
Caso Fundaciones: Fiscalía de Atacama formalizará a funcionario del Gore en Arica
Aunque el caso generó alto impacto político y mediático, la Fiscalía solo formalizará a un funcionario del Gore de Arica por fraude al Fisco en el polémico convenio con la Fundación “Comprometidos”, mientras en la arista de Copiapó ya hay dos imputados en prisión preventiva por delitos de corrupción
Pese a los mediáticos operativos que incluyeron interrogatorios al propio exgobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz Ibarra (DC) en el periodo 2023-2024, la Fiscalía Regional de Atacama confirmó a El Mostrador que formalizará por el delito de fraude al Fisco a sólo uno de los blancos investigados por la firma del convenio entre el Gobierno Regional (Gore) de Arica y Parinacota y la Fundación “Comprometidos”, que significó el traspaso de 246 millones 600 mil pesos para un programa de atenciones veterinarias en Arica.
El organismo concretara esta diligencia el 28 de mayo en el Juzgado de Garantía de Arica. Si bien no quiso precisar la identidad del próximo imputado, trascendió que se trataría del funcionario del Gore e ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas, Ramiro Moreno Valenzuela, quien ingresó el 2012 al Gore y hoy se desempeña en la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader).
El fiscal de la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama, Luis Miranda Flores señaló a este medio que junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Copiapó, “han desarrollado diversas diligencias investigativas en las regiones de Atacama, Antofagasta y Arica y Parinacota. En esta última, los antecedentes reunidos llevaron a la Unidad de Causas Complejas de la Fiscalía de Atacama a solicitar audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de esta ciudad respecto de un investigado, la cual fue fijada para el próximo 28 mayo. En dicha ocasión se presentarán los antecedentes referidos, por ahora, al delito de fraude al fisco”.
Tras diversos interrogatorios y la incautación de documentos y aparatos electrónicos, la Fiscalía habría detectado anomalías en acciones desplegadas por Moreno, las cuales estarían relacionadas con la tramitación del proyecto de la Fundación “Comprometidos”, específicamente en su fase inicial de admisibilidad, es decir, en la revisión de que los antecedentes presentados por el organismo, cumplieran con los requisitos formales para adjudicarse directamente fondos regionales.
Asimismo, el Ministerio Público buscaría determinar si los gastos reportados por “Comprometidos” en la rendición del proyecto, corresponderían a partidas y servicios efectivamente ejecutados.
Formalizaciones en Copiapó
Por la arista principal del caso relacionada con la compra de agua para campamentos de Copiapó, el 10 y 11 de abril la Fiscalía de Copiapó concretó la formalización del presidente de la Fundación “Comprometidos”, S.D.V., por los delitos de soborno, administración desleal, fraude al Fisco y lavado de activos; y del exfuncionario del Gobierno Regional de Atacama, J.C.T., por cohecho agravado, fraude al Fisco y lavado de activos. Ambos quedaron en prisión preventiva.
En tanto, para la exseremi del Trabajo y Previsión Social y militante radical, G.C.V., se decretó el arresto domiciliario nocturno, mientras que para la veterinaria de la fundación, M.O.H., se dispuso arresto domiciliario total. Las dos mujeres fueron imputadas por lavado de activos y el tribunal les prohibió salir del país y tomar contacto con el resto de los imputados.
Respuesta del gobierno regional
Ante las consultas de El Mostrador, el Gobierno Regional mediante un comunicado escrito señaló que no se pronuncia sobre “hechos hipotéticos”. Agregó: “Lo que sí podemos afirmar con total claridad es que esta administración respeta irrestrictamente la labor de la justicia. Si hay responsabilidades, que se asuman”.
Respecto del señor Ramiro Moreno, señalaron que “efectivamente existen sumarios en curso relacionados con el tema señalado, los cuales se encuentran en trámite y, conforme a la normativa vigente, tienen carácter reservado”.
Finalmente agregaron que “se solicitó la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicie las acciones judiciales correspondientes, con el objetivo de recuperar los fondos observados y/o no rendidos”.