Crisis migratoria y xenofobia en redes sociales: el rechazo a la gestión política

El Barómetro de Xenofobia es una plataforma que sistematiza, analiza y difunde como información pública el resultado del análisis de las conversaciones en Twitter, páginas web y medios de comunicación sobre la población migrante. Su objetivo es analizar los imaginarios sociales y el lenguaje negativo que provoca o viraliza mensajes de odio y rechazo en línea hacia personas migrantes.

Esta iniciativa surgió de una alianza entre El Derecho a No Obedecer, proyecto de la Corporación Otraparte, el Observatorio sobre Racismo, Xenofobia y Odio de la Fundación Interpreta, y la Universidad Externado de Colombia. En Chile, cuenta con la participación del Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado.

Para la realización de los estudios, se utiliza el análisis del big data de información pública a través de la plataforma Consumer Research de Brandwatch, compañía líder de “escucha social” a nivel mundial que tiene los derechos para analizar todo lo que se difunde en los espacios públicos de Twitter. Es bajo este contexto que se analizó la situación migratoria en el norte de Chile.

Marcado por la contienda electoral, el pasado 25 de septiembre se realizó una marcha en Iquique que convocó a personas que estaban en contra de migrantes y refugiados que atravesaban la frontera a través de pasos no habilitados en Colchane. La manifestación tuvo impacto mediático debido a sucesos de violencia que se desencadenaron en este contexto, como la quema de pertenencias y carpas de extranjeros que vivían en la calle. Ese día, se registraron un total de 73.087 menciones en torno a la migración.

Los grupos que convocaron la movilización en ese momento exigían un mayor control respecto a la migración irregular y encontraban insuficientes las políticas migratorias adoptadas por el gobierno, interpelando directamente a las autoridades para hacerse cargo de esta problemática. Esto también se pudo evidenciar a través de Twitter, espacio en donde se incrementaron en un 7.054% las menciones sobre migración respecto de la media de ese mes, según los datos del Barómetro de Xenofobia. A pesar de los hechos de violencia y de lo mediático que estos fueron, el gobierno no tomó medidas de mayor relevancia y la conversación bajó paulatinamente.

Sin embargo, el pasado 25 de enero otro hecho hizo que las redes sociales explotaran nuevamente: un grupo de migrantes venezolanos golpeó a un carabinero en Iquique y un video que registraba el acontecimiento, rápidamente se viralizó en redes sociales. Entre el 25 de enero y el 1 de febrero se registraron un total de 266.899 menciones en torno a migración, lo que representa un incremento de un 449% respecto a la semana anterior al hecho. 

A diferencia de años anteriores, donde se ha visto que las menciones en torno a la crisis migratoria apuntaban principalmente a colombianos y haitianos, durante 2021 y lo que va de 2022 la tendencia estuvo más dirigida a los ciudadanos venezolanos. Este grupo se llevó un 60% del total de las menciones respecto a migración entre el 1 de enero de 2021 y el 1 de febrero de 2022.

Esta cifra se relaciona directamente con el incremento de ciudadanos venezolanos que han ingresado al país por pasos no habilitados durante el último año, en un contexto de medidas restrictivas (nuevas condiciones para visados) y cierre de fronteras. En este contexto, y según la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), se registraron 21 muertes de migrantes en pasos fronterizos.

En la siguiente imagen se pueden apreciar los hashtags más utilizados en el último mes. Dentro de los más mencionados, #venezolanos y #noesinmigracionesinvasion son de los que más destacan, sumando 24.749 mensajes. Otros hashtags entre los más usados y que dan cuenta de un sentimiento anti migratorio son #nomasinmigrantes y #inmigracionilegaldesatada.

