Pablo Ruiz-Tagle, que representó al ministro Carlos Montes en la acusación constitucional, exculpó a los parlamentarios opositores que apoyaban la acusación por los errores del texto, los que atribuyó a sus asesores. “Son las verdaderamente responsables. Y no sabemos quiénes son”, dijo.
El abogado que representó y defendió al ministro de Vivienda, Carlos Montes, en la acusación constitucional en su contra, Pablo Ruiz-Tagle, reiteró que el libelo acusatorio contra su representado tiene “toda clase de errores de forma y fondo”, razón por la cual fue aprobada la cuestión previa en la Sala. Y culpó a los que redactaron el texto, que no necesariamente son los mismos parlamentarios que lo apoyaron.
“Yo creo que los parlamentarios no son abogados, no son juristas, y aquí hay que ir a las personas verdaderamente responsables, que son los que redactaron este libelo acusatorio de ochenta y tantas páginas, y que son personas con conocimiento jurídico, pero con un mal conocimiento jurídico”, comenzó diciendo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.
En esa línea, el jurista cree que “no son los parlamentarios los responsables, ellos recibieron seguramente de sus asesores un documento enteramente fallido desde el punto de vista de la forma. No estaba paginado. O sea, un estudiante en enseñanza media que entrega un documento sin paginar para un trabajo de un curso en el colegio, el profesor le puede decir, con toda razón que me lo trae o por último usted le pone a mano las páginas. Eso es lo que yo tuve que hacer para leerlo, porque cuando uno se defiende, uno tiene que decir cuál es el argumento por el que ha sido atacado, y entonces hacía muy difícil la defensa. Como yo lo dije en el hemiciclo de la Cámara, era defenderse de una nube, porque era una cosa que no tenía sustancia ni pie ni cabeza”.
Ruiz-Tagle ejemplificó con los artículos del Código Penal que estaban en el texto acusatorio, los que estaban “simplemente enumerados ahí, como siete artículos, y no hay una palabra para decir qué tienen que ver esos artículos. Está el artículo 9, que se refiere a las faltas. Parece que sacaron esos párrafos de otro lado, y los pegaron, los cortaron”.
“Las personas que hicieron esto, para los parlamentarios, son las verdaderamente responsables. Y no sabemos quiénes son. Quizá los parlamentarios, y esto lo digo de los que fueron nuestros adversarios en la acusación, querían acusar al ministro porque estaban muy inquietos, con acciones inescrupulosas, de corrupción, y querían hacerlo pronto porque veían que había antecedentes, que salían. Y entonces, lo que es propio de los parlamentarios, que es una cierta proactividad, los llevó a suscribir este libelo acusatorio que tiene toda clase de errores de forma y de fondo. Los errores de fondo son increíbles”, reiteró.
“En la página 11, numerada por mí, por cierto, porque no traía numeración, tenía más notas al pie que no llevaban a ninguna parte, increíble. Bueno, en la página 11, este escrito dice que la responsabilidad política constitucional a la que se refiere la acusación constitucional, sigue las reglas de la responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva es un concepto que no tiene nada que ver con la acusación constitucional”, ejemplificó nuevamente.
“Fíjese que si fuera responsabilidad objetiva, no habría para qué averiguar si el ministro supo o no supo, si hizo algo con culpa o negligencia o dolo. La responsabilidad objetiva existe de manera excepcional en nuestro derecho, y las leyes a veces la mencionan, porque tienen que mencionarla para que tengamos este tipo de responsabilidad, para accidentes nucleares, para accidentes aéreos, en algunos casos para accidentes de autos con seguro, pero no tiene nada que ver. Es como que yo dijera una regla, digamos, de otro país, para aplicarla al nuestro. Entonces, hay ahí una carencia profesional, de factura, de un trabajo serio, que falló de una manera muy profunda. Por eso se cayó la acusación en la cuestión previa”, explicó.
“No sé si les pagaron o no por hacer este escrito tan defectuoso. Si les pagaron, yo creo que deberían devolver esos fondos, francamente. Se lo digo, porque creo que no es un documento que cumpla los estándares mínimos de la labor parlamentaria”, cerró.
