Ministro Cordero y el debate político del aborto: “Esto es un asunto de salud pública”

El Presidente Gabriel Boric al entregar su tercera Cuenta Pública causó gran revuelo con su intención de someter a discusión parlamentaria el aborto legal a fines de año. Para algunos analistas, este tema fue dirigido a reafirmar a su base política de apoyo, a ese 30 % más progresista, y fundamentalmente femenina. Otros, en cambio, sostienen que al anunciar la presentación del proyecto a fin de año, la discusión va a tender a presionar a la derecha, que será tironeada por los grupos ultraconservadores, dejando un espacio para sacar partido electoralmente del debate.

Desde la oposición han destacado ciertos aspectos del discurso como los de seguridad y el tema penitenciario, pero el anuncio del aborto legal alteró los ánimos. ¿Cuál es su balance?

-Siempre he sido partidario de debates sinceros y transparentes. Durante la administración de la Presidenta Bachelet ya tuvimos un debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Algunos de esos debates llegaron al Tribunal Constitucional. Es un asunto donde las convicciones religiosas, en particular, creo que forman parte del fuero personal, pero en esto hay un tema de autonomía de la mujer.

En segundo lugar, es un asunto de salud pública que quedó muy en evidencia en la discusión previa y el Presidente lo plantea justo en un contexto donde también tiene que ver con la continuidad vinculada a la muerte digna. Son debates que una sociedad democrática tiene que tener transparentemente con independencia de las convicciones personales que nosotros tengamos, porque en esto hay una cuestión de política pública y de autonomía personal, que yo creo que es una perspectiva que nosotros no deberíamos perder de vista.

El Presidente terminó refiriéndose a tres cuestiones que son básicas, creo yo, y creo que son justicia, igualdad y libertad. Y libertad en esto es autonomía personal, tanto para quien está en una situación compleja de la vida, donde toma una decisión en condiciones irreversibles de una enfermedad como muerte digna, como aquella que tiene que ver con autonomía. Y autonomía reproductiva, una mujer bajo determinado tipo de condiciones, que forma parte del debate legal, por cierto, en los sistemas democráticos.

¿Cómo usted vislumbra esa disputa? ¿Cuál será la estrategia para mantener el debate dentro de la esfera de las políticas públicas?

-Yo creo que la evidencia sirve mucho para esto. O sea, usted me comprenderá que lo que no puede ser es esto: que en un debate sobre autonomía de la mujer, el protagonismo sea sin la opinión de las mujeres, en el fondo, ¿no? En segundo lugar, tiene que ver con que en una situación tan compleja como esa, esto no es, y la evidencia lo muestra, la mujer que enfrenta situaciones de ese estilo, situaciones de esas características, no lo hace bajo condiciones de pura liberalidad.

Entonces, hay una dimensión de la sociedad de permitir que una decisión difícil sea tomada con autonomía, pero también con protección. La prohibición y la penalización es lo que hace marginar ese tipo de aspectos. A mí me parece que es una manera razonable, no solo respetar la autonomía, sino que también una forma de abordar el compromiso de la sociedad en su conjunto frente a ese tipo de situaciones.

¿Qué hito se marca con este anuncio del respaldo de las acciones legales que tomó Sudáfrica contra el Estado de Israel?

-Si usted mira esa parte de la intervención del Presidente, está en el sexto eje, que es el tema de Derechos Humanos, y previamente hace una introducción sobre la vocación que tiene el país históricamente en materia de Derechos Humanos, que la tuvo históricamente hasta la dictadura y que lo ha restablecido con el retorno a la democracia y que tiene que ver con su vocación universalista, uno de los países que también participó Chile en el proceso de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Chile ha tenido un protagonismo, lo ha tenido con un retorno a la democracia y esa vocación de universalidad tiene que ser coherente. Entonces, con aquellos crímenes que se pueden estar cometiendo, y así como dijo el Presidente, Chile ha repudiado lo que sucede en Nicaragua, en Venezuela, también lo hace en otras partes del mundo, como puede ser lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania. Eso, así como condena ese tipo de acciones, también condenó, y el Estado de Chile ha condenado los atentados de Hamas, y cuando uno hace una supresión hipotética sobre quiénes son los autores de crímenes que violan la conciencia humana, violan la dignidad humana, y por eso el Presidente decide avanzar un paso más en lo que ya había sido un protagonismo.

Uno también tiene que dimensionar los dichos del Presidente en un contexto de lo que ha estado sucediendo en el último tiempo, particularmente lo que ha estado sucediendo en Rafha y los efectos que ha tenido sobre víctimas, niños, niñas, mujeres, que nada tienen que ver con el conflicto principal que dio origen a esta crisis en el fondo. Y me parece que es coherente con la política histórica que el país ha tenido en materia de Derechos Humanos.

