El «panorama sombrío» de Carabineros a un año del estallido social: Informe UDP sobre los DD.HH. concluye que violencia policial es una práctica extendida en el tiempo

Este domingo se cumple exactamente un año del comienzo del estallido social, ocurrido el 18 de octubre del 2019, fecha que trajo consigo diversos hechos de violencia y un acuerdo político para realizar un plebiscito que busque una nueva Constitución, el que se realizará -tras aplazarse por el COVID-19- el próximo 25 de octubre.

Un año es fecha suficiente para realizar balances de las diferentes aristas que marcaron el estallido social. Entre ellas, se encuentra la violencia del Estado ejercida sobre los ciudadanos en todo el país, la que se tradujo en múltiples y graves violaciones de derechos humanos. Transcurridos 365 días, lejos de ser una situación puntual, la violencia se ha extendido en el tiempo, teniendo a Carabineros entre sus principales responsables.

¿Qué tan bien funcionaron en este último año? La Universidad Diego Portales analizó a la institución y a otras, como la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas, publicando sus resultados en el Informe de Derechos Humanos UDP 2020.

En el capítulo «Torturas, tratos crueles e inhumanos desde el estallido social», elaborado por Eduardo Alcaíno, advierten -recordando, por ejemplo, el caso de Fabiola Campillai- que hubo múltiples víctimas de la violencia estatal. «No obstante, los avances que ha habido en el cumplimiento del Estado de Chile en sus obligaciones internacionales respecto a la violencia policial, el estallido social dejó en manifiesto que se trata de una práctica que sigue suscitándose a través de los años en nuestro país y, por lo mismo, requiere ser descrita, puesta en contexto y evidenciada», aseguran.

Para este estudio, se realizó un análisis de todos los informes de instituciones relacionadas a la defensa de los derechos humanos, de diversas instituciones públicas nacionales y también de organismos internacionales del sistema de protección de derechos humanos, medios de prensa, requerimientos de acceso a información pública, y otras fuentes abiertas, con el objetivo de identificar y resumir los principales hechos de violencia ocurridos desde el 18 de octubre de 2019 en los términos del presente informe.

Y las conclusiones no están lejos de lo advertido por la ACNUDH y la CIDH: la culpa del actuar policial es del Estado. «En otras palabras, el sistema internacional de los derechos humanos reconoce que los Estados deben garantizar el orden público y el cumplimiento de la ley, pero no a cualquier costo», dice el estudio.

El estallido social evidenció que el Estado de Chile posee graves dificultades «no sólo para garantizar el derecho de reunión, sino que al momento de ejercer la fuerza para controlar el orden público».

«En primer lugar, existe evidencia contundente acerca del uso de armamento no letal -principalmente por Carabineros- sobre grupos de manifestantes, sin diferencias de aquellos que se encontraban ejecutando conductas violentes respecto de aquellos que estaba manifestándose pacíficamente, y sin tomar las medidas de resguardo para no generar riesgos indebidos de lesiones graves. Estas acciones provocaron, entre otras, secuelas en el rostro y traumas oculares severos, significado en algunos casos la pérdida total de visión o globos oculares dañados. En ese contexto, existe un incumplimiento evidente de los Principios Básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos y, a su vez, una vulneración grave del Estado de Chile a los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente, el derecho a la integridad física y psíquica», aseguran.

«Esta vulneración no sólo se explica por las acciones ejecutadas por agentes del Estado sobre los ciudadanos, sino que también por la omisión de las autoridades policiales y de gobierno frente a las evidentes conductas que estaban siendo desplegadas en el control del orden público», agregan, recordando entre otras cosas el uso de escopetas anti disturbios. «En ese contexto, resulta imperioso que la autoridad tomé conciencia de la gravedad de los hechos y de los peligros asociados a la utilización de armamento no letal sobre ciudadanos, y comprenda el rol que le compete de protección sobre manifestantes que están ejerciendo su derecho a reunión», dice.

Otra de las conclusiones a la que llega es que existió una clara vulneración a la prohibición absoluta de los Estados a ejecutar torturas y otros tratos sobre los ciudadanos. Además, advierten que el Estado, a través del Ministerio Público, «ha dado cuenta que se encuentran investigando los hechos constitutivos de tortura y otros tratos», sin embargo existe demora «y dificultades para obtener la información respecto de las instituciones policiales, las cuales son fundamentales para esclarecer los hechos y perseguir penalmente las sanciones que corresponden».

En cuarto lugar, «es relevante dar cuenta que existieron serios episodios de violencia de parte de ciertos grupos de manifestantes sobre funcionarios policiales», lo que es responsabilidad del Estado, ya que es el que debe «garantizar la integridad física y vida de los funcionarios policiales, para lo cual deberá dotarlo de los recursos y logística necesaria para cumplir su labor adecuadamente».

Finalmente, el Estado de Chile deberá responder por las acciones de sus agentes estatales, quienes son los que directamente se encuentran ejerciendo la fuerza, dice el estudio. Pero no sólo deberán responder civil o administrativamente, sino que, como ha indicado el Comité de Naciones contra la Tortura de Naciones Unidas, “los superiores jerárquicos, funcionarios públicos incluidos, no pueden […] sustraerse a la responsabilidad penal por los actos de tortura cometidos o los malos tratos infligidos por sus subordinados si sabían o debían haber sabido que esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran».