La crisis migratoria en el norte del país es una realidad a escala internacional que también se ve reflejada en otras ciudades fronterizas de Sudamérica. Más de 6 millones de venezolanos se han visto obligados a salir de su país en condición de refugiados y, en este contexto, el resto de los gobiernos latinoamericanos no han logrado entregar una respuesta satisfactoria para abordar y encauzar el fuerte flujo migratorio del país caribeño. El gobierno chileno ha impuesto mayores requisitos de visado para venezolanos y rara vez les reconoce su condición de refugiados. La tensión en zonas como Iquique ha ido aumentando a lo largo de todo el año, y situaciones como la ocurrida en el norte del país se vuelven inevitables sin una adecuada intervención gubernamental. 

Como se puede desprender del artículo “Retórica humanitaria y expulsabilidad: migrantes haitianos y gobernabilidad migratoria en Chile“, de Fernanda Stang, Antonio Lara y Marcos Andrade, el gran problema que ocasiona la inacción del gobierno es que termina impulsando a migrantes y refugiados a ocupar espacios para poder pernoctar y los empuja al trabajo irregular o a cometer actos ilícitos como último recurso para poder subsistir, ante la imposibilidad de acceder a trabajos formales por su situación migratoria de irregularidad y a la prácticamente nula aceptación de peticiones de refugio.

La situación anteriormente mencionada se puede reflejar en la decisión del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, de ordenar poner fin a todos los procedimientos de atención al público en las oficinas de 54 gobernaciones provinciales, entre las que se encuentran la de Arica y Tarapacá. En este sentido y según la organización estadounidense Fighting Hate for Good, la sensación de abandono por parte la ciudadanía frente a la falta de políticas públicas fomenta el surgimiento de organizaciones y grupos anti inmigrante. Esto se explica debido a que si los prejuicios basados en los estereotipos son aceptados por las instituciones gubernamentales como algo normal, “el resultado es que los comportamientos en el siguiente nivel sean más aceptados”. Lo anterior es lo que pudo observarse el 25 de septiembre, cuando el gobierno no rechazó los ataques a migrantes.

La voz del mundo político

Como se puede evidenciar a través del aumento en el volumen de las publicaciones en sobre migración a partir de este hecho, el ataque contra carabineros tuvo repercusiones a toda escala: gremios de trabajadores paralizaron sus funciones debido al aumento de la violencia que denuncian en la región y políticos de diferentes sectores opinaron respecto a lo que está ocurriendo en el país.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, atribuye la responsabilidad política de la crisis migratoria al presidente Sebastián Piñera.

El ex candidato presidencial de extrema derecha José Antonio Kast hizo un llamado al nuevo gobierno para no continuar con “ambigüedad” en el tema migratorio y cerrar más aún las fronteras.

El Partido Republicano fue protagónico en las marchas y convocatorias y exigió que las autoridades hagan cumplir la ley y llamó a llevar a cabo la zanja prometida por el ex candidato presidencial, José Antonio Kast, quien antes fuera presidente de su partido.

El diputado del Frente Amplio Diego Ibañez también critica la inacción del gobierno de Sebastián Piñera para dar respuestas a la crisis migratoria.

Marco Enríquez-Ominami también critica a Piñera, y además señala que el problema no “no es la migración, es un gobierno ausente”.

Estas opiniones del mundo político -que apuntan principalmente a una responsabilidad del gobierno y del Presidente Sebastián Piñera- fueron, sin embargo, rechazadas por el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Este, atribuyó la crisis en el norte a la oposición por no aprobar ciertos artículos de la Ley Migratoria promulgada por Piñera, la cual permitía la “reconducción” de migrantes que ingresaran por pasos ilegales hacia el país del cual venían. 

