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Foto: Victor Huenante/Agencia UNO
La exalcaldesa de Maipú quedó con arresto domiciliario, arraigo y prohibición de hablar con testigos del caso. Aunque se destacó la gravedad de los cargos y la exorbitante cantidad de dinero involucrada, el juez consideró que, por ahora, no existen elementos que justifiquen la prisión preventiva.
En el tercer día de su formalización, en el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, el juez Hugo Salgado se pronunció sobre el caso de la exalcaldesa Cathy Barriga (independiente, pro UDI), quien enfrenta cargos junto a otros funcionarios de la Municipalidad de Maipú por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Durante la sesión, el magistrado expresó sus consideraciones respecto a la formalización y las medidas cautelares a aplicar.
El Ministerio Público solicitaba prisión preventiva para los involucrados, pero esta no fue concedida en ninguno de los casos como medida cautelar.
La investigación, que ha sido impulsada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), reveló un perjuicio económico que asciende a más de 30 mil millones de pesos. El CDE se constituyó como parte querellante presentando una denuncia criminal no solo contra la exjefa comunal, sino también contra seis exfuncionarios municipales.
El juez Salgado destacó que, si bien aún falta precisión en la investigación para determinar la imputación de más de 30 mil millones de pesos como delito de fraude, la cantidad en cuestión resulta exorbitante en relación a posibles deudas flotantes entre periodos. En ese sentido, afirmó que hay antecedentes suficientes para establecer el delito de fraude en una etapa preliminar.
Sin embargo, el magistrado subrayó que, pese a la gravedad de los delitos imputados, no es suficiente por sí solo para justificar la prisión preventiva. Planteó la pregunta crucial: ¿existe un peligro para la seguridad de la sociedad o riesgo de cometer nuevos delitos? Salgado argumentó que, hasta el momento, no se puede presumir dichos peligros, considerando que Barriga no tiene antecedentes penales previos y no se han presentado evidencias serias que sugieran un riesgo inminente.
En relación al entorpecimiento de la investigación, el Ministerio Público argumentó que existía temor de que la imputada pudiera influir en testigos. No obstante, el juez no encontró antecedentes serios de amenazas y enfatizó en la importancia de que los testigos se comuniquen con el Ministerio Público ante cualquier intento de alterar sus declaraciones.
“Doña Cathy no tiene antecedentes penales anteriores, ni se han señalado antecedentes que puedan resultar serios para pensar que va a cometer delitos con su estando en libertad”, dijo el juez.
Respecto al peligro de fuga, se sugirió la prisión preventiva, pero el juez Salgado tomó en cuenta que Barriga ha comparecido voluntariamente a audiencias y mostró interés en aclarar los hechos. Consideró que, a pesar de la solicitud de 180 días de investigación, 120 días son suficientes, por lo que no se justifica la prisión preventiva en este momento.
En consecuencia, el juez determinó que Cathy Barriga quedará en arresto domiciliario total, con arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los testigos e imputados del caso. Aclaró que se evaluarán situaciones que justifiquen cambios en las medidas cautelares en el futuro, pero por ahora, el comportamiento de la imputada no justifica la prisión preventiva.
En tanto, Ana María Cortés, exdirectora de Secplac, deberá cumplir la medida preventiva de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La fiscalía la acusa de participar en el mecanismo para aumentar presupuestos en una cifra cercana a los 30 mil millones de pesos.
Se ha determinado que la investigación se extenderá por 120 días —aunque la Fiscalía solicita 180—, con el objetivo de esclarecer los detalles de los delitos imputados.