Entre las recomendaciones que presenta el estudio, destaca la modificación de los protocolos de uso de armas no letales, de manera de adecuarlas a las recomendaciones internacionales; avanzar en la agenda legislativa de reforma a Carabineros; adoptar medidas necesarias para que las Policías y las Fuerzas Armadas cumplan con las obligaciones de garantizar los derechos de las personas; mejorar capacidades de persecución penal y transparencia; evaluar y mejorar la oferta de capacitación y formación de policías, fiscales, defensores y jueces sobre tortura y otros tratos crueles, con estándares internacionales; investigar de manera acuciosa y con celeridad los diversos casos de violencia, realizando todas las diligencias correspondientes, protegiendo las garantías de las víctimas; y establecer mecanismos de reparación integral.

Panorama «sombrío»

Eduardo Alcaíno, creador del estudio, conversó con El Mostrador sobre este estudio, asegurando que viene a confirmar que «ha habido por parte de Carabineros un uso de la fuerza de manera innecesaria y desproporcionada por sobre personas que se encontraban en las manifestaciones de distinto tipo, así como también en detenciones, sin perjuicio de que esas personas puedan haber estado participando de manera pacífica o no».

También confirma que «hay un patrón de conducta de parte de Carabineros al momento de ejercer la fuerza, lo que se traduce en varios casos y no pocos, en conductas que puedes ser constitutivas de torturas y otro tipo de tratos como atentados contra la integridad física, lo que quiero decir es que esto no es una situación que se generó a partir del 18 de octubre», sino que «es una situación que viene aconteciendo hace mucho tiempo que probablemente claramente ha ido mejorando en algunos aspectos especialmente a partir de la reforma procesal penal pero si sigue habiendo un uso excesivo por parte de la fuerza».

Alcaíno también se refirió al uso de las escopetas antidisturbios: «la evidencia, especialmente de la cantidad de casos y del tipo de lesiones da cuenta de un uso de parte de las escopetas antidisturbios sobre grupo de personas y que mas que tener un objetivo de defensa, ya sea de los propios funcionarios o de terceros, sino que mas bien un medio para efectos de dispersar las manifestaciones o incluso de afectar la integridad de estas personas». Esto es relevante porque la evidencia, científica o no, da «cuenta de que aquella utilización es completamente indebida, ya que genera mayor riesgo de generar lesiones de gravedad y especialmente de afectar la visión y los ojos de las personas, como ha sido claramente documentado en el caso de nuestro país».

Este 18 de octubre, día que se cumple un año del estallido social, Alcaíno analiza el último año de Carabineros: «Claramente lo sucedido en el 18 de octubre hasta la fecha, ha generado algún tipo de reacción de parte de las autoridades, de parte de Carabineros, en alguna medida esto ha implicado un remezón interno y eso es imposible no reconocerlo. Sin perjuicio de ello, claramente ha sido insuficiente».

«Los hechos acontecidos recientemente, especialmente, el homicidio frustrado respecto del joven de 16 años del puente Pío Nono, la reacción institucional y con todas las consecuencias que son públicamente conocidas, dan cuenta de que los Carabineros todavía tiene una concepción respecto de su trabajo que no implica una auto revisión de sus protocolos, ni siquiera digamos al menos un discurso con mayor resguardo y restricciones respecto a lo sucedido sino que mas bien hay una defensa corporativa lo que da cuenta que la concepción respecto al uso de fuerza de su institución sigue siendo la misma, en el fondo que acá la pueden ejercer sin perjuicio de las consecuencias y de los hechos que podría justificar su uso, porque eso es importante, y especialmente desde el punto de vista de los estándares internacionales», explica.

En esa línea, dice que el «panorama respecto a Carabineros es bastante sombrío y poco claro porque el problema central que existe en Carabineros es una institución que tiene una relación con el Poder Político evidente y por tanto los cambios que vayan a suceder van a depender netamente del respaldo que puedan tener o no tener del poder político, no solamente de la autoridad sino por supuesto de los parlamentarios quienes también tienen que ver con los cambios, entonces el panorama yo te diría que es un poco incierto porque va a depender del respaldo que van a tener de la autoridad».

«Lo que esperaría y lo que espera el centro de DDHH, es que haya, exista una reforma relevante, importante respecto a Carabineros. Existe una serie de propuestas en una serie de comisiones que se han visto sobre los cambios que deben existir, por supuesto que impliquen desmilitarizar Carabineros, implica mayor control de parte del poder civil, un serie de otras cuestiones de las cuales hay un consenso técnico bastante avanzado, el tema tiene que ver más bien con el apoyo político que puede tener eso. Nosotros esperamos que a partir del dialogo que puede existir con el Gobierno, con los distintos partidos políticos y con los distintos organismos de la sociedad civil pueda llegarse a un consenso respecto de como modificar esto y poder lograr tener una institución digamos que sea moderna y de acuerdo a los estándares de la democracia y de los DDHH», finalizó.