Fraude y sobornos en Vialidad: funcionarios imputados se mantienen contratados

Casi 8 meses han transcurrido desde que la Fiscalía Regional de Arica desbaratara una red de corrupción integrada por 5 funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad, la esposa de un inspector fiscal de este organismo público, y 4 ejecutivos de la Constructora San Felipe S.A., entre ellos uno de los socios de la empresa.

Pese a la espectacularidad que tuvo el operativo policial el 10 de agosto del año pasado, hoy los funcionarios públicos involucrados aún se encuentran contratados, no asisten a sus oficinas por estar suspendidos de sus tareas y continúan recibiendo sus sueldos mensualmente que oscilan en montos brutos mensuales entre los 3 millones de pesos y 1,6 millones de pesos.

La única excepción es el inspector fiscal de iniciales G.E.L.F., quien hasta el 23 de febrero se mantuvo en prisión preventiva en el Complejo Penitenciario de Acha de Arica y ahora permanece con arresto domiciliario total en su hogar en la población Esperanza de esta ciudad. Sin duda, ahora en libertad, el servicio público podría aplicar los mismos beneficios que ya tienen sus compañeros de trabajo.

Pero eso no es todo. La Dirección Nacional de Vialidad, pese a haber sido la denunciante que originó el caso 10 meses antes de la formalización de cargos, adoptó también este año una medida que, en estricto rigor, contradice el principio de la probidad administrativa que debiera resguardar como organismo del Estado de Chile. Esto quiere decir en velar por “una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”, tal como estipula la normativa que rige para estos efectos.

Obviando absolutamente la formalización por los delitos de fraude al Fisco y soborno que pesan sobre la inspectora fiscal con calidad de agente público, L.R.M.H. y la medida de arresto domiciliario que le impidió ir a trabajar desde agosto hasta diciembre del año pasado, la institución modificó su contrato a honorarios como agente público que mantenía vigentes desde el 17 de mayo de 2021.

En un hecho inexplicable, mejoró la calidad jurídica de su relación laboral y la incorporó con un cupo contrata a partir de este año, según el sitio de Transparencia del organismo, con un sueldo bruto de 1 millón 993 mil pesos por el periodo entre el 1 de enero y el 5 de junio de este año.

La decisión no es menor, si se considera que bajo esa calidad, la funcionaria podrá recibir los bonos trimestrales por cumplimiento de metas, que permiten duplicar los sueldos 4 veces al año. Y de la misma manera, le concede la posibilidad de reclamar ante tribunales la confianza legítima, en caso de producirse vicios en un eventual despido y de que permanezca en el servicio más allá de los 2 años que ha considera la justicia para que los funcionarios públicos no sean despedidos arbitrariamente en los cambios de administración gubernamental

La jurisprudencia actual y que ha sido latamente abordada por entidades como el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, indican que por haberse desempeñado a honorarios pero como agente público, le es aplicable la Ley N° 19.653 de Bases Generales de Administración del Estado , dada la función pública de control que desempeñaba para la Dirección Regional de Vialidad.

Así lo expresa este organismo en un boletín de septiembre del año pasado, donde establece que de acuerdo a dictámenes de la Contraloría General de la República, ”las personas contratadas con el carácter de agentes públicos deben ser consideradas funcionarios públicos, fundamentalmente para efectos de la responsabilidad administrativa”.

Es más, la propia normativa plantea que “son incompatibles con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de las autoridades o funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el organismo o servicio público a que pertenezcan”.

De acuerdo a los hechos planteados por la Fiscalía, esta prohibición en los 5 casos denunciados, habría sido vulnerada con claridad en las distintas actuaciones de los funcionarios imputados.

Versión de Vialidad

Pese a las consultas sobre la determinación de cambiar el tipo de contrato a la inspectora fiscal, la Dirección Nacional de Vialidad evitó referirse al tema. En una breve declaración, expresó que “se abrieron sumarios administrativos y una auditoría interna, que están en curso. Dada la envergadura de la acusación, los sumarios son conducidos por la Contraloría General de la República. Este procedimiento es secreto y tiene un deber de reserva que en caso de ser incumplido es sancionado por la ley”.