Otro aspecto en que el gobierno falló fue en combatir la violencia, tanto física y verbal contra los migrantes. Los principios interamericanos sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas destacan “la importancia de la lucha contra todas las formas de incitación al odio, la violencia, la criminalización, la discriminación, el racismo, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia contra los migrantes, independientemente de su situación migratoria”. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo “Migración, miedos y medios en la elección presidencial en Chile”, de Lucía Dammert y Matthias Erlandsen, es importante despolitizar la migración, desintrumentalizándola, pues, sin duda, el populismo mediático del actual gobierno, pero sobre todo el escenario electoral, agudizaron las posiciones y los discursos. Necesitamos autoridades y políticos que sean responsables en sus discursos, y debemos evitar el populismo punitivo que, si bien es electoralmente rentable, resulta muy dañino para la convivencia

Xenofobia y discriminación: la otra cara de la crisis migratoria

Además de los evidentes problemas cotidianos que ha provocado el incremento de los flujos migratorios en Iquique, en momentos como este existe también un aumento de la xenofobia y la discriminación hacia los refugiados y migrantes. Entre enero de 2021 y el 1 de febrero de 2022 se registró un total de 91.944 menciones abiertamente discriminatorias en contra de las poblaciones migrantes. Un 61% de ellas es discriminación de tipo clasista, un 23% es de tipo cultural y un 16% de tipo racial.

Si bien este tipo de discriminaciones no representan un porcentaje importante dentro del total de las menciones a migración (2%) durante el periodo estudiado, la cantidad total (más de 91 mil) es, sin duda, preocupante. Si se observa qué tipo de discriminación se asocia más a cada una de las nacionalidades, se puede encontrar que las menciones en contra de los venezolanos, haitianos o bolivianos son predominantemente clasistas; mientras que en el caso de los peruanos y los ecuatorianos, hay un mayor porcentaje de discriminación racial.

Sin embargo, también existe otro tipo de discriminación que es mucho más sútil, pero que podría llegar a ser igual de violenta. Muchas de las publicaciones que no se categorizaron como abiertamente discriminatorias, pueden también tener algo de xenofobia o de racismo implícito. Estas tres categorías son ciertamente tipos ideales que muchas veces se combinan interseccionalmente y sus límites pueden ser difusos, pero además muchas veces se comunican con eufemismos que son difíciles de captar para los algoritmos de búsqueda construidos. 

Algunos ejemplos de este tipo de discriminación son los siguientes:

El gobierno entrante tendrá como una de sus primeras responsabilidades intentar encontrar soluciones que puedan aliviar tanto la vida de los iquiqueños, como la de los migrantes que se encuentran llegando a esa ciudad. El desafío está en transformar la migración en una experiencia segura para la comunidad chilena, pero también para quienes arriban, incentivando la regularidad y el ingreso por pasos habilitados. 

En ese sentido y observando su programa de gobierno, lo que se puede esperar del mandato de Gabriel Boric es un “empadronamiento de las personas que se encuentran en situación de irregularidad para iniciar una evaluación de cada caso, atendiendo las necesidades y capacidades de los mercados de trabajo locales y los compromisos internacionales que tiene Chile en materia de refugio y protección de la infancia”. En el programa del presidente electo también se menciona otra medida orientada a largo plazo, pero que probablemente será clave dentro de su relación con el resto de los mandatarios sudamericanos. Esta consiste en “desarrollar acciones nacionales, bilaterales y multilaterales para enfrentar la multidimensionalidad de las crisis humanitarias que ocurren en la región y su correlato en los procesos de migración masiva y de refugio”. La migración es un asunto transnacional que debe abordarse con una estrategia regional.

Al respecto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha propuesto una serie de objetivos contenidos en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual busca abordar los problemas actuales relacionados a la migración. La finalidad de este tratado se orienta a fomentar condiciones propicias que impulse a los migrantes a ser miembros activos de la sociedad en la cual están insertos, transformándolos en sujetos de derecho. 

En este sentido y en concordancia con lo establecido en el pacto, el rol del Gobierno entrante será fundamental en lo que sucederá con la crisis migratoria en el norte de Chile. El ejecutivo será el responsable a la hora de establecer políticas públicas que garanticen la convivencia, el acceso a derechos y la participación de las nuevas comunidades migrantes en la sociedad.