Sobre el anuncio de la expropiación de lo que era Colonia Dignidad, ¿cuál es el principal objetivo que se plantea y cuáles son los objetivos materiales?

-Colonia Dignidad es un enclave instalado en la década de los 60, donde se cometieron tres grandes situaciones de violaciones a los Derechos Humanos. Uno, la de los colonos que vivieron aislados y bajo condiciones de semi-esclavitud. Dos, los delitos sexuales que se cometieron en su interior, particularmente por su líder Paul Schaeffer y todo el consentimiento que hubo en su interior para que ello ocurriera. Y en tercer lugar, cómo eso fue utilizado como un lugar para la desaparición forzada de personas y un lugar de tortura durante la dictadura.

El año 2016, Steinmeier, presidente de Alemania, pidió perdón en su condición de ministro por los crímenes ocurridos en Colonia Dignidad. A partir del 2017, el Estado de Chile con el Estado alemán hicieron una lista de trabajo donde, de hecho, se han identificado determinados sectores de la colonia como un monumento nacional, por lo que representa para la historia de los derechos humanos, pero además, hoy día sigue siendo un sitio de pericia, por ejemplo, en el Plan Nacional de Búsqueda.

Entonces, la expropiación de aquellos aspectos que eran declarados, que están vinculados al monumento, tiene que ver con esta dimensión de memoria y de no olvidar que durante largos años ese fue un lugar de violación sistemática de los Derechos Humanos, que un sector que incluso pudo haber respaldado ese enclave y que los hechos en el tiempo demostraron, incluso para aquellas personas que lo habían apoyado, la brutalidad de los crímenes que ocurrieron en ese lugar.

Y en un contexto donde pareciera que violaciones a los Derechos Humanos ocurren, a vista y paciencia de todo el mundo, creo que la vocación universalista del país en materia de derechos humanos es un reconocimiento. La declaratoria de expropiación de determinadas secciones de Colonia Dignidad por lo que representan para la memoria en el país en materia de derechos humanos.

Este trabajo, como usted bien me dijo, se hizo en alianza o en coordinación con el Estado alemán. ¿Existen otros trabajos con otros Estados, por ejemplo con el de Suecia, respecto a las adopciones irregulares?

-Nosotros estamos trabajando en la Comisión Interministerial, el Presidente también se refirió al tema de adopciones irregulares. En el caso del Estado sueco, no solo es el único, Bélgica, Francia, Países Bajos, han estado desarrollando investigaciones por adopciones irregulares.

En el caso de Suecia es donde hay un núcleo muy significativo y es una de las inquietudes que hay en el caso de Suecia. Hay una investigación abierta en la Comisión que prorrogó su plazo de entrega de informe en la visita que realiza el Presidente de Alemania y Suecia. Probablemente también va a ser útil para ver los avances de la Comisión que ha estado funcionando en Suecia.

En la Cuenta Pública de su ministerio, usted hizo la advertencia respecto al populismo penal. ¿Cómo esta advertencia dialoga con una política que busca aumentar cárceles?

-Por un tema de infraestructura para mantener condiciones de dignidad. Lo que yo he insistido es que la cárcel es una herramienta, pero no puede transformarse en un fin en sí mismo. Que si uno quiere ocupar una cárcel también tiene que preocuparse de la organización.

El Presidente fue muy enfático sobre los temas de la política de recesión en su Cuenta Pública, y que si uno quiere ocupar la cárcel también para combatir el crimen, uno tiene que tener cárceles con segregación adecuada, son cárceles no sobrepobladas, en el fondo.

Entonces, no es simplemente construir cárceles por construir cárceles, es para hacer que la cárcel sea utilizada como un medio eficaz para la reinversión y la segregación adecuada, sobre todo en el caso de delitos más graves.

¿Cree que puede ser un legado del Presidente esta política, la política carcelaria?

-A nosotros lo que nos parece es que la política del plan maestro de infraestructura tenía que hacer una política permanente y no depender simplemente de proyecciones de una década.

-Hubo cifras en la Cuenta Pública 5.000 plazas nuevas en cárceles y 12.000 nuevas plazas en 2030. ¿Qué tan significativo es para el déficit que tenemos hoy día?

-Es relevante, sobre todo desde el punto de vista de la gestión, pero todas esas plazas son las plazas financiadas, son las que ya están en operación, son las que ya tienen procesos en desarrollo o porque ya se están licitando o porque están en la etapa de ingeniería. El Presidente ha sido muy responsable, esas son las plazas ya financiadas.

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