En la nota, confirmó que los 5 funcionarios están suspendidos, pero evitó referirse a que 4 de ellos están recibieron sus sueldos pese a no estar trabajando. Es más, indicó que “las medidas tomadas se enmarcan en el estatuto administrativo. Una vez cerrados los sumarios, se ejecutarán las más altas sanciones que el estatuto administrativo permita”.

La decisión no ha pasado inadvertida en la Dirección Regional de Vialidad, donde a nivel de pasillos algunos funcionarios la han considerado injusta y riesgosa, al instalar con una mejorar salarial y contractual a una funcionaria con un proceso judicial donde aparece imputada por varios delitos.

Sobornos y empresa de fachada

El rol de la inspectora fiscal L.R.M.H. en la red de corrupción, según la investigación de la Fiscalía, no es irrelevante. Ello porque la ingeniero constructor estaba a cargo de revisar los estados de pago que servían de soporte para cancelar a las empresas, por los avances de las obras licitadas por Vialidad.

Además, la mujer es la cónyuge del ingeniero civil de la Constructora San Felipe S.A., C.A.D.H., quien se relacionaba con distintos funcionarios de Vialidad y, de acuerdo al Ministerio Público, habría ejecutado delitos de fraude al Fisco, sobornos, y lavado de activos en 5 hechos denunciados ante el Juzgado de Garantía de Arica.

La profesional aparece involucrada en los delitos de fraude al Fisco, cohecho y soborno junto a su marido C.A.D.H. y al inspector fiscal G.E.L.F, cometidos el año 2022 en la obra “Conservación Saneamiento Calle Guillermo Sánchez”. La iniciativa fue una de las más publicitadas por la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, debido a que luego de varias negativas de Vialidad durante distintos gobiernos, el organismo asumió la construcción de un badén tipo puente para unir el valle de Azapa con el Terminal Asoagro donde se comercializan verduras frutas en Arica.

La construcción del puente fue adjudicada a la Constructora FV S.A., por 1.735 millones de pesos y se designó como inspector fiscal de la obra a G.E.L.F. En ese llamado también se presentó la Constructora San Felipe S.A., ofreciendo un precio más alto, específicamente 2.115 millones de pesos.

En la ejecución de los trabajos, la Constructora FV S.A. tercerizó la pavimentación de la plataforma del puente. En este proceso la Fiscalía detectó acciones fraudulentas, como la facturación de un sobreprecio por parte de la empresa Delmedh SpA, cuyo representante legal era la inspectora fiscal de Vialidad, L.R.M.H. y que compartía la propiedad de la empresa con su cónyuge C.A.D.H.

En total, la firma subcontratada Delmedh SpA recibió un pago por 49 millones 739 mil pesos facturado por la Constructora FV con cargo a los recursos fiscales del contrato, sin haber ejecutado los trabajos. Y en paralelo, la Constructora San Felipe S.A., que desarrolló efectivamente esa pavimentación, emitió una factura más baja por un monto de 32 millones 130 mil pesos a la subcontratista Delmedh SPA.

De esta manera, en su formalización, el Ministerio Público estableció que gracias a la maniobra urdida por los inspectores fiscales G.E.L.F., que debía velar por la correcta ejecución de los trabajos y el interés fiscal, y L.R.M.H. junto a su pareja C.A.D.H, consiguieron el cobro de un sobreprecio, que “produjo un perjuicio fiscal ascendente al menos a $17.608.147 por las obras realizadas por la empresa Constructora San Felipe a la Constructora F.V., dineros pagados a Delmedh SpA con cargo a fondos provenientes del Fisco a través de la Dirección de Vialidad”.

Cohecho y lujos

El encarcelamiento de más de 6 meses que vivió el inspector fiscal G.E.L.F. lo tuvo al borde de la muerte o de quedar con una incapacidad severa. Cinco días después de haber ingresado al penal de Arica, tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Juan Noé por una meningitis bacteriana. El cuadro se repitió en febrero y le significó una operación de urgencia en su cerebro.

Su señora R.A.Z.R., también imputada en esta investigación por el delito de lavado de activos, no pudo siquiera visitarlo en el recinto asistencial durante la primera internación, dado que el Juzgado de Garantía le negó la solicitud por la condición infecciosa en que estaba su marido y también porque sobre ella pesaba la medida de arresto domiciliario total en su casa en la población Esperanza.

