la búsqueda de soluciones”. A eso agregó que no era suficiente con hacer una remisión a las normas de la Ley 19.844. Palabras que finalmente no encontraron eco, y las excusas son múltiples.

Fuentes al interior de La Moneda explicaron que la razón respecto a por qué no tuvieron iniciativa en la materia, se debía a dos situaciones en particular. La primera, el respeto que se habría tenido al acuerdo por una nueva Constitución y por la paz del 15 de noviembre; y la segunda, que entienden que, en este caso, no se trataba de una iniciativa de exclusiva facultad presidencial, por lo que el espacio a nuevas propuestas siempre habría estado abierto.

Desde el Parlamento, quienes cuestionaron al Gobierno por no haber presentado un proyecto de ley sobre financiamiento, recibieron como respuesta que, al no haber existido consenso entre las partes y considerando lo ajustado de los tiempos, se optó por no arriesgar un movimiento que podía costarles una nueva derrota.

Para el diputado Matías Walker (DC), La Moneda no tuvo mayor interés en innovar y, a diferencia de lo que estima Palacio, advirtió que “ese proyecto es de iniciativa exclusiva del Gobierno, porque tiene que ver con la administración del Estado y las facultades del Servel”.

Una discusión que no estaría del todo zanjada, ya que hoy el Partido Socialista presentará un proyecto de regulación exprés, como lo calificaron, y que buscará establecer un tope de gasto, asimilado al de las campañas presidenciales. Asimismo, se buscará incrementar las atribuciones del Servel para acreditar el origen de los fondos que financien la propaganda electoral. De esta manera, explicaron que, en este caso, no se trataría de una iniciativa privativa del jefe de Estado, ya que el tope no tocaría a las arcas fiscales y que la segunda materia sería a través de una norma interpretativa, agregaron.

Desde el mundo de los expertos electorales, varios otros coincidieron en que la responsabilidad sería transversal, considerando que el trabajo para pavimentar el camino constituyente habría sido a la par con los partidos y los parlamentarios. Desde ese escenario, diputados de la oposición recordaron que, desde el oficialismo, pusieron como condición “sine qua non» que no se podía tocar ningún aspecto que no haya estado dentro de la firma del acuerdo del 15 de noviembre, por lo que –puntualizaron– se vieron imposibilitados de buscar resolver en la materia.

Una materia que, si bien si fue tema al interior de la mesa técnica al momento de la redacción del proyecto que modificaba el punto XV de la Constitución, no tuvo mayores respuestas. Las razones, comentó a El Mostrador uno de sus miembros, habría sido el desinterés de los partidos firmantes del acuerdo, considerando la premura que tenían para sacar adelante el mismo. Además, agregaron que se le pidió al propio Servel una propuesta, la que “nunca llegó”.

Los argumentos, tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios, constituyen una situación poco creíble para el académico de la UDP, Claudio Fuentes, quien dijo que “siempre hubo tiempo para hacer regulaciones, tuvieron entre el acuerdo (15 de noviembre) hasta fin de diciembre, un mes y medio, se les anticipó. Ese argumento no me es válido en este caso, más sabiendo de los casos de corrupción anterior. Tenemos experiencia, mayor sensibilidad debió haber existido en este tema”.

Una de las grandes complejidades que varios de los consultados apuntaron, guarda directa relación con la dificultad que tendría llevar a cabo una fiscalización mayor de parte del Servel. Y recordaron que la ley vigente considera el seguimiento a los candidatos inscritos, a quienes el propio Servicio Electoral les abre una cuenta en el Banco Estado, la que no considera el secreto bancario, para así poder revisar el movimiento de dineros, los que entran y salen, para luego hacer coincidir, según la ley lo estipula.

Si bien hubo propuestas de diferentes abogados, además de un proyecto presentado por el senador Felipe Harboe (PPD) y que consideraba una fiscalización, ex post, ninguna de las propuestas alcanzó a tomar el vuelo necesario.

El dinero habla

Dado el escenario, otro debate fue el que quedó abierto y es el de cuánto influye el dinero en las elecciones y específicamente en una como esta, donde no se vota por candidatos, sino por una opción.

El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Brieba, planteó que “tengo dudas que eso genere un impacto que mueva demasiado la aguja en términos de la opinión pública, la función principal de la propaganda política, más que cambiar la opinión de las personas, que es muy difícil, es la recordación de nombres». Agregó que “acá lo que tenemos son dos opciones claras, por las cuales la gran mayoría de la gente ya está decidida a votar, en un plebiscito de mucha politización y polarización, por ende, no creo que la propaganda política tenga demasiada importancia en el resultado final”.

Una visión que no es compartida por Navarrete, quien cree que, dada esta circunstancia, esta se puede prestar “para la suma de todos los miedos”, ya que “el dinero en las campañas electorales sí importa”. Además, dijo que “creer que vamos a ser transparentes y no va a haber captura de voluntades y financiamiento ilegal, también es ingenuo… el desfile de maletines en efectivo, usted comprenderá que una cosa lleva a la otra”.

En el caso de Fuentes, existe otra mirada, de esta manera apuntó que “hasta cierto punto –lo que muestran los estudios–, el efecto del dinero en las campañas es como una curva en U invertida, donde hasta cierto momento en la gente tiene un impacto, pero después satura, por lo tanto, hay un discernimiento ciudadano de quién está haciendo una campaña y, considerando la crítica feroz a los partidos políticos, la gente va a estar mucho más desconfiada”.

Cabe recordar que, si bien la ley está vigente para con los partidos políticos, en esta ocasión no existe un tope de gasto para los mismos.