La mujer aparece formalizada por el delito de lavado de activos, en el llamado “Hecho 4” identificado por la Fiscalía. El caso dice relación con la suscripción que hizo de un contrato de arriendo de su camioneta marca Mazda, modelo New BT-50 DC, color azul, año 2021, por la suma mensual de $535.000 mensuales que debían ser pagados por la Constructora San Felipe S.A. Este pago era aprobado por su pareja e inspector fiscal G.E.L.F. con cargo al contrato “Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por precios Unitarios de caminos de la provincia de Arica, sector urbano de Arica y Valle de Azapa, Etapa II”, que debía supervisar.

Según la formalización realizada por la Fiscalía “la mencionada camioneta jamás fue utilizada para los fines establecidos en el contrato, esto es, para ser utilizado por la Empresa Constructora San Felipe, sino que continuó siendo utilizada por G.E.L.F. De esta manera bien sea en forma directa a través de depósitos en su cuenta corriente, como también a través del depósito en la cuenta corriente de su cónyuge, la imputada R.A.Z.R con la justificación del falso contrato de arriendo, con el objeto de ocultar el dinero proveniente del soborno”.

A juicio del Ministerio Público, el pago de 535 mil pesos mensuales correspondía a un soborno acordado por el inspector fiscal G.E.L.F. con su amigo e ingeniero civil de la Constructora San Felipe S.A., C.A.D.H., para que el primero agilizara la aprobación de los estados de pago a la empresa, acortando los tiempos de revisión de la documentación de respaldo de los avances presentados en las obras ejecutadas.

A través de un contrato de arriendo ideológicamente falso, la señora del inspector fiscal recibía los pagos de la supuesta prestación de servicios que nunca se ejecutaron. Luego, desde su cuenta bancaria, transfería los dineros a la cuenta de su marido, para que éste los ingresara formalmente al mercado.

En la revisión de las transacciones, se estableció que desde el año 2022 hasta marzo de 2023 el inspector fiscal recibió dineros asociados a cohechos por un total de 27 millones 510 mil pesos en depósitos en efectivo; y otros 11 millones 905 mil pesos desde la cuenta corriente de su señora; y 1 millón 71 mil pesos a través de transferencias que le hizo el ingeniero civil de la Constructora San Felipe S.A., C.A.D.H.

El exceso de dinero recibido por el funcionario de Vialidad fue representado por su ejecutivo bancario, quien le habría indicado que necesitaba documentos que justificaran los depósitos en efectivo constantes que recibía, ya que éstas operaciones resultaban anómalas respecto de su movimiento habitual de dinero correspondiente al salario de 3 millones 359 mil pesos que percibía de Vialidad.

Quienes conocen a la pareja involucrada, indican que les gustaba viajar a distintos lugares del mundo, cuyas postales eran reproducidas en sus redes sociales, las que después de las detenciones fueron cerradas.

Dentro de las incautaciones que la PDI hizo al allanar su vivienda, se encontraron prendas femeninas de marcas de lujo que habitualmente G.E.L.F. le compraba a R.A.Z.R. El recuento de la policía civil sobre esta pesquisa, arrojó el hallazgo de un conjunto de bienes de lujo de marcas reconocidas como Gucci, Louis Vuitton y otras semejantes por un valor comercial aproximado de 60 millones de pesos.

Todos libres

La Fiscalía Regional de Arica señaló que la investigación está pronta a cerrarse, dado que se han agotado las diligencias tendientes a establecer los delitos en juego. “Este caso está en su etapa final, prontamente se cerrará la investigación y se procederá a la presentación de la correspondiente acusación”.

Sobre porqué todos los imputados están libres y en su mayoría con medidas cautelares de baja intensidad, pese a que en sus inicios optó por pedir la prisión preventiva, debido a que se descubrió que uno de los imputados planeaba viajar fuera del país, el Ministerio Público atribuyó esta modificación de criterio a que “ha habido una importante colaboración dentro de la investigación las que han sido de mucha utilidad para la Fiscalía. La medida cautelar de arraigo es la que busca evitar situaciones como la descrita”.

De los 10 imputados, todos se encuentran con la prohibición de salir del país. La mayoría, además, ha sido favorecido con la disminución de las medidas cautelares que se ordenaron en su contra el 12 de agosto, luego que fuesen detenidos en diversos operativos en sus hogares y lugares de trabajo, desde donde algunos fueron sacados con esposas en sus manos.

Así, de los 5 que fueron derivados a penales en Arica y en Santiago, todos hoy cumplen arresto domiciliario en sus hogares. El inspector fiscal G.E.L.F. fue liberado el 27 de febrero pasado, luego de tener 2 cuadros de meningitis bacteriana en la cárcel de Arica. El último episodio generó la presentación de un recurso de amparo desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entidad que representó una falta de cuidado por parte de Gendarmería de Chile hacia el imputado.

Un mes antes, el 23 de enero, el Juzgado de Garantía dispuso la libertad para el ingeniero civil residente de la Constructora San Felipe S.A., V.H.S.P. y fijó arresto domiciliario total en su parcela en Puerto Varas. En tanto, el 4 de enero, fue liberada la jefa de Finanzas de la empresa, K.W.B., quien hoy cumple arresto domiciliario total en su casa en Colina.

En tanto, el 14 de diciembre del año pasado, tras expresar la Fiscalía y la Defensoría un mutuo acuerdo, el Juzgado de Garantía decretó la libertad del Gerente de Operaciones y socio fundados de la Constructora San Felipe S.A., C.E.T.M. y del ingeniero civil de la empresa, C.A.D.H., enviándolos a sus hogares en Las Condes y Arica con arresto domiciliario total.

Y para el caso de los otros 5 que quedaron libres, también las medidas cautelares han ido disminuyendo en intensidad. Por ejemplo, la señora del inspector fiscal R.A.Z.R., que inicialmente quedó bajo arresto domiciliario total, hoy sólo debe firmar cada 15 días ante una comisaría de Carabineros. En tanto, la inspectora fiscal de Vialidad, L.R.M.H. pasó de estar totalmente recluida en su hogar a cumplir arresto domiciliario nocturno en su casa en Villa de Frontera.

En cuanto a otros tres funcionarios de Vialidad, que también están imputados en esta causa por el delito de cohecho al recibir pagos directos o donaciones de la Constructora San Felipe S.A., sus medidas cautelares se mantienen. Así el ingeniero mecánico A.M.A.A. que estaba a cargo del programa de señalética vial, debe cumplir arresto domiciliario nocturno; el inspector fiscal A.D.N.C. está obligado a firmar mensualmente en una comisaría al igual que el topógrafo J.A.S.R.

5 casos investigados

La trama de corrupción que denunció la Fiscalía en agosto del año pasado, involucra 5 casos específicos, donde se repiten algunos funcionarios y ejecutivos de la Constructora San Felipe S.A.

El primero de ellos se refiere a la operación de la empresa subcontratista Delmedh SpA, que pertenece a la inspectora fiscal LRMH y su marido e ingeniero civil de la Constructora San Felipe S.A., C.A.D.H., por el cobro en febrero de 2022 de un sobreprecio de 17 millones 608 mil pesos de una obra de pavimentación del puente de la calle Guillermo Sánchez, que hizo a la Constructora FV S.A. y que nunca efectuó, sino que la tercerizó con la Constructora San Felipe S.A. por un valor menor.

El segundo caso se refiere a la suscripción entre los años 2021 y 2022, de un contrato de arrendamiento de una camioneta de propiedad de R.A.Z.R, la señora del inspector fiscal G.E.L.F. El vehículo nunca fue utilizado en las faenas, sino más bien, según la Fiscalía, este mecanismo fue utilizado para blanquear sobornos entregados por ejecutivos de la Constructora San Felipe S.A., que tenían como objetivo acelerar los estados de pago por los avances en las obras de contratos viales.

El tercero dice relación con el ofrecimiento que habría realizado el inspector fiscal G.E.LF. a su amigo e ingeniero civil de la Constructora San Felipe S.A., C.A.D.H, para que en noviembre de 2022 se adjudicara con su empresa Delmedh SpA, un contrato menor denominado “Modificación de cámaras de Inspección de Alcantarillado”, por 86 millones de pesos, dentro de las obras mayores de reposición de la Ruta A-27 de valle de Azapa que ejecutaba la Constructora FV S.A.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el inspector fiscal y el ingeniero de Delmedh SpA, se habrían concertado para contratar a un tercero, la Constructora Elgueta. Esta última empresa finalmente ejecutó la obra por sólo 35 millones 500 mil pesos, pero Delmedh SpA. cobró 86 millones 632 mil pesos con cargo al contrato de Vialidad. Para ocultar los dineros percibidos, el Ministerio Público reveló que ambos profesionales adquirían dólares en el mercado formal, con el fin de blanquear los dineros de este fraude. De hecho, en las escuchas telefónicas exhibidas como pruebas, aparecen conversaciones en este sentido.

El cuarto caso pesquisado tiene que ver con el cambio irregular de barreras de contención en el contrato “Reposición Ruta El Buitre-Las Maitas”. Esta modificación fue autorizada por el jefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, A.M.A.A en noviembre de 2022, y según la Fiscalía, el funcionario habría recibido el pago de 3 millones de pesos en una maniobra ejecutada por 4 ejecutivos de la Constructora San Felipe S.A. Para justificar la salida de este dinero, se habría utilizado nuevamente a la empresa Delmeh SpA, generando una factura por 8 millones 925 mil pesos, dentro de los cuales figuraba el monto del soborno.

Y el último hecho denunciado por la Fiscalía, se relaciona con la reparación de un techo de una vivienda particular que habitaba el topógrafo de Vialidad, J.A.S.R. en diciembre de 2022. Los trabajos fueron efectuados con recursos económicos y humanos de la Constructora San Felipe S.A. avaluados en 450 mil pesos. Esta solicitud fue gestionada por el jefe de Contratos de Vialidad, A.D.N.C. ante la empresa y a cambio, según el Ministerio Público, la firma habría logrado que no se fiscalizaran debidamente algunas obras y un estado de pago.

Por otro lado, el 8 de septiembre del año pasado el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de todos los imputados y también en contra de la Constructora San Felipe S.A. por los delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno y lavado de activos. Em la acción judicial, el organismo anunció la futura interposición de una demanda civil, requiriendo para ello una serie de diligencias respecto de propiedades de la empresa, integración de sociedades por parte de los imputados, inscripción de vehículos de los querellados y un levantamiento patrimonial de todos los involucrados.

Constructora insolvente

Pese a tener 40 años en el mercado y ser una de las empresas que se ganó millonarios contratos de obras en el Ministerio de Obras Públicas, la situación financiera de la Constructora San Felipe S.A. empeoró ostensiblemente desde la pandemia, al punto que hoy registra una severa insolvencia.

Una vez formalizada la investigación por fraude al Fisco, sobornos, cohecho y lavado de activos en Arica, el 29 de septiembre del año pasado, la empresa declaró su insolvencia. Para evitar la quiebra, ante el 20° Juzgado Civil de Santiago presentó un procedimiento concursal para su reorganización, en el marco de la Ley N°20.720 que fija la reorganización y liquidación de empresas y personas.

En el documento indica que debido a que no han podido retomar la actividad productiva que tenían antes de la pandemia, “se tomó la difícil decisión de solicitar la Reorganización Judicial de la Empresa, teniendo la convicción que es la mejor medida para cumplir con nuestros trabajadores, acreedores, mandantes, instituciones previsionales y Tesorería y permitir la continuidad de Constructora San Felipe, seguros de su viabilidad, atendida su historia y las proyecciones a futuro, lo cual le permitirá cumplir con sus obligaciones”.

El 30 de octubre el tribunal designó como veedor del proceso concursal al abogado, Nicolás Mena Letelier, quien desde esa fecha ha debido tramitar distintas solicitudes de pagos de créditos pendientes con proveedores impagos que mantenía la constructora y se está a la espera del plan de la empresa para lograr nuevamente su liquidez.

Durante el año 2023, registró varias denuncias en distintas ciudades del país por sueldos impagos de sus trabajadores e incumplimiento con diversos proveedores o subcontratistas.